Qué antiguo y extraño queda ya aquel consejo del maestro José María Valderde “nulla aesthetica sine éthica”.
Las bicicletas son para el verano, y los golpes de palacio también. Por eso las direcciones de los partidos aprovechan la “nocturnidad y alevosía” que ofrece el estío para realizar los ajustes de cuentas que les permitan iniciar la rentré a sus anchas. Es un ritual universal que no siempre deja rastro, porque la lógica del poder es bulímica, y desentiende de ideologías.
Y eso es lo que acaba de ocurrir con Podemos, formación que pasa por ser una alternativa de verdad a la sedicente izquierda que en España siempre termina siendo la cara B de la derecha en las cosas que importan. Globos sonda o actos fallidos, lo ocurrido en esa casa con la Comisión de Garantías Democráticas y lo intentado tras su incorporación al gobierno socialista de Castilla La Mancha (CLM), retiene toda la pestilencia del despotismo ilustrado. Vayamos por partes.
Lo del asalto a la Comisión de Garantías (CG) es lo más grave que ha ocurrido en Podemos desde su fundación plebiscitaria. Aunque por otro lado es una consecuencia lógica de unos estatutos que dejan todo el poder de decisión trascendental al secretario general. No obstante, que en pleno mes de julio el Consejo de Coordinación (CC) haya aprobado una modificación del código disciplinario restringiendo la libertad de expresión interna sin consultar a las bases, es una cacicada sin eximentes. Y lo es más si eso se suma a que al mismo tiempo esa ejecutiva haya abierto expediente a la presidenta de la CG, el órgano que vela por el cumplimiento de los Estatutos, por haber impugnado esa decisión autocrática de la cúpula. Uno y otro asunto, albarda sobre albarda, suponen en la práctica cancelar la opinión crítica intramuros y concentrar en una especie de politburó la vida y milagros de la organización.
Pero la mejor forma de ver el calibre de la barrabasada cometida por “el pablismo” es recurrir lo que prescriben sus propios estatutos. En una orilla tenemos al Consejo de Coordinación, órgano que ha corrido con el pucherazo veraniego, que no es sino el brazo ejecutor disimulado del líder máximo. Lo dice el artículo 27, en su punto 1º: “El Consejo de Coordinación es el equipo en el que se apoya el/la Secretario/a General para realizar sus tareas tanto de carácter público como de coordinación interna”. Y lo confirma ese mismo artículo en su punto 2º, cuando añade: “Estará compuesto por un número de entre 10 y 15 personas del Consejo (sic), elegidos por el Consejo Ciudadano por mayoría, a propuesta del/la Secretario/a General”. Es decir, cooptados endogámicamente por Pablo Iglesias entre sus fieles. Como los “Cuarenta de Ayete” del franquismo o los “senadores de designación real” de la transición.
Un núcleo duro que, sin ser un florero, podría no pasar a mayores sino sacara demasiado los pies del tiesto. Que es lo que acaba de hacer “purgando” a la presidenta de la Comisión de Garantías Democráticas porque la mayoría de ese órgano consideró “nulos de pleno derecho los nuevos estatutos” al haber invadido “las competencias y atribuciones de la Asamblea Ciudadana Estatal”. Porque al poner el carro delante de los caballos, “el pablismo” se ha cargado lo que proclama, al respecto de su misión, el artículo 60, punto 1, de los Estatutos: “La Comisión de Garantías Democráticas es el órgano encargado de velar por el respeto de los derechos de las personas inscritas en Podemos y de los principios fundamentales y normas de funcionamiento de la organización”.
Sin entrar en lo que significa enmendar el código disciplinario para instaurar un régimen de censura por “razón de Estado”, esta última vuelta de tuerca de la dirección de Podemos y su núcleo duro confirma que el flamante partido camina cesaristamente de victoria en victoria hasta la derrota final.
