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CatEXIT (Artículo de opinión de Rafael Cid sobre el Referéndum en Catalunya)

 “Cataluña como Crimea”

(Xavier Vidal-Folch, El País)

Sacralizar la ley hasta el extremo de suponerla por encima de la democracia suele ser la excusa de los autócratas que no creen necesario justificar sus actos. Esa es la postura de Madrid frente al “desafío catalanista”. Lo dijo Mariano Rajoy durante su comparecencia del pasado jueves para anunciar los recursos ante el Tribunal Constitucional para frenar la “ley del referéndum” y la “ley de transitoriedad”. “Sin legalidad no hay democracia”, sentenció. Fue una utilización pervertida del silogismo.

Porque es exactamente al revés, de abajo-arriba y no de arriba-abajo. Sin democracia no hay legalidad. Y eso es precisamente lo que aquí está en cuestión. Si la ley del Estado, encarnada en la vigente Constitución, puede imponerse al principio del derecho a decidir. El franquismo también era un Estado de leyes, pero no era democrático, porque no contaba con el consentimiento de los gobernados. Un auténtico Estado de Derecho se asienta siempre en valores democráticos o no hay derecho.

El gobierno español y todas las fuerzas que se oponen al procés esgrimen como razón de Estado el principio de legalidad, vulnerado en fondo y forma, stricto sensu, en los acuerdos adoptados por la mayoría parlamentaria catalana. Desde esa perspectiva de exaltación de la ley positiva como norma suprema dimanante, el argumento parece inapelable. Quienes aprobaron las leyes de desconexión vulneraron la legalidad. Lo que sucede es que esa legalidad a la que se aferran los fundamentalistas contiene altas dosis de ilegitimidad de origen y de ejercicio.

Con similar legalidad se han aprobado ajustes y recortes que han institucionalizado un sistema de brutal desigualdad donde antes existía un modesto Estado de Bienestar. Ahí están esos más de 40.000 millones euros del rescate público a la banca. Socializando irresponsablemente pérdidas y privatizando ganancias, como demuestra el hecho de que el número de multimillonarios haya crecido un 24% desde 2012. Por no hablar del rescate de las autopistas quebradas a costa del contribuyente (más de 2.500 millones) o de la cascada de anulaciones de multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las grandes corporaciones (a Telefónica 26 millones y de 22 millones a Repsol). O la indemnización por el Estado de 1.700 millones a ACS por la paralización del proyecto Castor a causa del riesgo sísmico que conllevaba.

Ahí están también los millares de desahucios y lanzamientos judiciales de familias sin recursos o la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, a pachas entre PSOE y PP, para privilegiar el pago social de la deuda generada por la crisis que provocó el sistema financiero. Todo ello perfectamente legal, con la Constitución en la mano, pero con un muy discutible asidero democrático (el consentimiento de los gobernados), y siendo enormemente dañino para la comunidad.

En ese contexto, la Constitución tiene otras lecturas. Primero, la cuestionable legitimidad de origen, porque la gran mayoría de los españoles (catalanes incluidos) no han votado la Constitución del 78 por pura biología: eran menores de edad cuando se sometió a referéndum. Y segundo porque la utilización patrimonial del Tribunal Constitucional (el intérprete de la “ley de leyes”) por el duopolio dinástico hegemónico le ha restado el humus democrático que se le supone desde que Hans Kelsen lo formulara como legislador negativo. Más parece que estamos ante lo que el politólogo Jon Elster calificó de mecanismo para legitimar la dominación: “Frecuentemente las constituciones se imponen a las minorías y a las generaciones futuras en interés de la generación fundacional” (Ulises desatado, pág. 187). ¿El atado y bien atado?

Ese parece ser nuestro caso: privación de derechos civiles a una minoría y exclusión del derecho a decidir a las nuevas generaciones. Porque el bucle de la teoría oficial es engañoso. Se habla de que un hipotético referéndum es privativo de “todos los españoles” (y no solo de los catalanes, soberanistas o no soberanistas) y, al mismo tiempo, se arguye que se intenta excluir a los no soberanistas. El todo y la parte según y cómo, ya que examinado el problema dentro del conjunto disjunto que supone la realidad de España, esos catalanes son la minoría vulnerable y, mucho más, si su principal contingente lo integran las nuevas generaciones que soportan una Constitución legada.

