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20 de Junio: Jornada de movilización estatal en defensa de la sanidad pública

Por la derogación de la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

 La ley 15/97 establece que cualquier centro sanitario y sociosanitario del estado español puede ser gestionado a través de cualquier tipo de empresa privada. La anterior Ley General de Sanidad impedía la participación de empresas privadas en el sistema sanitario público. A partir de la entrada en vigor de la 15/97 se fueron sucediendo aperturas de hospitales de gestión privada en la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia Castilla León, Baleares… y hemos llegado a la situación actual en la cual una parte muy importante del sistema público de salud está en manos privadas.

La fórmula que utilizan es la de la “colaboración público-privada”, que es una especie de cesión durante 30 años a cambio de la construcción del edificio y de la gestión de la parte sanitaria por parte empresas con ánimo de lucro. La mayor parte de las empresas que están en este negocio son fondos de capital riesgo, bancos y constructoras que tienen contratos con la administración sanitaria hasta el año 2037, en el mejor de los casos, o en otros casos hay hospitales que acabarán la concesión en el año 2044.

La construcción de un hospital privado conlleva unos costes 7 veces superiores a lo que costaría si es la administración pública la que encarga la construcción del hospital. La asistencia sanitaria en hospitales de gestión la mortalidad se incrementa un 2% en adultos, un 8% en crónicos y un 9,5% en recién nacidos, ya que disponen de menos plantilla que los públicos, además la estancia media cae casi a la mitad que en los públicos.

Por la derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad.

Este artículo está vigente desde 1986 y es un artículo que establece que sólo se puede concertar actividad determinada con hospitales privados, cuando los hospitales estaban llenos de actividad y no daban abasto. Pero la realidad nos ha demostrado en estos 35 años de andadura de la Ley General de Sanidad se ha utilizado de forma indiscriminada. Es una estrategia para vaciar económicamente al sistema sanitario público en beneficio de la privada. Así, en el 2018, de 71.000 millones de euros que se gastaron en el Sistema Nacional de Salud en todo el Estado,8.000 millones de euros se fueron en conciertos privados. Si esta cantidad se dedicarán a contratar plantilla se podría tener 130.000 trabajadores más en el Sistema Nacional de Salud, evitando reducir drásticamente las listas de espera.

 Por el cuidado de las personas de edad avanzada.

La epidemia del Covid-19 ha puesto sobre la mesa el abandono que están sufriendo los ancianos en todo el Estado español, que han sido los grandes pagadores de la crisis del coronavirus. Las regulaciones sobre las residencias son autonómicas y están hechas para saltárselas. No hay nada concreto con el tema de las plantillas, disponen de muy poca gente de atención directa, los ratios son engañosos, porque mezclan titulados superiores, como pueden ser médicos, con limpiadoras u otros servicios, de forma que el ratio es general, y no establece unos mínimos de personal sanitario que deba estar atendiendo a los ancianos.

Todas las residencias de ancianos del Estado español deberían estar controladas por el Sistema Público, y los sanitarios, médicos y enfermeras de estas residencias no tendrían que ser personal privado, sino que tendrían que ser personal vinculado directamente al Sistema Nacional de Salud a través de la atención primaria. No se trata de pasar esta carga de trabajo a los centros de salud actuales, sino que la plantilla de los centros geriátricos y residencias de ancianos pertenecieran también a los centros de Salud, aunque hiciera su trabajo en las residencias, pero que tuviera una vinculación con el Sistema Público.

Por la creación de una industria farmacéutica y sanitaria pública.

Para que no tengamos que depender de empresas privadas ni de terceros países para garantizarnos los insumos que necesitamos en el sistema sanitario, desde trajes de protección o mascarillas a medicamentos básicos. Hoy es posible tener un sistema farmacéutico público en el cual se podrían producir la mayor parte de los medicamentos que han perdido la patente y ahorraríamos gran parte del dinero dándonos cuenta que en farmacia un 30% se va en distribución, un 30% en farmacia y un 30% en la farmacéutica productora. Si se distribuyen los medicamentos desde los centros sanitarios públicos, se ahorrarían una parte muy importante del gasto farmacéutico que podríamos dedicar a labores de prevención, de implemento de plantilla o construir infraestructuras donde hicieran falta.

Por la potenciación de la atención primaria de salud, con un mínimo del 25% del presupuesto sanitario.

La atención primaria debe integrar a la reproducción y la sexualidad, así como atención odontológica y gerontológica. Se debe potenciar un modelo centrado en la salud colectiva y no solo en la intención individual, dirigiendo esta hacia a la disminución de la medicalización. La atención primaria debe recuperar las actuaciones contra los productores de enfermedad, primando siempre el principio de precaución.

Con una atención primaria dotada de medios se podía haber contenido la pandemia, teniendo los materiales de protección y los materiales de investigación. Si se hubiera dispuesto de test se habían detectado a los positivos, haber hecho aislamiento individual, no en sus casas, para que no contagiaran a nadie, seguimiento de los contactos durante los 5 días anteriores del positivo, y si fuera necesario hacer test también, e ir haciendo periodos de cuarentena, se podría haber contenido las epidemias en barrios y pueblos y se habría evitado el espectáculo de la gente llegando en muy malas condiciones a los hospitales, bajando las tasas de mortalidad en un grado significativo.

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