El 14 de Diciembre de 2006, se aprueba la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Protección de las Personas en situación de dependencia, se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano. Hasta la fecha no se ha garantizado la universalidad de acceso a los diferentes servicios, que son desiguales no sólo entre las comunidades autónomas, sino que también dentro de los municipios de las mismas comunidades autónomas.
Al Servicio de Atención a la Dependencia se accede mediante la aplicación de un baremo que determina un grado y nivel, en función de la puntuación obtenida. Este grado da acceso a un cierto número de prestaciones y servicios que varían de un nivel a otro. Para alcanzar estos convenios de prestaciones y servicios del segundo nivel, se crea el Consejo territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), como un organismo de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas y facilitar así que cada gobierno autonómico alcance su convenio con el Estado.
Los recortes en dependencia, como el resto de recortes aplicados al Estado del Bienestar, son consecuencia de la forma de abordar las dificultades presupuestarias derivadas, fundamentalmente, de la crisis financiera y económica posterior a 2008. Desde 2010, parece haberse puesto en marcha un proyecto de estado en el que los sucesivos gobiernos han participado, en mayor o menor medida, a instancias de las instituciones europeas a las que se solicita ayuda.
Los derechos sociales y económicos de los trabajadores, activos o pasivos, y de otros grupos y colectivos populares, se han ido reduciendo progresivamente mediante reformas recorte, laborales, de pensiones, sanitarias, … o de la dependencia. Todos estos recortes han seguido un modelo similar de reducción del gasto público a costa del Estado del Bienestar, a costa de salarios, pensiones o servicios sociales.
Los recortes han sido continuados y sostenidos, aunque en distintas fases y con intensidades diferentes. Las diferencias, estarían motivadas, entre otras causas, por el mayor o menor apremio de la crisis, por los diferentes compromisos sociales o políticos de los responsables en cada momento o por los distintos grados de contestación contra esos recortes.
Entre los principales recortes está el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, y la Ley Presupuestos Generales del Estado para 2012, 2013, 2014 y 2015.
Los recortes principales son los siguientes:
- Ampliación del plazo para resolver los expedientes
- Posponer el derecho a la prestación hasta la resolución que reconoce la cuantía de la misma
- Eliminación de los efectos retroactivos.
- Abrir para todos los grados la Prestación Económica Vinculada al Servicio como alternativa a la prestación del servicio, de menor coste para la administración pero de peor servicio para las personas
- Reducción del 15% del importe de las prestaciones
- Disminución de las intensidades horarias
- Suspensión de los conciertos con las Comunidades Autónomas.
Como consecuencia, desde 2012 al 2018 se han acumulado recortes presupuestarios para la dependencia por valor de 5.406 millones de euros. Por cada millón de euros que dedica el Estado a dependencia, las CCAA están dedicando 4 millones, produciéndose un deterioro progresivo de las prestaciones, los servicios y las condiciones de trabajo, debido al déficit financiero que aplica el Estado, incumpliendo lo que indica la propia Ley de Dependencia.
El 19,2% de las personas dependientes no reciben prestación teniendo derecho. 250.000 personas con una dependencia reconocida siguen sin ser atendidas, siendo especialmente sangrante en los grados dos y tres. 30.000 personas morirán a lo largo de 2019 sin acceder a la prestación, aunque tienen derecho reconocido a la misma.
Los recortes desde el 2012 no se han recuperado, lo cual ha generado carencias significativas en la calidad de los servicios y en las condiciones de trabajo, ratios, jornadas, salarios… que están quedando al descubierto en la actual crisis sanitaria.
Esta pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias de un modelo asistencial que hay que cambiar y por ello es necesario tomar medidas urgentes que deberán ser consideradas por los agentes sociales y políticos implicados para evitar, que lo sucedido con la gestión de la pandemia, no vuelva a repetirse.
