Inicio Economía Los presupuestos del G.V. (2021) mantienen los recortes en derechos y prestaciones, consolidando una sociedad precaria

Los presupuestos del G.V. (2021) mantienen los recortes en derechos y prestaciones, consolidando una sociedad precaria

por CGT-LKN EuskaL Herria

El proyecto de presupuesto elaborado por el Gobierno Vasco prevé un gasto de 12.442 millones de euros, que supone un incremento de de 500 millones (+4,2%) respecto al año 2020, pero la capacidad económica real del Gobierno Vasco descontando del mismo dos partidas: las destinadas al pago de la deuda (983,2 millones) y las que corresponden al adelanto de obras, cuyo gasto debe revertir posteriormente el Gobierno español (63,2 millones para TAV y Variante Sur Ferroviaria) el Gobierno Vasco contará en 2021 con 11.396 millones de euros para sus departamentos, es decir, solo 338 millones más que el presupuesto consolidado de 2020, apenas un 3% más.

Ante este nuevo incremento de la deuda es necesario una reforma fiscal que acerque la presión a la media europea, que es un 6,5 del Producto Interior Bruto (PIB) superior al nuestro, de tal modo que se puedan cubrir buena parte de las necesidades básicas de nuestra sociedad. Aplicar esa media supondría un ingreso de 4.800 millones de euros más en las haciendas de la CAV.

En los últimos diez años, según datos del  Eustat, en la CAV, la recaudación por IRPF –que constituye un componente fundamental de los ingresos fiscales– procedente de las rentas del trabajo se ha incrementado un 18% mientras que la contribución de las rentas empresariales, profesionales y de capital se ha reducido en un 38,3%.

Los Presupuestos deberían de servir como elemento clave para redistribuir renta social paliando los negativos efectos del “capitalismo depredador”. Las clases dominantes han consolidado la precariedad como un nuevo modo de opresión, mediante:

 1.- El endurecimiento de las condiciones para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos.  La RGI se subirá solamente el 1,8% en el 2021 y se mantendrá el recorte del 7% aplicado en el 2011, al que hay que sumar un 8% más, al desvincular la RGI del SMI para las prestaciones gestionadas por Lanbide según la Ley de 2008.

2.-La cuantía de la Prestación Económica de Vivienda (PCV) se vuelve a congelar en los 250 euros mensuales como máximo. Asimismo, las Ayudas de Emergencia Social (AES) siguen sin constituir un derecho garantizado, de tal forma que cuando se acaba la dotación presupuestaria, los perceptores se quedan sin percibirlas, a no ser que se amplíe la dotación presupuestaria para esta materia, que para el año 2021 es de 42,5 millones de euros.

3.-El Departamento de Salud contará con un presupuesto de 4.183,9 millones de euros, alrededor de 48 millones superior a la previsión de cierre del año 2020, lo que supone un incremento de esta partida de un 1,16%.  La diferencia principal de cara al año 2021 viene de la partida contra la crisis provocada por el COVID-19, con un montante de 185 millones de euros, destinados principalmente a reforzar la atención primaria de los centros de salud, pero en la que no está previsto realizar ningún gasto en refuerzo de personal.

En una coyuntura como la actual, en la que existe aún una gran incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia y en el que los planes de vacunación no están aún definidos, se presupone que el gasto en salud durante el año 2021, así como la necesidad de recursos humanos, seguirán siendo muy elevados por lo que el gasto público en sanidad es claramente insuficiente y no permite cubrir las crecientes necesidades en salud debido a la pandemia, y está notablemente por debajo del gasto existente en la OCDE, a pesar de tener una población más envejecida que la media de dichos países.

Además, más un 10% del total del gasto de la sanidad pública se va a destinar a contratar servicios sanitarios privados. La disminución del número de camas por los efectos de la pandemia y el aumento de las listas de espera, está haciendo que se estén disparando la contratación de los seguros privados.

4.- El Departamento de Educación, el Gobierno Vasco ha presentado un presupuesto de 3.108 millones de euros, 77 millones más que la previsión de cierre del año 2020 (una subida del 2,5%). También en este departamento hay una partida específica de Medidas COVID-19, de 95 millones de euros, que explica esa pequeña subida en la dotación en educación. Y dentro de esta partida, únicamente se incluye una dotación para el refuerzo de personal de 50 millones de euros. Al igual que ocurre en materia de Sanidad, el esfuerzo del ejecutivo en Educación es altamente insuficiente en una coyuntura como la actual.

Además hay que tener en cuenta el desvío de fondos de la Enseñanza pública hacia la concertada y las exenciones fiscales, donde en el año 2017 se destinaron más de 80.000 euros por aula, 557 millones, la más generosa con creces del todo el Estado a cerca de 300 centros privados concertados, casi la mitad de la red de enseñanza. Además en el año 2020 recibieron 36,6 millones de euros para la financiación de gastos adicionales anti-covid, lo que está configurando un modelo de enseñanza clasista y elitista.

Los presupuestos  demuestran que no sirvan para mejorar los niveles de vida. El gobierno Vasco (PNV-PSOE) es un gobierno de sumisión al empresariado vasco que ponen cada vez más recursos en sus manos ( Exenciones fiscales, subvenciones, subsidios, Inversiones como el TAV, planes para impulsar y salvar el empleo, …), estos recursos además de reducirlos, se deberían controlar exigiendo: empleo digno y estable, salarios decentes y mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo. 

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