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Se consolida la grave Situación en el INSS ( Por la sección sindical de CGT INSS)

Plantilla insuficiente, más cargas de trabajo y la práctica desaparición de la atención presencial ponen en peligro el servicio público.

Desde  CGT ya denunciamos la situación y las consecuencias que, tanto para  la plantilla como para la ciudadanía,  va a representar la gestión del servicio antes y durante la pandemia que padecemos. Como era de prever, y así lo manifestamos desde CGT a la plantilla  a la Dirección y a la opinión pública, las consecuencias del semicierre del INSS durante el periodo de confinamiento se han hecho notar ya.

La implantación de un nuevo modelo de atención a la ciudadanía basado en la atención teléfonica y telématica ha supuesto a la ciudanía una carrera de obstáculos para la atención presencial. A pesar de la afirmación de la Dirección, recibida con estupefacción e incredulidad en los centros de trabajo, de que  se está atendiendo a un número de personas prácticamente igual que en el mismo mes del año pasado y que “por los números  que estamos manejando parece que pronto podremos conseguir una atención al público al mismo nivel que teníamos antes de la COVID 19” lo cierto es que la atención presencial se ha reducido a la mínima expresión.

Como consecuencia las personas necesitadas de un servicio eficiente y ágil y que coincide con el sector de la sociedad más vulnerable están viviendo una situación caótica que se refleja en frecuentes situaciones de tensión en las puertas de los CAISS por parte de las personas que se sienten desinformadas y desatendidas cuando no menospreciadas ante la impotencia de los trabajadores a quienes se alecciona para no dar citas presenciales salvo escasísimas excepciones. El INSS se encuentra cada vez más en el ojo del huracán de las denuncias públicas ante la dificultad que supone en estos momentos realizar cualquier tipo de gestión.

Aprovechando la coyuntura de la crisis del corona virus se implanta un modelo que aboca a la ciudadanía a la contratación de intermediarios pagados, gestorías, ante la evidente brecha digital que aún existe y a la imposibilidad de asistencia exigible a la administración, constituyendo en la práctica otra forma de privatización del servicio público. Es inadmisible que en esta coyuntura solo se ofrezca un número de teléfono que casi siempre comunica. Este modelo debe suponer una alternativa más y no una imposición y un recorte en la atención al público.

Frente a esto lo que se está llevando a cabo es un modelo similar al de los “Call Center” cuya única finalidad es la reducción de costes previsiblemente mediante la reducción de centros y personal ¿Cuántos CAISS desaparecerán?

A esta situación se suma el déficit crónico de plantilla  e incesante incremento de vacantes, fruto de una paupérrima oferta de empleo público en la última década y el progresivo envejecimiento del personal. Solo en Barcelona existen más de 100 vacantes y más de 2000 en el conjunto del Estado, lo que representa prácticamente una cuarta parte de la plantilla.

Como ejemplo la Improvisación y escasez de recursos ante el aumento de carga de trabajo que supone una nueva prestación de las dimensiones y complejidad que representa el Ingreso Mínimo Vital (IMV).  La respuesta  a este reto: subcontratar parte de ese servicio a una empresa externa y ofertar unas cuantas horas extras. Una auténtica bomba de relojería si se defraudan las expectativas generadas desde la clase política hacia el número de personas beneficiadas y los plazos de aprobación comprometidos. Más si se considera que la aprobación del IMV requiere de la coordinación entre las diferentes administraciones, central, autonómica, municipal, y organismos y de las dificultades añadidas que supone su utilización como arma política.

Ahora es el propio ministro quien  anuncia en los medios la “simplificación y mejora de los trámites, un nuevo plazo el 15 de diciembre para el reconocimiento de las solicitudes, y la contratación de mil funcionarios interinos que se destinarán al INSS por un plazo de entre 12 y 36 meses de duración, mientras que el personal que se había ofrecido de manera voluntaria ha renunciado en su mayoría a las horas extras. El ministro recomienda además “paciencia”, reconociendo de manera implícita una chapuza anunciada.

Soluciones ya:                  

Frente a la escasa dotación de recursos para afrontar la continuidad  de la prestación del servicio durante las medidas de confinamiento dictadas por el gobierno, la gestión del atraso del servicio provocado por estas medidas, la insuficiencia de plantilla, el aumento de las cargas de trabajo y los experimentos en la atención al público, urgen soluciones inmediatas para paliar y reconducir la situación creada hasta la fecha si no queremos vernos en una inminente situación de colapso, que sin duda será aprovechada por los sectores más reaccionarios para justificar la privatización de los servicios públicos en su propio interés.

Desde CGT proponemos, de nuevo:

La paralización de la implantación del nuevo modelo de atención al público, que en  la práctica está suponiendo para la ciudadanía una “misión imposible” el acceso al servicio público. Ni el INSS ni la sociedad están aún preparados, ni es el momento. Desde CGT defendemos que en todo caso debe ser complementario y no sustitutivo de la atención presencial. Se ha de incrementar y no recortar la atención presencial.

La contratación provisional de  personal funcionario interino necesario para abordar, tanto las nuevas prestaciones, como el aumento de carga de trabajo derivado de la ralentización del servicio producida durante los meses del confinamiento. Ese personal no debe ser por programa sino que todas las plazas deben salir a oferta pública. Se trataría de una solución provisional que debe ser corregida con una amplia oferta de empleo público y con la convocatoria de concursos de traslados con resultas reales para evitar que se sigan generando vacantes.

Desde CGT promoveremos todas las movilizaciones e iniciativas posibles para revertir esta situación.

Están en juego nuestras condiciones de trabajo y la defensa del servicio público.

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