Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Convocada por agentes sociales, sindicales y vecinales, a los que se suma CGT-LKN, han animado a la ciudadanía a participar en esta manifestación contra el cierre nocturno del PAC de Deusto e instando a la dirección de Osakidetza a «reconsiderar» esta decisión, así como «los recortes» en otros servicios de Atención Primaria.
La cooperación público privada ha vuelto a ser la palabra de orden para salir de la crisis generada por la pandemia. Para los neoliberales, es un retroceso reconocer que el mercado, la empresa privada, por sí sola no es capaz de hacer frente a las necesidades sociales. Es necesaria la intervención pública, no sólo para cubrir los vacíos del mercado, sino también para impulsar la dinámica económica. Para la socialdemocracia demediada, es una oportunidad para justificar su modelo de intervención. Llevo meses oyendo las bondades de un nuevo modelo de gestión económica.
Solo la participación y el control social, sindical y político permanente de las estrategias de vacunación pueden limitar el riesgo de una distribución injusta de la vacuna.
En la Unión Europea, este pasado domingo 27 de diciembre ha comenzado la vacunación frente a COVID-19 y, dado que alcanzar cifras de inmunización colectiva suficientes tardará al menos varios meses con la reincorporación de nuevas vacunas, se han priorizado determinados colectivos poblacionales para recibirla. Priorizar en este caso significa suministrar las vacunas a unos colectivos antes que a otros.
Flaco favor al sistema público de salud ha realizado la Consejera del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, cuando asegura que “las derivaciones a la red privada son más baratas que atender a estos pacientes en la pública”. Un informe de la Cámara de Comptos contradice esta afirmación, poniendo encima de la mesa datos numéricos donde queda demostrado que los precios que se abonan en estos conciertos son del doble y hasta del triple, salvo en el caso de la hemodiálisis, en que es similar.
Más de dos millares de personas han participado en la manifestación convocada por el Movimiento de Pensionistas para recordar a los responsables institucionales que apenas se han corregido las deficiencias observadas durante la primera etapa de la pandemia, tanto en residencias como en el sistema público de salud Osakidetza.
La crisis del Covid ha puesto aún más al descubierto la situación del SNS. Años de privatizaciones y recortes, realizados y/o permitidos por todos los partidos políticos del arco parlamentario, han provocado la situación de deterioro y colapso actual.
Nosotrxs, trabajadorxs de atención primaria creemos que es el momento de plantear un debate sobre lo que debería ser el modelo de AP, así como propuestas de mejora de las estructuras existentes en la actualidad.
Este último trimestre, se dejará de atender telefónicamente a más de cien mil personas. El Centro de Atención al Usuario (CAU) ha dejado prácticamente de existir.
El servicio de información a la ciudadanía a través de una línea telefónica de 901 que viene prestando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), venía realizando, entre otras, funciones de Apoyo al ciudadano en la navegación de la página web del SEPE (www.sepe.es) para la realización de trámites en línea e información sobre múltiples y variadas cuestiones tales como: el estado de ERTEs.o de gestión del subsidio de empleadas del hogar.
Los Presupuestos Generales de Navarra para 2021 se están fraguando en negociaciones entre distintos partidos políticos. La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) estamos atentas al resultado que arrojen esas negociaciones: vamos a comprobar cuánto importa realmente la falta de vivienda a un precio asequible que sufre la ciudadanía navarra.
El sector privado ha ido robando servicios y fondos a la sanidad pública con la ayuda de los políticos. Antes de la pandemia, el sistema sanitario ya estaba al límite debido a los recortes y externalizaciónes. Pero además se están haciendo alianzas con las aseguradoras, servicios sanitarios privados y farmacéuticas para beneficiarse de la pandemia y para «intentar cambiar la percepción que pueda tener la sociedad de la sanidad privada.
La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) denuncia la irresponsable reacción del Ministro de Sanidad ante el anuncio de la multinacional PFIZER sobre la vacuna contra el COVID.
El pasado lunes día 9 de noviembre la multinacional PFIZER y BioNTech emitió un comunicado informando del éxito de su vacuna contra el COVID que aseguraba tener disponible para finales de este año. Así mismo informaba de la existencia de efectos secundarios en menos del 20% de los participantes en los ensayos clínicos, de la fase 1, realizados en EE.UU. y Alemania.
