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Concentración en la playa de las Arenas (Bizkaia) en memoria de las 15 personas asesinadas en Tarajal (Ceuta)

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El 6 de febrero de 2014 se producía en la frontera que separa Ceuta del territorio marroquí una gran tragedia, 15 inmigrantes murieron tras una polémica intervención de agentes antidisturbios de la Guardia Civil, que intentó repeler la entrada de inmigrantes a nado doblando un espigón disparando bolas de goma. El entonces Director de la Guardia Civil Fernandez Mesa negó que su benemérito cuerpo hubiera utilizado balas de goma y gases lacrimógenos para repeler a los nadadores muertos. Fernández de Mesa a pasado de patrullar con falangistas a Director de la Guardia Civil y recientemente a consejero de Red Eléctrica.

En octubre de 2015, el juzgado de primera instancia decidió archivar la causa al entender que no quedaba probado el uso indebido del material antidisturbios de los que se sirvieron para repelar el intento masivo de entrada en España, “ni siquiera a título de imprudencia”. Y recordaba la inexistencia de un protocolo específico para el uso de este material en el medio acuático. “La mera utilización de dicho material no puede ser calificada como imprudente”, decía el auto de sobreseimiento, que destacó además que en cualquier caso “no toda imprudencia debe ser incardinada en el ámbito penal”.

 La Audiencia provincial de Cádiz recientemente ha ordenado la reapertura de la investigación sobre la muerte de los 15 inmigrantes al aceptar íntegramente los recursos presentados contra el sobreseimiento provisional de la causa que realizaron la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC). Hasta ese momento, la instrucción investigaba los posibles delitos de homicidio, lesiones imprudentes y prevaricación y mantenía imputados a los 16 agentes que participaron en la operación.

La Audiencia se muestra además muy dura con la instrucción realizada y el “precipitado” sobreseimiento de las actuaciones por las “devoluciones en caliente” de varias decenas de migrantes a territorio marroquí, “a pesar de que sufrían algunos menoscabos físicos, prescindiéndose de prestarles asistencia médica”. Unos hechos, dice, que “contravendría abiertamente el protocolo de actuación al que, según se razonó en el propio auto apelado, se dio cumplimiento con la actuación de la Guardia Civil en este punto”.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) entienden el auto como una “victoria judicial” y confían en que las nuevas diligencias “que puedan producirse” desemboquen en la reapertura de un nuevo juicio oral “donde se haga justicia a la muerte de 15 personas que buscaban una oportunidad en nuestro país.

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