El gobierno de Urkullu hizo público en Diciembre su proyecto de presupuestos, y actualmente los está negociando con los partidos de la oposición desde el 11 de enero, para cerrarlos y aprobarlos el 11 de febrero. Los grupos de la oposición señalan que el gobierno no tiene ninguna voluntad seria de negociarlos, contando con que tiene la mayoría absoluta pasa sacarlos adelante.
El proyecto de presupuestos para el 2021 dispondrá de 12.442 millones de euros, pero para llegar a esa cantidad deberá endeudarse en 2.552 millones de euros. Frente los 11.774 millones de presupuesto del año 2020 con una deuda de 1.830 lo que supone un aumento de 660 millones (el 5,67%)
Ante este nuevo incremento de la deuda es necesario una reforma fiscal que acerque la presión fiscal de Hego Euskal Herria a la media europea, que es un 6,5 del Producto Interior Bruto (PIB) superior al nuestro, de tal modo que se puedan cubrir buena parte de las necesidades básicas de nuestra sociedad. Aplicar esa media supondría un ingreso de 4.800 millones de euros más en las haciendas de la CAV.
En los últimos diez años, según datos del Eustat, en la CAV, la recaudación por IRPF –que constituye un componente fundamental de los ingresos fiscales– procedente de las rentas del trabajo se ha incrementado un 18% mientras que la contribución de las rentas empresariales, profesionales y de capital se ha reducido en un 38,3%.
Según estudios del propio Gobierno Vasco en estos años de crisis, unida a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19, han aumentado los índices de pobreza, exclusión o dificultades para llegar a fin de mes; tanto entre quienes tienen un empleo como entre aquellas familias que se encuentran desempleadas. Ello se debe, entre otras razones, a esta política de recortes en las prestaciones sociales. Esta es la dramática consecuencia de una decisión política que apuesta por no garantizar a las personas unos ingresos mínimos que puedan facilitar una vida un poco más digna.
El Gobierno Vasco en su proyecto de presupuestos para 2021, plantea que la RGI aumente un 1,8% de lo que se aplicó en el 2020. De nuevo el Gobierno Vasco incumple la ley aprobada en el 2008, donde la RGI debería ser el 86 % de SMI, salvo a las personas pensionistas, en cuyo caso se fija en el 100% del SMI.
De esta forma la cuantía general de la RGI sería de 706,11 euros en lugar de los 953,17 euros que correspondería aplicarse según la ley de 2008, que no ha sido modificada, por lo que cada año se utiliza los presupuestos del G.V. para seguir aplicando un importante recorte en la RGI.
Sin conocer a fecha de hoy el incremento del SMI, para 2021, se estaría recortando 247 euros semanales en la RGI general. En el caso de las personas pensionistas que acceden a la RGI sería de 810,28 euros, lo que supone 300 euros menos de lo que correspondería con la ley en vigor que sería de 1.108,33 euros.
Todo lo anterior está pendiente de su aprobación en el Parlamento Vaco donde el Gobierno tiene mayoría absoluta con los apoyos del PNV y PSE, que de nuevo se mantienen los recortes y no se aplicar la subida del Salario Mínimo a las prestaciones sociales. En lugar de ello plantea que el incremento de la RGI se limite al 1,8%.
Por todo lo anterior, CGT-LKN de Euskal Herria, exige el fortalecimiento de la protección social en Euskadi, y en consecuencia, la subida de la RGI de acuerdo con la Ley de 2008 y se vincule al Salario Mínimo Interprofesional de 2021. Además, de dar marcha atrás a los recortes -aplicado en los últimos años- en las cuantías de las prestaciones gestionadas por Lanbide: Incentivos al Empleo, Renta de Garantía de Ingresos, Complemento de Pensiones y Prestación Complementaria de Vivienda.
