El gobierno aprueba por primera vez una renta mínima en todo el Estado dependiente de la Seguridad Social, destinada a los hogares con muy escasos recursos, con el objetivo de reducir la pobreza y, en especial, la más severa. El coronavirus ha destapado la pobreza y las situaciones límite que afrontan muchos hogares en el país, a la vista en las largas colas de personas que han necesitado ayuda para comer durante la pandemia.
El ingreso mínimo vital también incrementará el dinero que reciben las familias sin recursos en algunos territorios. Como mínimo, para un hogar de una sola persona, alcanzará los 461 euros, los suelos mínimos de renta dependerán de los tipos de hogares, que desglosa la medida en 12 tipologías diferentes. El máximo llegará a algo menos de 1.100 euros para hogares con más miembros y entre ellos menores.
En algunas regiones ya existía un sistema de renta mínima similar dependiendo de los presupuestos de la Comunidad autónoma, pero el ingreso mínimo vital llega para actuar como un nuevo suelo o punto de partida que alcance a todas las personas independientemente de la región en la que vivan.
En Euskadi está establecida la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como derecho subjetivo por la LEY 18/2008, de 23 de Diciembre, vinculándola al 100% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia unipersonales y hasta un 135% en el caso de las unidades de convivencia de tres o más personas. El gobierno de Patxi López, rebajó estas cuantías en un 7% para el año 2012. Durante 8 años, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha tenido sobre la mesa propuestas políticas para derogarlo y devolver ese poder adquisitivo a los perceptores de prestaciones sociales, pero siempre las ha rechazado alegando motivos económicos, de forma que actualmente está desvinculada de las subidas del SMI.
A partir de ahora tanto Euskadi con la RGI, Nafarroa con la Renta Garantizada (Ley Foral 15/2016, 11 de Noviembre), así como el resto de las Comunidades podrán decidir cómo complementarla. Desde numerosos grupos sociales se ha criticado el endurecimiento de las condiciones para acceder a las mismas y se ha reivindicado la vinculación de la RGI y la Renta Garantizada al SMI entre otras reivindicaciones como la aplicación de la Ley de Vivienda vasca.
El ingreso mínimo vital, la RGI o la RG, debe ser el punto de partida hacia un modelo de Renta Básica de los iguales, que garantice la subsistencia en régimen de mínima dignidad material para el conjunto de sociedad, simplemente por el hecho de existir y debe ser un derecho humano.