El Director Ejecutivo (CEO) de la PFIZER – BioNTech, Albert Bourla, aprovechó que el valor en bolsa de los intereses de la compañía se disparaba como consecuencia de ese anuncio, para vender el 62% de sus acciones.
La huelga convocada por todos los sindicatos de la sanidad pública ha tenido un seguimiento relevante en la Atención Primaria, fruto, sin duda, del desbordamiento continuado que el personal viene sufriendo ante situación se agrava día a día debido a la evolución de la pandemia y el ninguneo por parte del departamento de salud.
CGT, ELA y LAB, junto con la plataforma de Defensa de la Salud Pública, reivindican un Sistema Público de Salud con recursos suficientes y de calidad y a la vez muestran el rechazo al acuerdo entre Volkswagen Navarra, UGT y CC.OO. con la Mutua Navarra sobre el traspaso de contingencias comunes.
El Movimiento de Pensionistas considera que la Consejera de “Igualdad, Justicia y Políticas Sociales”, Beatriz Artolazabal, en su anterior mandato ya dejó claro que su modelo no es el de gestión pública, ya que para esta Consejera y su Gobierno, reforzar el sistema de servicios sociales públicos no es sostenible. Pero para las personas mayores y la gran mayoría de la sociedad es una imperiosa necesidad que en esta pandemia ha quedado aún más evidente.
Así se desprende del 7º informe ‘Privatización Sanitaria de las CCAA 2020’ elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en el que se han evaluado aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos y utilización del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma.
Convocada por la Asamblea de Parad@s, Centro asesor de la mujer ARGITAN, Berriotxoak, ELA, LAB, STEILAS, ESK, CGT-LKN y CNT, en el 8º aniversario del suicidio de Amaia Egaña, la primera víctima mortal por los desahucios en Euskal Herria. A día de hoy. los recortes han agravado aún más la situación socio-sanitaria en la que nos encontramos. La precariedad, la pobreza y los desahucios siguen estando vigentes:
NUESTRAS VIDAS IMPORTAN MAS QUE SUS BENEFICIOS
NO PAGAMOS ESTA CRISIS, UNA SALIDA CON JUSTICIA SOCIAL, ECOLÓGICA Y LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS
Hace meses que, cientos de Organizaciones, Colectivos y Plataformas, venimos trabajando en la construcción de una respuesta de la Clase Trabajadora y de la mayoría social, ante el rumbo que están tomando los acontecimientos con motivo de la pandemia por el coronavirus y de la crisis económica y social consecuente.
Manifestación convocada por el Movimiento de Pensionistas y Asociaciones de familiares de residencias de mayores, con el apoyo de otros colectivos sociales y sindicales, que en Bilbao a reunido a unas 2.000 personas, por la profunda preocupación por la situación que viven tanto las personas mayores más frágiles, muchas de ellas usuarias de residencias, de centros de día y de servicios de ayuda a domicilio, como sus familiares.
Durante los momentos más duros de la pandemia, la patronal privada desapareció del panorama. Realizó ERTEs e incluso llegó a cerrar muchos de sus centros sanitarios. Pero al olor de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, ha resucitado milagrosamente y ahora la sanidad privada aparece como la salvadora y la sustituta perfecta de todas las debilidades del sistema público.
La huelga ha paralizado los centros de salud de todo Araba. Un total de 10 áreas de atención al paciente de centros de primaria de la capital alavesa han amanecido cerradas ya que todas las trabajadoras han secundado la huelga. En el resto de niveles asistenciales el seguimiento ha sido también amplio, máxime teniendo en cuenta que los servicios mínimos abusivos impuestos han impedido que muchas trabajadoras y trabajadores hayan podido secundar la huelga siendo que, muchos servicios han tenido que trabajar al 100% y otros muchos al 50%.
1.- Nos parece positivo que se plantee un incremento notable de los presupuestos del Ministerio de Sanidad, un 39,9% si se excluyen los fondos provenientes de la UE, un 946,8% si se tienen en cuenta estos fondos.
