La consejera Arantza Tapia a petición propia, compareció ayer en el Parlamento Vasco para presentar ante la Comisión de Desarrollo Económico, el plan industrial 2017-2020 aprobado el pasado mes de julio, que cuenta con un presupuesto directo de subvenciones y bonificaciones a las empresas del orden de 1.225 millones de euros para sus cuatro años de vigencia, a los que se les añaden, casi 1.000 millones de euros adicionales anuales en concepto de avales y otras formas de financiación.
El Gobierno Vasco de nuevo va a utilizar fondos públicos y renta ciudadana para subsidiar a las empresas en detrimento de los servicios públicos con la coartada de impulsar la recuperación del sector industrial vasco por la pérdida de competitividad de las empresas vascas debido la reducción del gasto en innovación, la atención a las pymes y a las empresas en dificultades, así como favorecer la diversificación industrial y la internacionalización.
Tapia reconoció que la inversión industrial vasca se ha reducido en estos años, con una especial incidencia en un factor clave de competitividad como es en la innovación al bajar el dinero privado destinado a I+D. Pero no reconoció que empresas fuertemente subvencionada por fondos tanto de la Diputación como del Gobierno Vasco, supuestamente para reflotarlas han presentado EREs de extinción para toda la plantilla como los casos de de General Electric que hace año y medio recibió subsidios para la nueva planta de Ortuella, con 135 despidos, el reflotamiento de la ‘nueva Fagor”, la catalana CNA con 145 despidos, etc.
No hay ninguna evidencia que demuestre que los subsidios a las empresas fomenten el empleo o los niveles generales de vida. Las empresas si no obtienen la rentabilidad prevista cierran, no dan cuenta de la inversión realizada con los fondos públicos y por supuestos no devuelven dichos fondos que pueden servir para paliar el desastre que supone el de cientos de personas despedidas.
Los subsidios son parte de la política de competición global. Los gobiernos están usando los subsidios para tratar de hacer más competitivo su país o su región y para atraer empresas de otras comunidades o extranjeras. Para medir el impacto regresivo de los subsidios, debería tenerse en cuenta no solo la transferencia financiera a las empresas implicadas sino también en los efectos en recortes de gasto público, fundamentalmente en la enseñanza y la sanidad.
La ciudadanía debe conocer qué cantidades y a que empresas se destinan los fondos públicos, además se debe incluir como condición para recibir este tipo de ayudas, clausulas sociales como el trabajo fijo y de calidad, compromiso de mantenimiento del empleo, que no contaminen, etc, para impedir que inversores privados puedan montar y desmontar fábricas y destruir empleo con total impunidad sin la devolución de las subvenciones.
El gobierno Vasco y las diputaciones controladas por el PNV con el inestimable apoyo del PSOE, están demostrando que son gobiernos de sumisión al empresariado vasco. Proponemos desde CGT-LKN en primer lugar eliminar gradualmente las subvenciones y los subsidios a las empresas en general y en especial las que mantengan empleo precario, en segundo lugar se deben encontrar formas recaudación y de redistribución de parte de las ganancias elevadas del capital financiero que no guardan relación con el trabajo y en tercer lugar atender las peticiones de las organizaciones sociales de una RGI y vivienda digna para combatir el aumento de la pobreza y de la desigualdad social.
