Hace unos años, con ocasión de otro año terrible de incendios generalizados en Galiza, escribí un artículo (Iluminados por el fuego) donde mostraba mis reservas sobre el argumentario utilizado por cierta izquierda para dirimir las causas de esos siniestros. Mi criterio, sin descartar la existencia de tramas y mafias detrás del fuego, discrepaba a la hora de considerar esa la explicación concluyente. Porque estimaba que remitía a una especie de teoría de la conspiración que no se sostenía a la luz de lo que venía sucediendo desde tiempo atrás.
Es más, en algún momento creí intuir que esa hipótesis tenía como mensaje subliminal una acusación política unidimensional, habida cuenta del tradicional monopolio del poder por la derecha en esa comunidad. Parecía que al identificar así al presunto “culpable” el camino para la solución del problema estuviera al alcance de la mano. Solo había que desalojar al PP de esas instituciones (aunque durante las etapas de izquierdas con González Laxe y Pérez Touriño no mejoró la situación).
Ahora, de nuevo, con la actual racha de incendios que asolan Galiza retorna ese mensaje, solo que en sentido contrario. En esta lamentable ocasión son precisamente las autoridades de la Xunta (también el alcalde socialista de Vigo lo ha sugerido) las que se han abalanzado a denunciar que en gran medida los incendios son provocados, incluso han llegado a calificarlos como de signo “terrorista”. Y otra vez, esa traslación de responsabilidades suena a un artificio para endosar fuera de su ámbito de competencias lo sucedido.
Si el presidente de la Xunta, Núñez Feijó, al que se supone en posesión de la mejor información, asegura que detrás de “la lume” existe una mano criminal, en principio habría que creerle. Bien es cierto que cuando se habla de incendios “provocados” (por la mano del hombre) no significa cabalmente que los mismos sean “intencionados” (con voluntad de quemar la masa vegetal). Provocados pueden ser los incendios surgidos por el mal uso de la desbrozadora en el campo (herramienta indispensable en territorios donde es preciso aligerar el terreno con frecuencia) o el mal funcionamiento del tubo de escape de un vehículo del tipo que sea, e incluso la quema inadecuada de rastrojos.
Quiero decir que esas dos explicaciones, cada una en su tipología, entrañan diferir el problema de la realidad contante y sonante: que sea quien sea el que esté en el poder, el campo se quema. Claro está que el primer factor a tener en cuenta es el innegable cambio climático y sus devastadores efectos, denunciados por los ecologistas de la sociedad civil y con negacionismo y a menudo torpe respuesta por parte de los poderes públicos que debían sacar las oportunas consecuencias. Y si a eso sumamos los ajustes y recortes aplicados a los medios de prevención y a las plantillas del personal encargado de luchar contra esta plaga, priorizando la atención a otras áreas de más directa rentabilidad electoral, tenemos un mapa aproximado de la indigencia nacional.
Pero aun así, hay que hacer algunas observaciones que sirven para enmarcar en una perspectiva más compleja el problema que nos preocupa. Para empezar, convendría recordar que España es después de Rusia y Suecia el país con mayor masa forestal de Europa: aproximadamente 27 millones de hectáreas (17 de bosques) que representan el 55% de la superficie (34% de bosques). También sería útil a los efectos de elucidación buscados, reseñar cuáles son las comunidades autónomas que integran el ranking, habida cuenta de que no siempre a más masa forestal corresponde más bosques. Canarias, por ejemplo, es la primera en la nómina por masa forestal (76% superficie) pero una de las últimas en cuanto a bosques (18%). Establecido este elemento discrecional, las cinco comunidades en cabeza, según el Anuario Forestal 2010, serían por este orden: Asturias, Galiza, Cantabria, Euskadi y Catalunya (por densidad de foresta) y Euskadi, Catalunya, Galiza, Cantabria y Asturias (por densidad boscosa).
Nos vamos aproximando. ¿Qué comunidades de las citadas son las más afectadas por los incendios, ya fueran intencionados, provocados o tramados, a decir de las estadísticas oficiales referidas al año 2014? Por número de hectáreas quemadas tendríamos de mayor a menor: Asturias 1.629; Castilla y León 1.386; Galiza 1.227; Cantabria 806 y Euskadi 157. Y si el cómputo lo realizamos en función de la superficie de cada territorio, la relación sería: Asturias 20,25%; Cantabria 19,9%, Castilla y León 13,8%; Galiza 7,17% y Euskadi 1,91%.
Así que si los números no engañan, la Comunidad con menos tierra quemada es Euskadi, precisamente la que goza del más elevado grado de autonomía; una de las que mejor gestiona el gasto público social y la que mantiene una tipología territorial de cuidado del medio rural, con presencia del caserío como unidad familiar y de producción medioambiental sostenible. Es la líder indiscutible en cuanto a superficie boscosa y la última en cuanto a superficie quemada. En suma, a todos los tradicionales argumentos que desde un extremo al otro de las ideologías se lanzan como explicación del “terrorismo incendiario”, parece lógico añadir también el del secular abandono del campo y del medio rural por particulares y administración. Por decirlo con palabras altisonantes: mucha culpa la tiene este modelo de capitalismo ecocida que considera el medio natural como un activo a explotar en favor de la mitología del crecimiento depredador que llaman progreso.