2.- En todo caso el aumento no parece suficiente porque se trata de 67 € /habitante y año, muy lejos de los 1000 € que estimamos son precisos para recuperar una Sanidad Pública de calidad y para afrontar con suficiencia los retos que plantea la pandemia de covid19.
Según señalan los sindicatos convocantes en un comunicado, estas graves carencias, sin duda, se han visto agravadas por la actual crisis sanitaria y Osakidetza no ha puesto en marcha los necesarios refuerzos para hacer frente a una presión sanitaria en aumento. La Atención Primaria está absolutamente desbordada y en los hospitales, una plantilla exhausta tras tener que hacer frente a la primera ola en una situación muy precaria, ve como la presión va aumentando sin tener a su disposición más medios de los habituales, medios que ya, en el día a día, hacen que exista una sobrecarga sistemática de trabajo.
Convocadas por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) y apoyadas por los sindicatos CGT, CNT y ESK exigen la reversión de las leyes que propician la entrada de empresas privadas en el sistema sanitario público. Con la aprobación de la ley 15/97 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, se abrió la puerta a que las empresas privadas se beneficiaran de lo público.
Permite, mediante los “conciertos” la parasitación del sistema público. Ideado para que los hospitales privados “complementaran” a los públicos excepcionalmente, ha sido la estratagema para dirigir el dinero público a los bolsillos privados, mientras los centros públicos mantenían infrautilizadas alta tecnología sanitaria, camas, quirófanos, etc.
CGT ha anunciado una huelga general en Madrid para fines de octubre. Llama a colectivos sociales y sindicales alternativos a sumarse, pero no está definido el programa, ni la fecha ni las fuerzas con las que se busca impulsar la huelga. Motivos no faltan, pero sí programa y organización. Aquí planteamos 10 medidas que en la CRT consideramos elementales para darle contenido a la convocatoria.
La concentración pretendía, como en otros barrios y pueblos de Madrid, denunciar el escándalo de la segregación a la que se somete a los barrios obreros para todo menos para ir a producir riqueza para el capital en transportes abarrotados, donde la distancia de seguridad es una broma macabra.
Plantilla insuficiente, más cargas de trabajo y la práctica desaparición de la atención presencial ponen en peligro el servicio público.
Desde CGT ya denunciamos la situación y las consecuencias que, tanto para la plantilla como para la ciudadanía, va a representar la gestión del servicio antes y durante la pandemia que padecemos. Como era de prever, y así lo manifestamos desde CGT a la plantilla a la Dirección y a la opinión pública, las consecuencias del semicierre del INSS durante el periodo de confinamiento se han hecho notar ya.
El próximo 17 de octubre están previstas movilizaciones en todo el Estado en defensa de un sistema sanitario público, universal, democrático y al margen del ánimo de lucro.
Los problemas son similares en todo el estado: infrafinanciación, deterioro, privatización, insuficiencia de plantillas, etc., que se han agravado con la crisis del Covid.
La situación en los centros de salud ante esta segunda ola de contagios del Covid-19 es lo más parecido al “infierno”. Así lo describen varios colectivos médicos, que advierten sobre el día a día de los profesionales de la Atención Primaria, que “están ahogados” ante el aumento en las citas telefónicas que deben atender para, entre otras cosas, dar resultados de las PCR. En algunos casos las llamadas se han multiplicado hasta más de un 400% en determinados centros.
En lo que va de año, 127 personas han perdido la vida en su intento de llegar a Canarias en patera. La semana pasada, en tan solo dos días, Salvamento Marítimo recogió 20 cadáveres de las aguas próximas a las islas. En el mar de Alborán, este domingo once personas desaparecieron tras el naufragio de una embarcación con cuatro supervivientes. Aunque las llegadas totales a España han bajado con respecto a años anteriores, el aumento del flujo migratorio ligado al verano y la reactivación de la ruta canaria, más peligrosa, está impactando en los trabajadores del organismo de rescate, que exigen al Ministerio de Fomento el refuerzo de sus tripulaciones. «Estamos desesperados: no podemos seguir así», clama Ismael Furió, secretario de CGT Salvamento Marítimo.
