EL CETA ha sido acordado ayer en el Senado con el apoyo del PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT. El PSOE ha vuelto a abstenerse. Unidos Podemos ha votado en contra.
El PP con la mayoría absoluta ha aplicado el rodillo, desoyendo la solicitud de multitud de ayuntamientos, parlamentos autonómicos y sociedad civil que han pedido su paralización y el acceso a información adicional.
El tratado ya tenía el visto bueno del Consejo Europeo, el Europarlamento y el Congreso de los Diputados, y ya lleva casi un mes en vigor, de forma provisional. Un procedimiento similar está transcurriendo paralelamente en otros países europeos, aunque hasta la fecha sólo ha sido ratificado en seis países.
El gobierno de Bélgica ha remitido el CETA al tribunal Constitucional para que aclare si cumple con el marco legal de los 28 -en virtud de su acuerdo con el Ejecutivo de la región belga de Valonia-, en España Congreso y Senado han rechazado remitirlo al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie sobre su legalidad. Unidos Podemos han criticado que el PSOE no apoyara el envío del CETA al Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta la existencia de estas “dudas jurídicas”.
La Campaña Estatal No al TTIP se muestran favorables a cualquier medida que permita paralizar un tratado que consideran peligroso, y fuentes del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea en el Congreso aseguran que estudiarán todos los escenarios posibles.
