A los 417 salarios de los altos cargos actuales del Gobierno vasco, desde el lehendakari Iñigo Urkullu hasta el último asesor, la Administración autonómica suma las nóminas de 63 personas que, con datos de junio de 2021, perciben una pensión vitalicia por haber ocupado en el pasado diversas posiciones. En ocasiones, los beneficiarios son sus herederos. Dos de ellos han sido lehendakaris, previsiblemente Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, ya que Juan José Ibarretxe está dedicado a actividades académicas y Patxi López sigue activo en política. El resto son un vicelehendakari –un cargo intermitente que ahora se ha recuperado para Josu Erkoreka e Idoia Mendia–, 38 exconsejeros y 22 exviceconsejeros. Son tres personas menos que hace cuatro años.
Según los datos del portal de transparencia del Gobierno vasco, el salario anual de lo que se conoce como “lehendakari pensionista” es de 53.389,14 euros y el de un antiguo consejero, de 47.592,30 euros. En comparación, ahora Urkullu tiene un salario de 106.778,14 euros (en 2020 se recuperó el nivel que tenía Ibarretxe, ya que en la etapa de López se aplicaron recortes a todos los funcionarios y directivos por la crisis económica), Erkoreka y Mendia cobran 100.266,32 y los consejeros, 95.184,18.
La medida fue diseñada en los primeros años de la autonomía vasca e incluida en la Ley de Gobierno de 1981. Se interpretó que tanto los miembros del Gobierno de Euzkadi de 1936, constituido en plena Guerra Civil y que pronto pasó al exilio, como los de los primeros gabinetes posteriores a la dictadura, incluido el Consejo General Vasco preautonómico, no tuvieron posibilidades de cotizar para alcanzar la pensión máxima por las circunstancias políticas del país. Una reforma de 2012 acotó la concesión de sueldos de por vida al entender que las circunstancias habían cambiado notablemente y que podía generar una carga adicional a las arcas públicas.
Ahora mismo, tienen derecho a “pensión vitalicia”, según la normativa vigente, “el lehendakari y los consejeros que formaron parte del Gobierno vasco desde octubre de 1936 hasta el 15 de diciembre de 1979”, “los lehendakaris y los consejeros del extinguido Consejo General Vasco” y “los lehendakaris de los Gobiernos de la comunidad autónoma del País Vasco” desde la aprobación del Estatuto, aunque se matiza que la pueden solicitar “las viudas o viudos, huérfanas y huérfanos y padres y madres de las personas citadas en los apartados anteriores”. Esto es, ya no se abre la puerta a un abono general a exconsejeros o incluso exviceconsejeros.
Eso sí, se dispuso que “las personas que a la entrada en vigor de la presente ley hayan cumplido 60 años y hayan ocupado el cargo de consejero o consejera durante al menos dos años tendrán derecho, cuando lleguen a la edad legalmente prevista para ingresar en la situación de jubilación, a percibir una pensión vitalicia complementaria de la pensión por jubilación que les pudiera corresponder”. Una de esas personas en aquella época era Isabel Celaá, recientemente relevada como ministra de Educación. Este cambio hizo que se empezaran a denegar algunas solicitudes, como las de cuatro exviceconsejeros de la legislatura de López, ya que la excepción no los incluía.
En aquel 2012 había 91 pensionistas y desde ahí se produjo un descenso a un nivel de 60-70 que es el que se mantiene en la actualidad. En 2017 todavía había algún perceptor al menos del Consejo General Vasco que se creó a la muerte del dictador Francisco Franco. En 2021 se sitúa en el 50% del salario actual del cargo que se desempeñó el monto de la prestación, aunque se puede elevar al 100% en caso de algún tipo de imposibilidad. Si el afectado tiene derecho a una pensión de la Seguridad Social, lo que se hace es complementar con cargo a los presupuestos autonómicos la diferencia. Los lehendakaris, en todo caso, tienen derecho también a oficina y personal de apoyo y su título también es vitalicio.
