El pasado 26 de octubre compareció en el Parlamento Vasco la Consejera de “Igualdad, Justicia y Políticas Sociales”, Beatriz Artolazabal, para dar cuenta de los compromisos, objetivos y líneas de trabajo de su Departamento.
Sólo dedicó 1 minuto de los 75 minutos de su intervención a los centros residenciales de personas mayores y, por lo tanto, al cuidado de 18.000 personas residentes al cargo de 13.000 trabajadores/as
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Pero dejó varias perlas. En su primera intervención dijo que “había que fortalecer el sistema vasco de servicios sociales con prevalencia de la gestión pública directa y a través de la iniciativa social”. Pero en la respuesta a las intervenciones y preguntas realizadas, negó lo anterior, al decir: ”Quizás haya quien considere que todos los cuidados deben provenir de la Administración y que todos los servicios han de ser de gestión pública, en todo caso, ese modelo está tan lejos de ser sostenido económicamente, que es difícil hacer demagogia sin que resulte evidente, ¿verdad?“.
El Movimiento de Pensionistas pregunta a la Consejera del G.V. de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Sra. Artolazabal: ¿Quién hace demagogia? ¿Con qué nos quedamos, gestión pública sí o no? y considera que en su anterior mandato ya dejó claro que su modelo no es el de gestión pública, que miente, ya que para esta Consejera y su Gobierno, reforzar el sistema de servicios sociales públicos no es sostenible. Pero para las personas mayores y la gran mayoría de la sociedad es una imperiosa necesidad que en esta pandemia ha quedado aún más evidente.
Segunda perla: “En un contexto de envejecimiento progresivo de la población debemos promover un nuevo equilibrio en el cuidado institucional y familiar, en favor del primero y reforzar la acción comunitaria, en mayor medida que la residencial, invirtiendo la pirámide”. Para en su segundo turno responder: “¿Merecería la pena que perdiéramos el cuidado de las familias o solidaridad organizada de la sociedad civil?”
Ciertamente el cuidado y la relación familiar, al igual que la solidaridad organizada de la sociedad civil es importante. Pero el problema al que no responde, ni quiere responder la Sra. Artolazabal es que durante prácticamente toda la vida y al día de hoy, ese cuidado recae en las mujeres de la familia, con ayudas económicas muy pequeñas, o en mujeres emigrantes en condiciones económicas y de trabajo deplorables. A la Sra. Artolazabal y a su gobierno no les preocupa este problema, sino que con este modelo buscan reducir drásticamente el gasto público que corresponde a las instituciones.
La Sra. Artolazabal también se permitió decir que las “las residencias no están haciendo aguas”. Al parecer, que más de 150 personas residentes hayan fallecido en la CAV, desde el inicio de la segunda ola de la pandemia, no es ningún problema para ella.
De lo que no cabe duda es que las deficiencias ya denunciadas y las exigencias de medidas para superarlas por parte de los estamentos sanitarios y socio- sanitarios, sindicatos del sector, asociaciones de familiares de residentes y el movimiento de pensionistas vasco, no acaban de adoptarse. No es casual que los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza, junto con todo el sector de servicios subcontratados, hicieran un día de huelga la semana pasada en Araba, el jueves día 5 en Gipuzkoa y en Bizkaia está prevista el día 12. También el miércoles día 4 se llevaron a cabo diversas concentraciones ante los ambulatorios, que se repetirán el próximo miércoles. Concentraciones en las que está teniendo una participación significativa de gente del movimiento de pensionistas. La pelea para que las instituciones asuman sus responsabilidades y adopten soluciones, da la impresión que va para largo.