Fenómeno que contrasta con el hecho de que esa misma Constitución esté coronada por el titular de una dinastía que se abroga por derecho divino la potestad de ser su máximo representante, con carácter vitalicio y en régimen hereditario, además de ostentar el mando supremo del poder militar. Legitimidad, legalidad, mayorías y minorías, juntas y revueltas, que cada bando administra a su capricho. Así, lo que en la teoría oficial es válido para el gobierno central (que en un régimen representativo los escaños priman sobre los votos), en el caso catalán se reivindica al revés, pretendiendo que la mayoría pro-referéndum del Parlament discrimina al cupo superior en cuantía que integran los electores de las formaciones de la oposición. Sobre el derecho a la autodeterminación se puede opinar en las encuestas, pero no urnas. Demoscopia versus democracia.

Un avispero que tuvo su justa resolución en los casos de los referendos de Escocia, Quebec y Gran Bretaña (Brexit) permitiendo que el pueblo decidiera democráticamente. Una brecha que separa lo que es una reforma política que termina fortaleciendo la democracia como efectivo gobierno del pueblo, y una represión que la degrada incubando salidas de urgencia de carácter traumático. Tanto es así, que cabría decir que lo que está sucediendo en Catalunya, desde el punto de vista formal, es una reacción en cadena que se inspira a la larga distancia en las “primaveras antiautoritarias” que brotaron a partir de 2011. Un cambio de paradigma que instaurará un antes y un después en la historia de aquella comunidad y en el resto de España.

De suyo, la transversalidad del procés ha trastocado a todas las fuerzas políticas en presencia. Rompió Convergencia y Unió (CiU), obligando a su refundación como PDeCAT sin Unió. Quebró la ficticia unidad de Catalunya Sí Que Es Pot, como se pudo ver en el antagonismo exhibido tras el monopolio posicional de su portavoz Joan Coscubiela (profesor de la elitista ESADE) en el debate del Parlament. Ha abierto una brecha entre el líder de Podem en la comunidad, Albano Dante Fachin, y el secretario general del partido, Pablo Iglesias. Tiene en vilo el PSC, al no lograr evitar que muchos de sus alcaldes se sumen a la logística de las urnas. Y puede pasar factura a la propia Ada Colau y a su grupo Catalunya en Comú si bloquea la disponibilidad de los locales municipales para el referéndum. Sus bases no entenderían que quien llegó a la política institucional desde la desobediencia civil militara precisamente ahora en la obediencia debida. A lo que hay que añadir otro daño colateral en el hecho de que el frente nacional creado por Pedro Sánchez y Mariano Rajoy (“un indecente”, según su ahora compañero de viaje) haya desactivado la tesis de la “plurinacional” que esgrimía el dirigente del PSOE como banderín de enganche para su prometido sorpasso.

Con ese escenario maniqueo el trampantojo está servido. El clímax de polarización desatado no es el terreno más propicio para el análisis equilibrado, el criterio fundado o la reflexión de los mejores. Al contrario, a río revuelta ganancia de demagogos y linchadores. Sobre todo si se saben apoyados por púlpitos mediáticos que añaden altavoz a sus invectivas. Y así vemos en liza a opinadores del mogollón capaces de afirmar sin sonrojo que a los independentistas “tampoco les importaría que hubiera algún muerto o muertos” (Victoria Prego) o incluso comparar el debate político, exquisitamente pacífico, de Catalunya con la invasión militar rusa de Crimea para apoyar a los separatistas ucranianos (Xavier Vidal-Folch). Pésimo ejemplo, por cierto. El columnista de El País desconoce, u olvida, que algunos de los que comparten afinidad contra el derecho a decidir integraron el grupo de “observadores internacionales” que aportó Moscú para legitimar esa anexión por la fuerza de las armas.

Aunque imagino que desde el otro bando los más motivados también habrán protagonizado momentos de gloria, como parece indicar el puntapié dado por La Vanguardia a Gregorio Morán, uno de los periodistas más agudos, cultos y talentosos de la galaxia informativa. Más allá de dimes y diretes, lo que subyace y preocupa del conflicto catalán en la Marca España es que se está fraguando una alianza de clases que recuerda a la que trajo la Segunda República, con nuevos actores políticos y otra vez con su punto de ignición en el municipalismo insurgente. La humanidad, decía el joven Marx, solo se plantea problemas que puede resolver. Vaya usted a saber.

Rafael Cid

 

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