¡¡ AFILIATE !!

Estatutos  -  Estatutoak
Estatutos CGT
Síguenos en
 

Estatutos - Estatutoak CGT-LKN Euskadi
Aviso legal. Esta web utiliza cookies para optimizar la navegación.
Al continuar navegando está aceptando su uso y nuestra política de cookies y ver la forma de desactivarlas. (Política de privacidad) Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari














Calendario Laboral




Rojo y Negro Televisión




Manual de lenguaje integrador no sexista

El Gobierno anula al Congreso al Vetar una proposición de ley para frenar la LOMCE y una de reforma del Estatuto de los Trabajadores, al llevarlas al Tribunal Constitucional

¡Para qué sirve votar si el Gobierno puede vetar al Parlamento! ¿Donde reside la soberanía nacional en el Gobierno o en el Pueblo?.

El Artículo 84 de la Constitución Española dice: “Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación”.

El apartado 6 del art. 134 de la Constitución establece que “Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. 

El PP además puede aprobar en el Senado iniciativas para instar al Ejecutivo a hacer lo contrario que pide el Congreso, como mantener la reforma laboral o la ley de Seguridad Ciudadana, ya que tiene mayoría absoluta en esta cámara.

El Gobierno ha acordado ayer viernes  invocar su “derecho constitucional” de oponerse a cualquier iniciativa que implique aumento de gasto o disminución de ingresos para para vetar iniciativas de la oposición en un Congreso en el que está en minoría.

Es decir, el Ejecutivo intenta asegurarse la capacidad de impedir la aprobación de normas que, bajo su criterio, afectan a los Presupuestos, para evitar que el resto de partidos le pueda imponer una ley. El Gobierno ha utilizado esta facultad en lo que va de legislatura en 18 ocasiones.

El recurso del Gobierno se refiere a una proposición de ley para parar la LOMCE y otra para reformar el Estatuto de los Trabajadores. Ambas fueron admitidas a trámite por el pleno, en contra del PP. Según el Ejecutivo, la de la ley de educación supone la pérdida de “unos 600 millones de euros de ingresos procedentes de fondos comunitarios”. La otra supondría “60 millones de euros anuales, utilizando valores de 2013”.

Cuando se formalice el recurso del Gobierno las proposiciones de ley afectadas seguirán su tramitación y si son aprobadas entrarán en vigor. Pero si el Constitucional falla luego a favor del Gobierno podrán ser anuladas. El Gobierno tiene voluntad de llevar al tribunal todas las proposiciones de ley de la oposición que hayan sido vetadas por el Ejecutivo.

Comparte:
Share

Comentarios cerrados