Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
En estos días estamos asistiendo a un “espectáculo especial” que parece que se nos escapa: las redes y su influencia para manipular las cosas y los acontecimientos. No se habla mucho de ello. Se habla de la pandemia y ahora que “han decidido” que “la famosa curva está descendiendo” nos empiezan a hablar de cómo va a ser nuestra vida a partir de esto. ¿De qué es lo que no se habla?
El secretario general de la Confederación General del Trabajo teme que los nuevos Pactos de la Moncloa sirvan para eliminar derechos laborales y sociales, denuncia que las medidas tomadas hasta ahora repercuten en el bolsillo de la clase trabajadora y reclama una renta básica como solución inmediata a la crisis abierta por el coronavirus.
Cuando hace casi cuatro semanas el gobierno español decretó el Estado de alarma, todo el sindicato se puso en marcha. El miedo y un torrente de medidas de los distintos gobiernos empezaron a ir de la mano. Mientras, como quien pesca, los dueños de las empresas comenzaron a maquinar cuál era la mejor forma de sacar provecho a la nueva situación. No podíamos hacer asambleas ni reuniones de ningún tipo, aunque paradójicamente continuaba pudiéndose amontonar en centros de trabajo, en oficinas o en fábricas diversas. El estado de alarma ha sido una buena excusa para sacarnos las herramientas que siempre han sido nuestros medios de lucha: asambleas, huelgas y acción directa .
Mediante auto del 7 de abril de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima por primera vez en Cataluña, la demanda cautelar respecto al acceso al material necesario para su protección (EPIS), a todo el personal sanitario de la provincia de Tarragona que forma parte del ICS, representados por nuestros servicios jurídicos (Bito Abogados).
Los tiburones financieros están saqueando la economía real, hundiendo las bolsas mundiales y comprando con una depreciación total, mientras estamos en confinamiento, y solo nos hablan de COVID-19. Actualmente EEUU ve como se ha ido hundiendo su sistema monetario y económico llevando a la destrucción progresiva de los “viejos petrodólares” y la bajada brusca de la “demanda de dólares”. Un nuevo sistema económico está viendo la luz, ya que el eje económico se ha desplazado.
El listado de actividades esenciales reguladas en el Real Decreto 10/2020 no ha aportado muchas garantías reales. Hay actividad industrial que se niega a colaborar a detener la crisis sanitaria, y que mantienen sus instalaciones abiertas, con los consiguientes posibles riesgos de contagio. Su negligencia (que les aportará beneficios económicos) llenará nuestros centros hospitalarios con infectados día a día. La falta de control del cumplimiento de los Reales Decretos otorga impunidad a las mercantiles que han decidido no cesar la actividad.
La Unión Europea se enfrenta a la crisis del coronavirus sin haber solucionado las secuelas de la recesión anterior de 2008, y con la división abierta entre Norte y Sur. Los países acreedores no solo continúan negándose a establecer cualquier instrumento que tenga una función redistributiva y compense las desigualdades y desequilibrios creados por la Unión Monetaria, sino que también rechazan cualquier forma de mutualización del riesgo es el «sálvese el que pueda».
Entrevista a Noam Chomsky sobre la pandemia
El Covid-19 ha tomado el mundo por asalto. Hay cientos de miles de personas infectadas (posiblemente muchas más que los casos confirmados), la lista de muertes crece exponencialmente y las economías capitalistas se han estancado, lo que hace prácticamente inevitable una recesión global. Según Noam Chomsky, los científicos llevan años avisando de la aparición de una pandemia, pero para el sistema capitalista la prevención de una catástrofe no produce beneficios.
En este artículo se analiza las consecuencias que puede traer la edición de unos nuevos Pactos de la Moncloa, que supusieron de hecho una constitución económica que nunca fue sometida al refrendo de la ciudadanía, donde se cumplieron más en lo que afectaba a la modernización de la economía de libre mercado que en lo que concernía al ámbito social, con el peligro de detraer recursos a las nuevas generaciones.
