Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
REAFIRMAMOS, nuestra solidaridad inequívoca con la lucha del pueblo saharaui y el Frente Polisario, su representante legítimo. RESPONSABILIZAMOS, al Reino Marroquí de la violación del Alto al Fuego. SEÑALAMOS, a la MINURSO y las Naciones Unidas por su incapacidad de mantener la seguridad en la zona. EXIGIMOS, al Gobierno español que asuma su responsabilidad y lidere, junto a la MINURSO, la celebración inmediata de un referéndum que reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
En este país, y entiendo que en el resto del mundo, cuanto más se simplifica la política, mejor para quien maneja el poder. Las cantinelas, las consignas, los slogans, acaban sepultando el análisis de lo real, para instalar en las mentes de los votantes la imagen distorsionada que el poder precisa, para reproducirse “democráticamente”.
En este trajín de simplificaciones la mayor de todas, hasta el momento, es el uso constante de las referencias a “derechas” o “izquierdas”, consagrada desde que se inició la historia parlamentaria en las democracias burguesas.
Cientos de personas convocadas por el movimiento solidario de apoyo al Pueblo Saharaui se han manifestado este mediodía desde la plaza del Arriaga de Bilbao hasta la subdelegación del Gobierno de España de la plaza Moyua, para denunciar los acuerdos por los que España vendió en Sáhara Occidental, que 45 años después sigue ocupado por Marruecos y la situación que se vive en la zona ocupada. Los manifestantes insisten en que llevan “45 años vulnerando los derechos humanos” y exigen una solución inmediata.
Durante la mañana del viernes 13 de noviembre las fuerzas armadas marroquíes penetraron en la brecha del Guerguerat, territorio liberado por el Frente Polisario del Sáhara Occidental para expulsar a civiles saharauis que protestaban pacíficamente. El ejército saharaui ya había emitido numerosos comunicados advirtiendo que la entrada marroquí en el territorio “sería respondida contundentemente”.
Dejar en manos del gobierno el papel de gendarme de la probidad informativa es una aberración democrática capaz de crear más problemas que los beneficios que en teoría se pretenden. Quizás por eso, Sanidad se resiste a crear una auditoría independiente sobre la gestión de la pandemia como han reclamado reiteradamente expertos y colectivos sanitarios nacionales y extranjeros.
A tres días de las elecciones en Estados Unidos, Chomsky brindó una extensa entrevista a la revista The New Yorker, en la que mostró preocupación sobre la actitud que pueda tomar Trump si los resultados resultan adversos para el actual mandatario. También habló de la crisis climática y la cultura de la cancelación. Definió nuevamente al republicano como «el peor criminal en la historia de la humanidad».
NUESTRAS VIDAS IMPORTAN MAS QUE SUS BENEFICIOS
NO PAGAMOS ESTA CRISIS, UNA SALIDA CON JUSTICIA SOCIAL, ECOLÓGICA Y LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS
Hace meses que, cientos de Organizaciones, Colectivos y Plataformas, venimos trabajando en la construcción de una respuesta de la Clase Trabajadora y de la mayoría social, ante el rumbo que están tomando los acontecimientos con motivo de la pandemia por el coronavirus y de la crisis económica y social consecuente.
Para mi generación, la que dilapidó los mejores años de sus vidas tratando de burlar la bostezante mediocridad del franquismo, la llegada de Salvador Allende al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, el 3 de noviembre de 1970, supuso una válvula de escape hacia la perspectiva de un futuro
«Es triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación» No nos preguntaremos qué hacia el presidente del Gobierno hace unos días con el Papa Francisco, por más que Pedro Sánchez represente a un Estado no confesional, como recoge el artículo 16, punto 3, de la vigente
Ningún partido ni ninguna figura política ha conseguido encabezar el proceso, ni capitalizar el descontento que reina entre la población. Hasta el momento, los partidos han ido a rebufo de lo que ocurría en las calles, y aunque fueron ellos quienes aprobaron en el Congreso el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, documento que establece los plazos y el cómo se va a desarrollar el proceso constituyente, esto jamás habría ocurrido sin el empuje de los manifestantes.
Cuando los beneficios empresariales son la brújula que guía las decisiones políticas, la vida de la clase trabajadora queda siempre en segundo plano. Y por eso se adoptan medidas absurdas como el toque de queda para hacer creer que se hace algo. Medidas autoritarias completamente inefectivas a la hora de parar los rebrotes, pero que servirán para empezar a controlarnos. Que no nos engañen, estas medidas no están destinadas a combatir el virus, sino a combatir las protestas y luchas que a buen seguro vendrán.
El hecho de politizar alguna actividad se suele entender habitualmente como algo negativo. Es lógico, si ese término se utiliza en el sentido estricto que le proporciona la Real Academia Española: dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen. En este sentido implica, efectivamente, desnaturalizar aquello que se politiza.
Más de tres meses después de aprobarse el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 solo 90.800 solicitudes cuentan con luz verde de la Seguridad Social de las casi 1 millón planteadas, según ha confirmado el ministro español José Luis Escrivá. Ni con robots ni con el escaso personal propio de la Seguridad Social se termina con la revisión de las solicitudes, lo que impide a las personas tener acceso a una renta de 462 euros de forma individual; una cantidad lejos de los 739 euros que marcan el umbral de la pobreza en el conjunto del Estado español, por debajo de los 980 euros en la CAV o de los 963 euros en Nafarroa.
La nueva ley que pronto se debatirá en las Cortes seguiría discriminando parte de las víctimas del franquismo y su derecho de reparación, y dejaría sin resolver otras cuestiones importantes como la justicia contra la impunidad.
Es una ley muy reclamada por la sociedad civil y las asociaciones de la memoria histórica de todo el estado, puesto que la ley aprobada en el 2007, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, dejaba temas importantes por resolver. Declaraba los tribunales ilegítimos, pero no anulaba las sentencias y establecía dos clases de víctimas, las de antes y después del 1968.
