Un inicial 155 blando sumado a una posterior coz de la Fiscalía y la Audiencia Nacional contra un Govern y un president de la república catalana a buen recaudo, mientras el partido que les sustenta acepta las elecciones de la monarquía, es un maremágnum de proporciones bíblicas que no augura nada bueno para los nuevos súbditos.

Un extraño viaje a ninguna parte que redundará en la vuelta al redil de las dos tramas corruptas en conflicto: el PP de la Gürtel y los ex-independentistas sucesores del partido del tres por ciento. Se reedita así aquella escena de la transición que echó a andar cuando el PSOE histórico, republicano en el exilio, fue suplantado por el PSOE del interior, monárquico y renovado.

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<<La tradición de las generaciones muertas oprime

como una pesadilla el cerebro de los vivos>>

(Carlos Marx. El 18 Brumario de Luis Bonaparte)

La cultura política de los partidos comunista dispone en su arsenal de primeros auxilios de un contundente exorcismo para descalificar a la izquierda que ose cuestionar su supremacía ideológica. “Desde un punto de vista objetivo, hacen el juego a la derecha”, es la frase talismán con la que estigmatizan a sus oponentes. “Objetivamente”, o sea, sin que lo sepa el sujeto. Tanto el que da como el que toma. Y por tanto sin achaques de problemas de conciencia. En sí y no para sí.

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Al final Puigdemont superó el efecto Tsipras. A la tercera fue la vencida. Empezó dejando en suspenso el “mandato popular”. Siguió con un guiño de pacto al Estado con nuevas elecciones. Y finalmente, en el rebote, formalizó la declaración de independencia en forma de república. El viernes 27 de octubre, en paralelo a la aprobación del artículo 155 por el Senado. Y mediante votación secreta de 70 papeletas a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, porque el bloque constitucional había abandonado la cámara en señal de protesta. Una torpe decisión fruto del cabreo que impidió demostrar que la desconexión con el Régimen del 78 se había consumado por la exigua diferencia de 8 votos.

Y ahora qué: monarquía constitucional frente a república constituyente. Un inédito en los anales de la Unión Europea (UE) en su hora más decisiva. Una UE que ha visto, por primera vez desde que se formó como marco supranacional, con pérdida de soberanía aceptada por los Estados concursantes, una regresión micro hacia escalones inferiores a esa escala estándar. Enorme papeleta.

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Una magistrada de la Audiencia Nacional (AN), Carmen Lamelas, ha cometido la proeza de meter en la cárcel madrileña de Soto del Real a dos ciudadanos activistas de la sociedad civil. Con un auto revelador de la larga sombra que proyecta sobre esa jurisdicción su predecesora en el tiempo: el Tribunal de Orden Público (TOP) franquista.

Porque el delito de sedición que Lamelas tipifica, aplicado a dos paisanos que ejercen su derecho a la protesta contra actos de despotismo estatal, supone una clara recepción de la legislación penal de la dictadura en la democracia. La justicia que agrada al príncipe, ejecutada por una operadora jurídica fogueada en el equipo del ex ministro socialista Francisco Caamaño en la etapa de Rodríguez Zapatero.

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El autor reivindica un anarquismo social que busque confluencias con otros movimientos y tenga capacidad de incidencia en la cotidianidad de la sociedad y del mismo proceso de independencia que vive actualmente Cataluña.

No tengo ni idea de cómo acabará este conflicto sobre la independencia de Cataluña, y no quiero creer en la razón, porque la razón es siempre por el más fuerte o por quien se esconde de las realidades; pero da la mosca en la oreja que este conflicto, en el momento en que se encuentra, cada vez puede ser más transversal e interesante si los ahora intermediadores que se reclaman, al menos por la parte de la Generalitat, de la Iglesia y otros, no tienen el efecto esperado, como es de prever en el caso de la España eterna que parece que continúe en el siglo XIX. Por este motivo, habrá mucha imaginación para contrarrestar la violencia que son capaces de legitimar estos gobiernos.

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El criterio para juzgar el estado de democratización logrado en un país,

ya no es establecer “quienes”, sino “dónde” pueden votar” votar

(Chantal Mouffe)

Buena parte de la gran banca española y de las multinacionales están en procés de deslocalización. De la Catalunya del 1-O a la España del ¡a por ellos, oe, oe, oe¡ Empresas como Aguas de Barcelona, Gas Natural Fenosa y el Banco de Sabadell y Caixa Bank han puesto en marcha un plan de fuga masivo desde la periferia al centro. Afirman sus voceros que es para proteger a los clientes e impositores de las turbulencias que pudiera provocar la prevista declaración de independencia. O sea, se sacrifican por nuestro bien.

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Tal como está escrito, y sobre todo si se lee a la ligera, el Manifiesto puede gustar a bastante gente: a quienes no desean enfrentamientos con resultados impredecibles, a quienes temen un conflicto civil, a quienes rechazan que se les utilice por uno u otro partido político, y, sobre todo, quienes se piensan tolerantes y se sienten cómodos en la equidistancia.

Se está difundiendo ampliamente una convocatoria con el título “¿Hablamos?”, que llama a concentrarse el sábado próximo ante los ayuntamientos con banderas o camisas blancas para respaldar la idea de que “España es un país mejor que sus gobernantes” y de que hace falta “hablar”. Nadie firma el Manifiesto, que parecería como si hubiera brotado de las piedras o hubiera surgido por generación espontánea.

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El Tribunal Constitucional se ha superado a sí mismo. Purgó el articulado de un Estatut que llevaba tiempo aplicándose con eficacia jurídica. Y ahora impone una prohibición sobre algo que no existe más que en grado de tentativa.

Cuando en la etapa de Felipe González el Estado hizo uso de la violencia ilegítima para combatir el terrorismo de ETA, se contaminó con el mismo virus que decía querer evitar. Aquel terrorismo de Estado suponía poner a las instituciones fuera de la democracia que decía representar el gobierno socialista.

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