Estos días con el repunte de la pandemia hay que lamentar que se vuelve a repetir la situación de alarma en las residencias y no se han adoptado medidas para que las residencias de las personas mayores sean centros seguros.
No hay información completa, veraz y clara, sobre la situación sanitaria de los centros. Por las noticias que les llegan, hoy como al principio de la pandemia se sigue improvisando, se carece de los medios humanos necesarios y las residencias siguen sin ser espacios seguros libres de los contagios.
Los trabajadores de los sistemas de transporte subterráneo de pasajeros del Sindicato Nacional de Trabajadorxs del Sistema de Transporte Colectivo de México, de la Federación Nacional dos Metroferroviarixs de Brasil, de Solidaridad Obrera Metro Madrid de España, del Sindicato de Trabajadorxs del Metro de Medellín de Colombia, del Sindicato de Trabajadorxs del Metro de Panamá, de la Federación de Sindicatos de Metro de Chile, del Sindicato de Trabajadorxs del Metro de Caracas de Venezuela, de Solidaritat Obrera Metro Barcelona de Catalunya,………
Desde CGT vamos a dirigirnos a Renfe y al Ministerio para que cumplan con sus obligaciones de acuerdo al estado de bienestar que sostenemos con nuestros impuestos y que nos tiene que dar derecho a mantener los servicios encomendados. Solicitamos también a los responsables políticos de las ciudades y pueblos afectados por estos recortes en la movilidad, para que se dirijan de igual manera a empresas y ministerio, pidiendo el mantenimiento de estos servicios.
Lo sucedido en los servicios de atención a la dependencia y especialmente en las residencias requiere una explicación completa, veraz y objetiva, por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y esto es lo que una vez más reclamamos con esta concentración.
Es evidente que los centros han carecido de los medios de prevención necesarios para evitar el contagio de las personas usuarias y trabajadoras y que no se ha garantizado el derecho a la asistencia sanitaria completa.
Este sábado hay convocadas movilizaciones en más de 40 ciudades de todo el Estado en defensa de la sanidad pública (En Iruña, 11:00 h., Conde Oliveto (Osasunbidea): Por la derogación de la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Por la derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Por el cuidado de las personas de edad avanzada. Por la creación de una industria farmacéutica y sanitaria pública. Por la potenciación de la atención primaria de salud, con un mínimo del 25% del presupuesto sanitario.
Desde la CGT estimamos que este Ingreso Mínimo Vital tiene mayor voluntad cosmética que real, y no cumple uno de los objetivos fundamentales que ha de perseguir cualquier renta mínima: dar capacidad real de negociación a la clase trabajadora frente a un mercado laboral cada vez más precarizado. Más bien al contrario, este Ingreso Mínimo Vital tiene el peligro de atornillar aún más la institucionalización de la precariedad, sufragando con medios públicos unos recursos que ya no aportarán las empresas por la vía de un salario digno y de unos impuestos que, a su vez, continuarán recayendo sobre las rentas más bajas.
Las Residencias de Personas Mayores, son concebidas por los distintos gobiernos -desde los antiguos asilos al actual modelo-, como lugares donde esperar la muerte con unos niveles mínimos de asistencia. Y con corresponsabilidad del resto de la sociedad, al no poder cuidar y atender a quienes nos cuidaron y atendieron.
Desde esta perspectiva de la “gestión pura y simplemente asistencial”, los fondos buitres y determinadas empresas multinacionales, se han lucrado a costa de los derechos de las personas mayores y de los derechos laborales de las trabajadoras y profesionales de las Residencias.
Con el premio Princesa de Asturias a la concordia 2020, concedido al personal sanitario, se quiere ocultar que los Servicios públicos están deteriorados, en cuanto a la calidad ( Falta de plantilla, improvisación de recursos, falta de seguridad, etc ), altas tasas de temporalidad, congelación salarial, bajos salarios y externalizaciones, subcontrataciones, concursos, conciertos y convenios económicos para facilitar tanto a la sanidad privada como a los negocios de las empresas privadas.
