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El 29 de marzo de 2012 las calles de Barcelona vivieron un día de huelga general, de las más intensas y multitudinarias de los últimos años. Veníamos del 15M y de movilizaciones de barrios y pueblos con una fuerte coordinación. El contexto social del momento era de tensión, dolor y rabia permanentes debido a los ataques vividos y percibidos por la gran mayoría de la población.
En ese contexto luchábamos contra la dictadura económica impuesta por Europa y España. Una dictadura económica que recortaba derechos sociales y laborales, queriendo soslayar sistemáticamente las conquistas de derechos conseguidos, mientras que paralelamente se rescataban los bancos y las élites económicas y sociales se fortalecían.
Tanto durante la huelga, como en los meses posteriores, pudimos ver como gobierno, mozos y medios de comunicación construían la alianza para crear terror e inseguridad social, criminalizando los movimientos sociales y políticos, descontextualizando la autodefensa y mostrando las movilizaciones como puro vandalismo, intentando mostrar una división entre ciudadanos de bien y incívicos.
No olvidemos quien ejerce violencia a diario, y quien sufre las consecuencias. No olvidemos cuáles son los motivos por los que se hizo huelga, y por los cuales volverá a haber. Aquel día salíamos a las calles para defendernos, salíamos a las calles porque no sólo vivíamos una situación de recortes sociales y laborales constantes, sino también porque estábamos hartas de ver como día a día se pisaba, y se pisa, cualquier intento de cambio e ilusión por el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.
Aproximadamente un mes después de la huelga general se inició un proceso policial de persecución e identificación de personas que habían participado a la huelga y que culminó con su detención. Muchas de las personas detenidas fueron identificadas a través de los conocidos ficheros ilegales de los Mossos d’Esquadra, ficheros en los que tienen registradas a personas activas en movimientos sociales. Fueron detenidas respondiendo a un interés *politico-policial de atemorizar, aislar y criminalizar a aquellas que no se resignan. Mientras los auténticos culpables siguen impunemente en la calle, nosotros nos enfrentamos a juicios, prisión, persecuciones y multas.
En este contexto, las personas que participaron a la huelga se los piden penas de prisión de 6 años y un total de 200.000 euros de 70.000 euros de responsabilidad civil donde se persona como acusación el consorcio de seguros representando al Starbucks y la Generalitat. No olvidamos que hace 5 años era el Gobierno de la Generalitat quién cargaba contra las personas que luchábamos.
https://29m.sants.org/revifem_la_flama/
Twitter: @revifemlaflama