Artículo de varios colectivos sociales y ecologistas donde denuncian el despliegue de la infraestructura de la tecnología 5G y el “Internet de las Cosas”, aprovechando la actual crisis sanitaria, tecnología que el propio Defensor del Pueblo ha señalado como carente de las necesarias garantías ambientales y sanitarias. Hoy por hoy la única defensa contra el coronavirus es nuestro sistema inmunitario y por el confinamiento estamos bajo la continua exposición a radiofrecuencias provenientes de sistemas wifi, móviles y otros aparatos electrónicos domésticos que afectan a todas las personas, siendo los niños y niñas las más vulnerables.
A nadie se nos escapa que asistimos a un escenario de enorme gravedad a nivel sanitario. Muchas personas están padeciendo a causa del Covid-19. En primer lugar las personas enfermas y las que han muerto. También las que pierden a sus seres queridos en un contexto en el que ni siquiera el duelo se puede llevar a cabo de una forma digna. Quienes soportan el confinamiento, sobre todo la infancia. Por supuesto, quienes se ven en una situación de ERTE, quienes dejan de percibir su salario por trabajar en la economía sumergida a causa de no tener papeles, quienes viven en prisión, en un CIE, en una residencia de mayores,…
Carlos Taibo reflexiona en voz alta sobre las tareas mayores que las gentes que siguen creyendo en la autogestión, en la acción directa y en el apoyo mutuo, deben poner en práctica, de forma urgente como: Ejercer la solidaridad, recuperar las prácticas del sindicalismo de combate, defender lo público, denunciar el espectáculo de la política al uso, recelar de la idea de que el capital todo lo puede y todo lo controla y procurar el acercamiento entre las gentes que creen en la autogestión, en la democracia directa y en el apoyo mutuo.
Stop Desahucios de Euskadi valora positivamente la suspensión de los desahucios durante seis meses, para hogares vulnerables afectados por el coronavirus, y la prorroga automática de los contratos de alquiler durante el mismo tiempo. Pero les parece inaceptable que en lugar de condonar las rentas de bancos, fondos buitre, y grandes inmobiliarias del alquiler, como es el caso de las 320 viviendas de azora en donostia, se les permita decidir entre una quita del 50% o el pago aplazado de la deuda y es un escándalo que se les pueda pagar el alquiler con dinero público si al final los inquilinos no pueden hacerlo.
Las nuevas medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico que el Consejo de Ministro aprobó este martes para hacer frente al COVID-19, se contemplan en el Boletín Oficial del estado del Estado de hoy Miércoles 1 de abril, por su carácter social destacamos las Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables, Medidas de apoyo a los autónomos y Medidas de protección de los consumidores
En este artículo de opinión Rafael Cid denuncia que los de siempre se lleven los beneficios mientras nosotros cargamos con las pérdidas, la socialización de la estupidez, el avasallamiento del sentido común, que se vuelve a poner de moda la centrifugación de la responsabilidad, se nos impone la jerarquía, el verticalismo y el autoritarismo piramidal de arriba-abajo cuando vienen mal dadas para el poder, que Interior recomienda a la policía emplear la ley mordaza y de propina nos avisan que todos vamos a estar geolocalizados a través de los móviles.
Este vídeo de Octuvre.cat explica de manera clara y precisa cómo el diario El País (grupo PRISA) blanquea a bancos y empresas del Ibex35, como BBVA, Iberdrola, Inditex, Santander y telefónica. Donan 150 millones a la sanidad pública para material médico. Si alguien todavía cree que las “donaciones” de algunos bancos y empresas son un gesto altruista comprobará cuán equivocado estaba. Todas estas empresas tienen beneficios multimillonarios gracias a la crisis del 2008. Ahora se están preparando para aprovecharse de la crisis del coronavirus.
CGT exige que aquellas personas que deban ir a trabajar, por fuerza mayor, deben garantizarles los medios adecuados de protección ya que la salud es mucho más prioritaria que defender los intereses de las empresas, que es una cuestión de extrema urgencia paralizar la actividad en todas las empresas y servicios no esenciales para la vida de las personas. Pide reconvertir la producción en todas las empresas donde sea técnicamente posible, para que fabriquen los materiales necesarios para luchar contra el coronavirus y que se implemente una Renta Básica de las Iguales (REBis).