La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), conformada por decenas de colectivos anti privatización de la sanidad de los diferentes territorios del Estado español, han acordado el inicio de una campaña para la movilización en defensa de la sanidad pública y por un sistema público universal con gestión democrática.
Esta convocatoria de carácter estatal, motivada por las causas estructurales que han agravado la crisis sanitaria durante la pandemia del Covid-19, culminará con movilizaciones el próximo sábado 20 de junio. Con las siguientes reivindicaciones:
El gobierno aprueba por primera vez una renta mínima en todo el Estado dependiente de la Seguridad Social, destinada a los hogares con muy escasos recursos, con el objetivo de reducir la pobreza y, en especial, la más severa. El coronavirus ha destapado la pobreza y las situaciones límite que afrontan muchos hogares en el país, a la vista en las largas colas de personas que han necesitado ayuda para comer durante la pandemia.
El Movimiento de Pensionista retoma las concentraciones habituales de los lunes en los ayuntamientos, con más de 40 concentraciones en pueblos y ciudades de Hego Euskal Herria. El motivo de estas protestas ha sido, sobre todo, manifestar la denuncia y crítica a las Diputaciones por su irresponsabilidad y ocultamiento de los graves problemas observados en las residencias y en la atención domiciliaria a las personas mayores dependientes.
Existe una responsabilidad exigible judicialmente, en relación a las muertes y enfermedades causadas por la Covid-19 en las residencias de personas mayores. Son más de 370 residencias investigadas, lo que obliga a toda la sociedad a reflexionar sobre la responsabilidad de las administraciones y las empresas privadas, encargadas de gestionar los servicios y la necesidad de tomar medidas para que no se vuelva a repetir.
Es lo que esta mañana en más de veinte concentraciones simbólicas, del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, han reivindicado frente al edificio de las diputaciones de Bizkaia, Araba y Nafarroa, reivindicación que se ha extendido en varios barrios de Bilbao y distintos pueblos de Bizkaia, frente a las residencias de personas mayores, con el objetivo de denunciar las graves deficiencias observadas durante la pandemia y en la atención domiciliaria a las personas mayores dependientes.
El movimiento de Pensionistas (MP) quiere mostrar su indignación por las consecuencias que la pandemia está provocando en las personas mayores y pensionistas, confinadas en las residencias que ha provocado numerosas muertes, denunciando la responsabilidad de las Diputaciones Forales y de las patronales de las residencia privadas como de las concertadas y se movilizara (respetando las medidas de seguridad) en: Bilbao en la Diputación (y Santutxu Txurdinaga, Irala, La Peña-Abusu), Balmaseda, Sodupe, Sopuerta, Barakaldo, Gernika, Trapagaran, Santurtzi, Durango, Zornotza, Larrabetzu, Galdakao, Sopela, Leioa, Berango, Iurreta, Berriz, Zaldibar, Elorrio, Mungia, Zalla, Ugao, Arrigorriaga, Getxo, Erandio
Ante el anuncio del Departamento de Educación del retorno a las aulas a partir del 18 de mayo para el alumnado de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, sindicatos, estudiantes, direcciones de centros y profesorado en general, decidieron no volver a las aulas a no ser que las condiciones para el retorno sean negociadas y garanticen la salud de la comunidad.
Educación se lava las manos y deja la responsabilidad de la reapertura de los centros en los equipos directivos, con una explicación a la Inspección de Educación de los motivos que le han llevado a optar por el retorno de un determinado alumnado y no de otro, o si las clases se realizan de forma telemática o presencial.
Desde CGT hemos manifestado públicamente nuestra preocupación sobre la finalización del presente curso (cuestión de emergencia) («Sobre la Selectividad», «No se pueden reabrir los centros escolares si no se garantiza la salud», «La (re)vuelta a clase») , y también de cara a la organización del próximo curso (cuestión de planificación) («¿Se van a reabrir los centros?»).
Las ayudas vascas al alquiler en el mercado libre, a pagar préstamos I.C.O., y a la emergencia habitacional, recogidas en el BOPV de este 5 de mayo, son escasas, insuficientes con los actuales precios de alquiler, difíciles o imposibles de conseguir, y muy lejos de las aprobadas en el estado.
