La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal (PNV), ha presentado este miércoles en el Parlamento Vasco su reforma de la RGI, que consta de 15 “propuestas” y cinco “cambios normativos que no se presentan como reforma de la ley de garantía de ingresos de 2008 retocada en 2011, 2012 y 2017, sino como una nueva ley.
La LEY 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, fijaba el 88% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia unipersonales y p0dían alcanzar hasta un 125% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia constituidas por tres o más personas. Pensionistas en situación de necesidad cuyo nivel mensual de ingresos no alcance el salario mínimo interprofesional, se fijaba la cuantía máxima del 100% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia unipersonales y hasta un 135% en el caso de las unidades de convivencia de tres o más personas.
En 2011, el Gobierno de Patxi López pactó con el PP endurecer el acceso al sistema, medida que afectó básicamente a los extranjeros. De un año de empadronamiento se pasó a exigir o tres años de estancia o cinco años cotizados a la Seguridad Social. Semanas después, ese mismo Ejecutivo decidió recortar con carácter general todas las cuantías un 7%. La medida se mantiene hasta hoy y en los presupuestos aprobados por Parlamento, solamente se ha sudido para 2017 un 1,5 % cuando el Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 8 %.
La primera de las propuestas de modificación del sistema pasa por ajustar las cuantías, que “no se establecerán en función de un indicador externo, como puede ser el SMI, el IPREM u otros”. Según las nuevas tablas, una pareja con dos hijos podría cobrar un máximo de 1.014 euros, cuando ahora serían unos 901, lo mismo que para una unidad de convivencia con tres miembros o de ocho. Sin embargo, si se aplicara escrupulosamente el sistema de cálculo de 2008 (sin los recortes del 7% y con la subida del 8% del SMI), en 2017 esa misma familia de tres o más integrantes cobraría 1.031 euros mensuales.
La RGI es un derecho subjetivo, que se ha aplicado por unidad de convivencia y ahora con la nueva propuesta se cooncederá por vivienda, para evitar el fraude según la Consejera. En la actualidad, numerosos perceptores de RGI, principalmente extranjeros, comparten pisos en el mercado libre precisamente para evitar la carestía de los arrendamientos y va a provocar que muchas personas queden fuera del sistema de ayudas y, por tanto, sin ningún tipo de cobertura.
Además, con la voluntad de favorecer a las familias con hijos, para ellas será posible cobrar la prestación con dos años de empadronamiento, cuando el umbral general es de tres años (o uno si se tienen cinco años cotizados a la Seguridad Social en el resto de España).
También habrá modificaciones en los denominados “estímulos al empleo”, un tipo de RGI que permite completar salarios bajos o empleos temporales con ayuda de Lanbide. La idea es que trabajar con complemento de RGI siga siendo más ‘rentable’ que estar en casa y vivir de las ayudas, según Artolazabal.
En definitiva una vuelta de tuerca más para dificultar el acceso y recortar las pestaciones en la RGI, un nuevo ataque a las pernonas más vulnerables de esta sociedad, utilizando falsos argumentos, como el de que: “No podemos subir la RGI porque desincentivaría el acceso al mercado laboral”, “Que es un sistema que privilegia a extranjeros”, “Que tiene efecto llamada”, “Que hay mucho fraude”, con el fin de estigmatizan y criminalizar a las personas preceptoras.