De distinto pelaje es lo pretendido en la provincia del bolo por el nuevo gobierno PSOE-Podemos en Castilla-La Mancha: legislar en primera instancia para premiar a sus altos cargos con el mayor status funcionarial. Hablamos de un proyecto de ley de reforma de la gestión de la Administración que buscaba conceder un plus de máximo nivel a todos los funcionarios que hayan sido altos cargos en aquella autonomía. Un extra por ser casta que no solo significaría a futuros una mejora significativa del estatus profesional de los servidores públicos con cupo de poder político. Sino que, además, tendría su reflejo en subidas de sobresueldos en salarios y pensiones. Mientras para el común de los mortales regirían los ajustes y recortes impuestos por el duopolio PP-PSOE durante sus respectivos mandatos.
Pero la cosa no paraba ahí. Aparte del burdo agravio que el hecho supondría para el funcionariado de a pie, la propuesta incluía que la medida operara con efectos retroactivos. Es decir que, si salía adelante, todas aquellas personas que hubieran sido altos cargos desde la constitución de la Comunidad en 1983 tendrían derecho a esas prebendas. Imaginemos lo que tamaña generosidad podría representar cara, por un lado, al aumento del gasto público, y, por otro, al control de su administración por agradecidos “funcionarios de partidos”. Ni el “cuarto turno” de acceso a la judicatura para miembros de la abogacía con probada experiencia, promovido en su día por el felipismo, llegó tan lejos en el diseño del nepotismo rampante.
La medida formaba parte del acuerdo recién sellado entre Emiliano García Page y José García Molina, secretarios generales del PSOE y de Podemos en la región, y cuya consecuencia más inmediata será que por primera vez el partido de Pablo Iglesias cohabite en un gobierno socialista no local. El desenlace llega tras una historia de desencuentros en los que García Molina amagó con boicotear los presupuestos del 2017 e incluso con provocar un anticipo de elecciones. Este súbito entendimiento, que ha dado la vicepresidencia segunda a García Molina y otra cartera a su colega Inmaculada Herranz, se produce después de que el acérrimo susanista García Page blandiera su dimisión si Ferraz no abominaba de las políticas de Podemos. Los últimos comicios en la comunidad las ganó por la mínima el PP y el PSOE necesita a los únicos dos diputados que tiene allí Podemos como agua de mayo para no descarrilar.
A pesar de esos precedentes, la operación no fue censurada por los máximos dirigentes de la formación morada. Mientras su secretario de Organización, Pablo Echenique, dijo que ese escenario puede ser un ensayo para futuras chances con el PSOE que permitan “echar al PP antes del 2020”, el secretario general, Pablo Iglesias, lo consideró como un reto para “demostrar que gobernando podemos mejorar la vida de la gente”. Niño o niña, lo que está claro es que, si la iniciativa bípeda castellano-manchego se hubiera aprobado, los más agraciados serían precisamente los integrantes de la cúpula de Podemos. En su mayoría funcionarios de nivel medio en su condición de profesores de universidad con pocos sexenios de ejercicio docente. Igual que los dos dirigentes de Podemos que, al final de la escapada, han fichado por el ejecutivo castellano-machego.
Felizmente, en el tiempo de descuento, el gobierno de CLM reculó y la cosa ha quedado en barbecho. Otro ejemplo más de casta emergente que acierta cuando rectifica (un caso abrerrante de serendipia política). Por cierto, no es lo que, ahora sí, ocurrió hace poco en el Concello vigués de Ponteareas, donde la corporación presidida por el BNG ha aprobado el pago de un plus para aquellos trabajadores municipales que “cubran al menos el 90% de la jornada laboral y justifiquen sus ausencias”. Una propina de productividad por cumplir (casi) con su obligación. Por supuesto, lo fabulado en Castilla-La Mancha y lo impuesto en Ponteareas eran y son perfectamente legales.
Qué antiguo y extraño queda ya aquel consejo del maestro José María Valderde “nulla aesthetica sine éthica”.