En este artículo de opinión, Adoración Guamán Hernández y Juan Torres López consideran imprescindible que el gobierno garantice que las empresas que entran en inactividad a causa del confinamiento generalizado no realicen los despidos que en este momento se siguen produciendo. Hay que salvar a las empresas, desde luego, pero no al precio de que aprovechen la situación para realizar ajustes oportunistas de empleo y proponen lo que ya se ha establecido en otros países como en Italia, donde se ha decretado la prohibición del despido durante 60 días.
STOP DESAHUCIOS DE EUSKADI valora positivamente que todas aquellas personas que se hayan quedado en paro, que interpretamos son los que han perdido su empleo, al margen de que cobren prestación o no, o que acrediten agravamiento de su vulnerabilidad como consecuencia del coronavirus, puedan solicitar, online o por teléfono, la exoneración de las cuotas de alquiler y gastos de comunidad correspondientes a los meses de abril y mayo, con posible prórroga a junio.
Estamos recabando el apoyo de las organizaciones sociales y de individualidades para empujar juntas por el reconocimiento de derechos, especialmente para los colectivos que se verán más golpeados por esta crisis.
Si estáis de acuerdo, enviadnos vuestra adhesión lo antes posible al siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7l5rJlCqK-VVGwV5ynY45zMcaJ766phkUpLPmG6CnWqRdJg/viewform
Los profesionales de Osakidetza han puesto en marcha una recogida de firmas a través de las Peticiones de la Comunidad de AVAAZ con el siguiente encabezamiento:
ES INDISPENSABLE DECRETAR UN CONFINAMIENTO TOTAL Y ABOGAR POR EL CESE COMPLETO DE TODA ACTIVIDAD NO ESENCIAL DE MANERA URGENTE
En la página Web:
El impacto del coronavirus en la economía vasca es más fuerte cada día que pasa. Ya son casi 10.7000 las empresas que han presentado un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), lo que afecta a 80.979 trabajadores, casi 18.000 más el martes. A los trabajadores en ERTE hay que sumar los despidos directos: en lo que va de mes de marzo ya se contabilizan 9.000 desempleados más que en febrero.
Nos han informado de que los teléfonos que facilita la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no funcionan. No obstante, han habilitado el siguiente enlace para solicitar el paro en caso de despido, dado que las oficinas permanecerán cerradas de cara al público durante el Estado de Alarma.
No hay que ser anarquista para percibir que, aquí y ahora, el Estado español es una entelequia. Desde que lo formulara Thomas Hobbes en su Leviatán, la institución Estado, concebida como autolimitación de la soberanía de los individuos en favor de un ente suprapersonal que garantizara la seguridad colectiva, el contrato social ha sido la legitimidad con que se han gestionado nuestras comunidades. Un reloj bien engrasado a la hora de proteger los intereses de los poderosos
Recordaremos esto. Mujeres y hombres haciendo acopio de lentejas en el súper como androides ataviados para una distopía ciberpunk; bastardos que trafican mascarillas; chivatos de balcón (¿es que no hay bastante policías?); trabajadores obligados a acudir sin protección a su empleo y días, horas, segundos, como muros de un presidio enmarcados por postales del Ejército italiano transportando ataúdes desde el trascenio de las morgues lombardas.
El objetivo de este artículo es analizar brevemente las medidas adoptadas por el Gobierno español y, a la luz de su palmaria insuficiencia, proponer la implantación de una renta básica de ciudadanía, una renta básica de cuarentena, como ingeniosamente ha sido llamado ya por distintos autores y autoras. Cuando la Comisión Europea se ha visto obligada este viernes a proponer al Consejo Europeo la suspensión de facto de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es que la situación es extraordinaria. Poca excusa tienen los gobiernos para no entrar en materia.
Esos tres condicionantes (que, donde, cuando) han sido el macizo de la estrategia comunicativa de Pedro Sánchez desde que inaugurara sus comparecencias televisivas para explicar las acciones del gobierno contra el COVID-19. Y en la última de la noche del sábado 21 de marzo tampoco erró. Precisamente la jornada en que, al cumplirse casi dos semanas de las multitudinarias manifestaciones del 8-M, las cifras de contagiados y muertos habían dado un salto exponencial, sobre todo en la capital, epicentro de la convocatoria.
