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Fracaso morrocotudo del Ingreso mínimo vital y las Rentas de Inserción (Por Juanjo Basterra)

Más de tres meses después de aprobarse el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 solo 90.800 solicitudes cuentan con luz verde de la Seguridad Social de las casi 1 millón planteadas, según ha confirmado el ministro español José Luis Escrivá. Ni con robots ni con el escaso personal propio de la Seguridad Social se termina con la revisión de las solicitudes, lo que impide a las personas tener acceso a una renta de 462 euros de forma individual; una cantidad lejos de los 739 euros que marcan el umbral de la pobreza en el conjunto del Estado español, por debajo de los 980 euros en la CAV o de los 963 euros en Nafarroa.

Está claro una persona que va a comprar alimentos para subsistir él y su familia ¿podría decirle al dueño de la tienda, comercio o supermercado que le pagará en cinco, seis o siete meses cuando Escrivá tenga hechos los deberes? Parece que no lo admitirían. Tampoco con otros artículos necesarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen, además de propaganda?

Es un fracaso morrocotudo y que deja a muchas personas sin recursos en la terrible pobreza. La realidad es que desde hace 30 años que existen actuaciones para poner fin a la pobreza en Hego Euskal Herria, a través de rentas de inserción y ahora la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), pero no ha logrado ese propósito ni cuando la economía ha ido a todo gas ni cuando se ha caído en crisis económicas. Falta de voluntad política para resolver este grave problema.

El ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Emigración admite que la plantilla de la Seguridad Social “está desbordada”, pero eso era de esperar ante la crisis económica en que hemos vuelto a entrar, aunque muchas personas todavía no habían salido de la anterior. Sin embargo, el Gobierno español se lanzó con sus eslóganes de “a nadie se les va a dejar atrás” sin poner los medios adecuados. La realidad es que todos los gobiernos no quieren terminar con la pobreza, porque la mayoría de quienes se encuentran en esa situación de futuro incierto se muestran sumisos y dóciles, cuando la realidad indica que debieran de rebelarse frente a esta injusticia social. Porque, a pesar de lo que nos digan, hay suficiente riqueza, lo que ocurre es que está mal repartida.

Así las cosas, del millón de peticiones que han llegado entre junio y septiembre, se han procesado hasta septiembre 320.000 solicitudes y, de ellas, se han aprobado 90.800 (un 28% del total de las revisadas). Se han denegado 86.152 (un 27%) y siguen pendiente de subsanación 141.995 (el 45%).

El Gobierno español en un intento a la desesperada busca agilizar la tramitación de solicitudes con una modificación legislativa del proceso, que da más plazo a la Seguridad Social para resolver, y ha incorporado el uso de robots para gestionar los expedientes. Pero, según Escrivá, a finales de noviembre se espera haber tramitado 500.000 solicitudes, por lo que quedarían casi la mitad por obtener la revisión, que no concluirá antes de finalizar 2020.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) tiene una aportación de 462 euros mensuales para una persona, que irá creciendo, según aumenta la unidad de convivencia, hasta un máximo de 1.015 euros (2 adultos y dos niños). En la CAV, la Renta de Garantía de Ingresos se sitúa en 693,73 euros para una persona y alcanza los 1.035,85 euros en unidades de un adulto y dos o tres niños.

El 29 de mayo se publicó el Real Decreto-ley 20/2020 por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Viene a reconocer un nuevo derecho subjetivo para las personas que cumplan unos requisitos determinados. El IMV se ha modificado por dos nuevos reales decreto el 22 y el 28 de septiembre. “El IMV se reconoce, en teoría, para prevenir el riesgo de pobreza, pero sólo lo podrán cobrar personas que estén en situación de lo que se conoce como ‘pobreza severa’. Así que no previene nada, sólo va dirigida a contener la forma más grave de la pobreza. Se estima de hecho, que no llegará casi ni al 16% de las personas que están actualmente en el Estado español en situación de pobreza severa (es decir, de quienes cobren menos de 492.66€/mes)”, según explica Argilan-ESK.

En Hego Euskal Herria convivirá con la Renta Garantizada de Nafarroa, que asciende actualmente a 624 euros y la RGI de la CAV que supone 694 euros al mes. Son cantidades que le destacan en el ranking por comunidades, pero quedan bastante alejadas del salario mínimo interprofesional (SMI) y del umbral de la pobreza de Hego Euskal Herria. No obstante, en la CAV podrán optar al IMV las 60.000 personas que estando en la pobreza y la exclusión no perciben la RGI o quienes solo lleven empadronados un año.

En realidad, la cantidad de la RGI en la CAV debiera de ser mayor simplemente si se cumpliera la ley de 2008. Desde la etapa de lehendakari Patxi López (PSOE) ha sufrido potentes recortes, ya que se redujo un 7% anual con el argumento de los ajustes impuestos a nivel general, con lo que la pérdida acumulada se encuentra a estas alturas en torno al 26%, que tampoco ha corregido el lehendakari Iñigo Urkullu (PNV).

Además, según esa ley, la RGI se tendría que corresponder con el 85% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero continúa quedando lejos de ese baremo.

