Existe una responsabilidad exigible judicialmente, en relación a las muertes y enfermedades causadas por la Covid-19 en las residencias de personas mayores. Son más de 370 residencias investigadas, lo que obliga a toda la sociedad a reflexionar sobre la responsabilidad de las administraciones y las empresas privadas, encargadas de gestionar los servicios y la necesidad de tomar medidas para que no se vuelva a repetir.
Las cifras son aterradoras. Así, a nivel de Estado han fallecido por coronavirus diagnosticados por PCR 27.940 muertos a 21 de mayo, de los cuales 16.746 en las residencias. En la CAV; 1.483 personas fallecidas en total, de las cuales 473 en residencias. Bizkaia ha registrado 277 casos, a los que agregar 247 fallecimientos confirmados con Covid-19, como otros 30 casos sospechosos. Al menos 140 de los fallecidos con COVID-19 estaban en residencias en Araba y 167 en Gipuzkoa. En Navarra; 458 fallecidas de las cuales 395 han fallecido en residencias, o procedentes de ellas.
Recursos humanos y materiales insuficientes.
Las últimas semanas se han evidenciado trágicamente las consecuencias de la mercantilización de la actividad del cuidado y la atención a las personas mayores. En numerosas residencias existe un ambiente masificado y deshumanizado, construido con criterio de ahorro de recursos, no de prestación de servicio de calidad. Así, estos días se ha probado que la realidad de muchos de los centros geriátricos y residencias está conformada por la falta de personal, agravada en este caso por la no sustitución del personal de baja, y el incumplimiento de las ratios exigidas de cuidadoras por residentes.
El resultado también es que miles de personas han muerto en la más completa soledad, o que miles de profesionales se han visto obligados a trabajar en condiciones de enorme riesgo, poniendo en peligro su propia salud y la de sus familiares.
En muchos centros se incumplían las normas especiales de higiene destinadas a prevenir la propagación de la Covid-19, (tanto las referentes a la higienización del espacio como las relativas a la obligación de dotar a los trabajadores/as de protección adecuada y suficiente) y no se desarrollaban políticas efectivas de aislamiento de los residentes susceptibles de estar afectados, ni se aplicaban los protocolos para derivar a estas personas a centros hospitalarios, donde poder ser atendidas con unas garantías que las residencias no pueden ofrecer.
La responsabilidad de las empresas y administraciones.
Existe un déficit estructural que, en el caso de los centros privados y concertados, está motivado por la voluntad de las empresas gestoras (en muchos casos grandes grupos multiservicio) de optimizar el beneficio económico y, con respecto a los centros públicos, en la insuficiente dotación presupuestaria y la falta de inversión por parte de las administraciones.
Así, del gasto público directo en dependencia en 2019, la Administración General del Estado soportó el 20% y las comunidades autónomas el 80% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50% que marca la Ley. Desde 2012 al 2018 se han acumulado recortes presupuestarios para la dependencia por valor de 5.406 millones de euros. Del total de gasto directo anual (8.250 millones), el copago supone ya un 20,6%; el gasto de las Comunidades Autónomas un 63,2% y la aportación Estatal se reduce a un ridículo 16,1%. Los recursos destinados por el Estado para la dependencia alcanzan el 0,7% del PIB. En Suecia este porcentaje supone el 3,2%.
La inversión en servicios de atención a la dependencia en el conjunto de las administraciones se mantiene por debajo de la media europea y en el caso de Navarra y la CAV muy por debajo de países con similar renta per cápita a la nuestra. En la CAV hay 19.900 plazas residenciales, 4,1 plazas por 100 personas mayores de 65 años; la OMS fija un ratio de 5 plazas por 100 personas mayores de 65 años. Esto supondría crear 4.300 plazas residenciales más en la CAV y 1000 más en Navarra. El 19,2% de las personas dependientes no reciben prestación teniendo derecho a ella.
La privatización de los servicios de atención a la dependencia en Euskal Herria.
En la CAV el porcentaje de residencias en manos privadas asciende al 75% y en Navarra es del 57%.
Un ejemplo avanzado de las estrategias privatizadoras está en Bizkaia, donde la iniciativa privada se ha hecho con el sector. El número de plazas públicas no llega al millar de las 10.748 disponibles.
Detrás del concepto de iniciativa privada existe en realidad un oligopolio de multinacionales, que mediante fusiones y actuaciones de compra-venta de los fondos de inversión se están haciendo con un porcentaje cada vez más alto de los servicios residenciales y la atención domiciliaria.
A este incremento de la penetración privada en el sector no son ajenas las prácticas de puertas giratorias de conocidos personajes de la política.
Quien es quien en el sector privado.
Entre 2014 y 2017 DomusVi, la 1ª corporación privada en el Estado y 3ª en Europa, ha incrementado sus beneficios, antes de impuestos, un 160%, tal como consta en su información pública, principalmente por las inversiones en residencias del estado español.
Esta empresa controla 140 residencias en el Estado y 20.000 camas. Le siguen en el:
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PUESTO |
EMPRESA |
RESIDENCIAS |
CAMAS |
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2º 3º 4º |
ORPEA AMAVIR VITALIA |
50 43 40 |
8.000 8.000 6.600 |
(Ref. El País 19-04-2020)
En Araba, las 3.072 plazas privadas se las reparten entre: Caser, DomusVi, Colisée-La Saleta, Sanitas, IMQ Igurko.
En Bizkaia, las cerca de 10.000 plazas privadas se las reparten Gesca (Igurko, Urgatzi); Lares, ligada a la Iglesia; Elbe (DomusBi…) y recién llegados como Caser, Bellesol, Care… ( El Correo de 19-04-2020).
Como se puede comprobar, Fondos de inversión y corporaciones trasnacionales han encontrado en la atención a la dependencia de las personas mayores una formidable fuente de negocio.
El beneficio empresarial se obtiene de la financiación pública, la calidad de los servicios, las condiciones de trabajo y el copago de las personas asistidas. En el sector público el coste a cargo de los usuarios del servicio residencial es del 80% de la pensión, mientras que en el sector privado el coste se duplica o triplica. En el sector público el coste de personal representa entre el 70% y 80%, en el sector privado alcanza el 50%.
Es necesario cambiar el modelo asistencial de las personas con discapacidad.
Esta pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias de un modelo asistencial que hay que cambiar y por ello es necesario medidas urgentes, que deberán ser consideradas por los agentes sociales y políticos implicados.
Nadie deberá hacer negocio con nuestra salud y nuestras vidas. Para ello, se debe desarrollar de manera prioritaria una red de servicios Socio Sanitarios Universales y Públicos, integrados en Osakidetza y Osasunbidea y sustitutivos de la iniciativa privada.
