Así se desprende del 7º informe ‘Privatización Sanitaria de las CCAA 2020’ elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en el que se han evaluado aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos y utilización del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma.
La privatización sanitaria se inicio en nuestro país hace tiempo. Poco después de de aprobarse la Ley General de Sanidad (1986) ya comenzaron a producirse fenómenos que favorecían la privatización sanitaria y cuestionaban el modelo de Sanidad Pública que propugnaba la LGS como la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (1990) y el Informe Abril (1991). La privatización que se ha extendido a todo el Sistema Nacional de Salud ha tenido una intensidad variable según las CCAA atendiendo tanto al grupo político en el gobierno como a otras circunstancias. Las privatizaciones se profundizaron y diversificaron a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central, y se han acentuado en la anterior legislatura, en gran parte aprovechando la excusa de la crisis económica
Es conocido que el gasto sanitario privado se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años, pasando el 24,6% del gasto sanitario total al 29,2% (OCDE 2019), y ello se debe a una bajada continuada de los presupuestos destinados a la Sanidad Pública que han pasado de ser el 6,78% del PIB en 2009 al 6,37% en 2019 (OCDE 2020). A la vez se ha producido una derivación creciente de los fondos públicos al sector privado deteriorando la Sanidad Pública y favoreciendo la búsqueda en el sector privado de las prestaciones que no se consiguen en la Sanidad Pública, lo que explica por ejemplo que los seguros privados sanitarios sean los que han tenido un mayor crecimiento ( en 2018, el 3,6% y el 3,01% en 2019) con un total de 10,587 millones de afiliados en 2019, a los que hay que sumar los 1,580 ,millones de personas provenientes del mutualismo administrativo. Igualmente se ha incrementado el gasto de bolsillo que paso de ser el 19,5% del gasto sanitario total en 2009 al 24,2% en 2018.
Los recortes y el deterioro de la Sanidad Pública, han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización
Obviamente este aumento de la provisión y el aseguramiento privado va unido a una mayor desigualdad y a exclusiones porque solo acceden a estas formulas las personas con mas recursos.
La falta de transparencia informativa es uno de los grandes déficit de nuestro sistema sanitario, por lo que resulta complicado obtener datos concretos de las administraciones sanitarias y mas aún si se pretende que sean homogéneos para todas las CCAA. A pesar de ello nuestros resultados coinciden con los de otras publicaciones que señalan también estas limitaciones.
Con estas restricciones, desde la FADSP venimos analizando anualmente, con los datos disponibles, el grado de privatización de los servicios sanitarios de las CCAA para establecer las diferencias que pueden existir en este aspecto.
No obstante merece la pena señalar que hay algunos motivos para la esperanza como ha sido la reversión del hospital de Alzira el 1 de abril de 2018 a la red sanitaria pública y el compromiso de hacerlo con los hospitales de Denia y Torrevieja este año. Esta recuperación evidencia que la clave de la privatización / desprivatización sanitaria esta básicamente en la voluntad política de las administraciones públicas y sus gobiernos.
RESULTADOS SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ESTUDIO REALIZADO
Todas las CCAA, han obteniendo un resultado promedio de 18,40 puntos sobre un máximo de 29 puntos posibles, con una ratio máximo/mínimo de 2,54.
Después de calcular los percentiles de los resultados obtenidos, se clasifican las CCAA en tres grupos: alto grado de privatización (igual o mayor al percentil 75 = 22), privatización intermedia (entre percentil 25 y 75) y bajo grado de privatización (menor del percentil 25=14,5)
CCAA con un elevado grado de privatización:
- Madrid 28
- Cataluña 26
- Baleares 23
- Canarias 22
CCAA con un grado intermedio de privatización:
- País Vasco 20
- Galicia 19
- Navarra 19
- Andalucía 17
- Valencia 17
- Asturias 16
- La Rioja 16
- Castilla y León 15
- Castilla la Mancha 15
CCAA con bajo grado de privatización:
- Aragón 14
- Murcia 14
- Cantabria 12
- Extremadura 11
Informe completo en :