“Derecho vacío”

Además Argilan-ESK denuncia que el mecanismo aprobado en Madrid, el Ingreso Mínimo Vital, “consolida y da soporte legal a algunas de las cuestiones a las que nos oponíamos firmemente en la frustrada reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de la anterior legislatura vasca” y añade que “en su implantación ya estamos viendo como el fracaso que creíamos que sería, lo está siendo. Han tenido que modificar plazos y criterios porque casi 4 meses después de aprobarla, solamente se han concedido 90.000 solicitudes de más de 300.000 presentadas”.

Por lo que concluye Argilan-ESK que es “un derecho en gran medida vacío, de manos de una administración colapsada, que desoye, además, las reivindicaciones que los colectivos sociales llevamos haciendo años. El Ingreso Mínimo Vital supone, sin duda, la legitimación de muchas de las ‘malas prácticas’ de Lanbide en Euskadi”.

En ese sentido, Iñaki Uribarri, de Argilan-ESK, apunta a que en la CAV “no ha fallado la gestión de un modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, ha fallado el modelo en sí porque: se ha mostrado incapaz de acabar con la pobreza (más del 30% de las personas pobres existentes en la CAV no acceden a la RGI, y más de la mitad de quienes sí acceden dicen que siguen siendo pobres), así como de mejorar la empleabilidad de quienes sí acceden al mismo”.

Julen Bollain, economista e investigador en Renta Básica y miembro de la Red Renta Básica, resalta en este caso que, en definitiva, “el IMV está fracasando estrepitosamente y las consecuencias de su mal funcionamiento están condenando a muchas familias a la más absoluta vulnerabilidad”.

A su juicio, “no nos engañemos el IMV y su presupuesto de 3.000 millones se queda muy corto en comparación tanto con lo que el PSOE proponía en su último programa electoral (6.000 millones de euros) como con la propuesta de la AiREF en 2019 (5.500 millones de euros). Ni qué decir en comparación a lo que Podemos propuso en aquellas elecciones europeas de 2014, que no era una renta mínima sino una renta básica incondicional con la que se garantizaría el ‘derecho a una renta para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno”.

Trabajadores pobres

En el fondo el problema reside en si se quiere o no terminar con la pobreza. Los modelos actuales en el Estado español no lo consiguen y hacen de las personas dependientes de las ayudas oficiales, es decir en manos de los gobernantes. Una mala conclusión, que llega de la existencia propia de la pobreza y la inclusión y del propio mercado laboral precarizado y con bajos salarios. Un informe reciente de Cáritas, Focus. Trabajo decente: vulneración de derechos” indica que “la realidad de ser trabajadores y ser pobres, a pesar de madrugar a diario y dedicar gran parte de su tiempo y energías a cumplir en su empleo, afecta a casi 2,5 millones de trabajadores pobres (13% de los trabajadores), quienes, a pesar de estar empleados, no logran abandonar situaciones de pobreza relativa” en el Estado español. En la CAV los trabajadores pobres suponen el 15,8% y en Nafarroa, el 14,1%.

Más pobreza y desigualdad, más desahucios

Unido a todo esto nos encontramos con los desahucios. La crisis que se prolonga desde 2008 ha motivado a una pérdida de viviendas y alquileres muy elevadas. En Hego Euskal Herria desde 2007, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, se han desahuciado 20.544 viviendas, que han beneficiado a banca y cajas de ahorro, y otros 7.411 desahucios han sido de personas que estaban de alquiler. Por cierto algunos de éstos se han producido en el segundo trimestre de 2020, cuando estaban prohibidos por orden del Gobierno español.

Según la PAH, entre 2007 a 2020, segundo trimestre, en el Estado español se han producido más de 1 millón de desahucios (1.026.149).

El economista Julen Bollain añade que en la CAV “una renta mínima que, tras 30 años de trayectoria y según los últimos datos disponibles, no consigue evitar que en Euskadi en la última década hayan aumentado un 64,9% los casos de personas en situación de pobreza grave (un incremento del 20,2% de las personas en situación de pobreza relativa), un 16% el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, y que tiene como resultado que una de cada tres personas que está en riesgo de pobreza y exclusión social no acceda al sistema de renta de garantía de ingresos”.

Otro elemento clave es que ha habido quienes han intentado confundir el Ingreso Mínimo Vital con una Renta Básica Universal, pero Daniel Raventós, presidente de la Red Renta Básica, desmonta esa argumentación de manera clara. “Es bueno saber con precisión de qué estamos tratando aunque solamente sea para entendernos mejor. Y con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la renta básica (RB), una asignación monetaria pública incondicional y universal, ha habido tanta confusión que algunos medios han llegado a decir que son iguales. Ni mucho menos. El IMV es un subsidio muy focalizado dirigido a los muy pobres, a una fracción en realidad de los muy pobres; la Renta Básica se dirige a toda la ciudadanía. El IMV es un subsidio con muchas condiciones, la Renta Básica es incondicional y la recibe todas la población, pero no todos ganan. Con una financiación mediante reforma fiscal, el 20% más rico de la población la recibe, pero pierde. El otro 80% gana”.

Juanjo Basterra, kazetaria eta militante soziala * E.H 

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