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Estatutos CGT


Estatutos - Estatutoak CGT-LKN Euskadi

El Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el S.M.I. para 2017 no es de aplicación a la RGI

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) será de aplicación durante 2017 a los convenios colectivos vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales.

Según este Real Decreto de 30 de Diciembre en su disposición transitoria segunda, la nueva cuantía de 707,06 euros mensuales en 14 pagas o 824,90 euros mensuales en 12 pagas, no afectará a las normas no estatales y relaciones privadas, por lo cual está subida no será de aplicación en las comunidades autónomas y de las entidades que integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones, salvo disposición expresa en contrario de las propias comunidades autónomas o de la administración local.

Según este decreto el Gobierno Vasco decidirá si en  la RGI es de aplicación el nuevo SMI, al que van vinculadas desde 2009 las ayudas sociales autonómicas, o bien opta por otra cuantía. El impacto presupuestario en Euskadi es de unos 30 millones de euros. Este real decreto sobre el SMI abre la puerta a que la Administración autonómica pueda aprobar una “disposición expresa en contrario” que haga aplicable a los 63.797 beneficiarios de la RGI la subida del 8%.

LEY 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social estableció que la cuantía máxima para la RGI sería del 100% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia unipersonales y hasta un 135% en el caso de las unidades de convivencia de tres o más personas. El gobierno de Patxi López, rebajó estas cuantías en un 7% para el año 2012. Durante cuatro años, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha tenido sobre la mesa propuestas políticas para derogarlo y devolver ese poder adquisitivo a los perceptores de prestaciones sociales pero siempre las ha rechazado alegando motivos económicos.

 

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