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La injusticia que agrada al Príncipe (Por Rafael Cid )

 

Lo proclamó Ulpiano y lo recordó Justiniano: “la justicia que agrada al príncipe tiene fuerza de ley”. Es la técnica jurídica que impera allí donde el Estado de Derecho es una presunción que precisa confirmación y la democracia un simulacro para justificar el gobierno de los gobernados sin su consentimiento. Esto es lo que a marchas forzadas está cosechando el régimen del 78. La ley de la fuerza supeditada a la “razón de Estado”.

Empecé un reciente artículo (Auto de terminación) diciendo: “Turno para el adversario. Solo los errores del Gobierno central pueden ayudar al Govern a retomar el procés de ruptura. Que vuelva a hacer lo que en su fuero interno no desea cumplir”. No tenía mérito. Sabiendo cómo se las gasta el tinglado surgido de la transición, donde las instituciones rigen descaradamente de arriba-abajo, era previsible pensar que una melonada envuelta en una injusticia podría ser la respuesta del sistema a los discrepantes. Y en eso ha consistido la prisión incondicional decretada contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los portavoces de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural, respectivamente. En un país donde siguen a su aire grandes corruptos y malhechores de postín, condenados o en espera de juicio, como los Urdangarín, Bárcenas, Griñan o Chaves.

Una magistrada de la Audiencia Nacional (AN), Carmen Lamelas, ha cometido la proeza de meter en la cárcel madrileña de Soto del Real a dos ciudadanos activistas de la sociedad civil. Con un auto revelador de la larga sombra que proyecta sobre esa jurisdicción su predecesora en el tiempo: el Tribunal de Orden Público (TOP) franquista. Porque el delito de sedición que Lamelas tipifica, aplicado a dos paisanos que ejercen su derecho a la protesta contra actos de despotismo estatal, supone una clara recepción de la legislación penal de la dictadura en la democracia. La justicia que agrada al príncipe, ejecutada por una operadora jurídica fogueada en el equipo del ex ministro socialista Francisco Caamaño en la etapa de Rodríguez Zapatero.

Y de un titular de Justicia a otro que solo acierta cuando se equivoca. Es verdad, como afirma Rafael Catalá, sin darse cuenta de la trascendencia de su ocurrencia, que Cuixart y Sánchez no son presos políticos sino políticos presos. Porque, efectivamente, lo que la heredera del funesto TOP intenta conseguir es descabezar al movimiento de base que dinamiza el derecho a decidir.

Al margen de lo que cada uno piense sobre el pantanal del independentismo, es evidente que en esta ocasión la clase política catalana va a rebufo de la calle. Es la gente la que hace política en Catalunya, la protagonista de la polis, y por tanto si, es verdad, los Jordis son auténticos políticos presos. Una anatema para una Marca España que necesita para prosperar que todo esté atado y bien atado y que los profesionales de la política guarden el rebaño.

Porque la temida secesión ya se ha producido. Exactamente donde menos lo esperaban sus negadores. En su núcleo duro. Tanto si volvemos a las esencias patrióticas de la casa-cuartel o si exploramos horizontes de prometida grandeza, lo que ha saltado por los aires es la legitimidad de la arquitectura jurídica en que asentaba sus reales la monarquía parlamentaria.

Primero fue el Tribunal Constitucional (TC), allá en 2010, con una bestial purga del Estatut que le desenmascaró como tribunal político de guardia. Y ahora la Audiencia Nacional, con el órdago de los “políticos presos”, recordando que el fantasma del TOP aún recorre España centinela alerta. La prueba está en la forma en que el auto de la jueza Lamelas ha sido jaleado por la opinión publicada más señera. “La justicia actúa”, editorializaba El País el martes 17, con pleno conocimiento de causa. Al fin y al cabo, el juez de Tribunal de Orden Público número 2 de Madrid, Diego Córdoba, fue hasta su fallecimiento el jefe de la asesoría jurídica del diario de Juan Luis Cebrián desde su fundación.

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