Vivimos circunstancias extraordinarias que exigen a las administraciones públicas enfrentar la actual crisis de salud pública y amparar a los colectivos más vulnerables de la sociedad.
Especialmente a los que están viviendo de alquiler, dedican más del 40% de sus ingresos a gastos de vivienda, y viven amenazados por el riesgo de desahucio.
El Movimiento de Pensionistas con motivo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus hacemos llegar a todas las personas y especialmente a personas pensionistas y mayores las siguientes consideraciones:
La prioridad en estos momentos es conseguir revertir la curva de contagios y debemos cumplir con las medidas adoptadas con tal motivo por las autoridades sanitarias y especialmente quedarnos en casa. Por solidaridad colectiva quedémonos en casa.
El coronavirus va a golpear especialmente a aquellos que ya se encuentran en dificultades. Esto incluye a los refugiados que se encuentran en nuestras fronteras exteriores, a las personas sin techo, mayores y enfermas.
El coronavirus puede hacer que nos olvidemos del sufrimiento de aquellas personas que buscan protección, de la violencia y del desastre humanitario. Es por ello que es fundamental mantenernos unidos, ahora más que nunca.
Salvo los funcionarios y asimilados (policías -nacionales o autonómicos-, guardias civiles, militares de la Unidad Militar de Emergencia (UME), agentes municipales, conductores de autobuses públicos y de suburbanos, etc.), que con sus propias casuísticas tienen más o menos asegurado sueldo y empleo, son la inmensa tropa de los trabajadores autónomos (los no empresarios) los que están sufriendo con más crudeza los efectos de la emergencia sanitaria.
La Red sindical internacional de solidaridad y lucha expresa apoyo a los obreros y los trabajadores que están en huelga en Italia. El gobierno, escuchando las solicitudes de los empresarios y los banqueros, frente al drama de la difusión del coronavirus, decidió cerrar las pequeñas actividades comerciales, los bares y los restaurantes… pero dejar abiertas las fábricas, los supermercados, los call center, los bancos y de dejar activos los trenes y los autobuses. ¡Todo lo que sirve para los provechos de los capitalistas!
La gran derivada de la crisis sanitaria es su impacto económico. Gran parte de los negocios y sectores están parados, y no se sabe por cuánto tiempo será así, por lo que cabe temer que tras la pandemia del coronavirus llegue, otra vez, la de los despidos. La desprotección y la precariedad que el Gobierno del PP dejó en herencia a los asalariados es altamente contagiosa. La tendencia ya ha resurgido con ERTEs masivos de personal en escuelas infantiles, comedores escolares, extraescolares y servicios auxiliares. No cabe esperar una reforma laboral que corrija esto a medio plazo. Pero urge derogar con urgencia las disposiciones que abaratan y facilitan los despidos.
Ante la situación de pandemia generada por el Coronavid19 desde la Marea Blanca de Catalunya queremos poner en valor la necesidad de un verdadero servicio nacional PÚBLICO de salud, y que garantice la atención sanitaria a todas las personas. UNIVERSAL, EQUITATIVO, INTEGRAL Y DE CALIDAD.
Mientras la atención pública es universal y solidaria, la sanidad privada en un momento de epidemia y emergencia social expulsa los riesgos y los problemas de sus «lujosas y exclusivas clínicas».
Las mutuas privadas en este momento tan grave no están haciendo las pruebas diagnósticas y ante la mínima sospecha, derivan a los pacientes a la sanidad pública, asegurados suyos a quienes no resuelven su problema individual.
Pese a cobrar de media las pensiones más altas de toda España, los jubilados vascos llevan en pie de guerra desde hace más dos años exigiendo unas prestaciones «dignas». Ahora, 1.300 socios de la EPSV (Entidad de Previsión Social Voluntaria) Geroa -el denominado sistema vasco de pensiones- se rebelan contra la entidad, ya que quieren recibir de una sola vez el dinero que han aportado durante toda su vida laboral. Geroa niega esta posibilidad en sus estatutos a quienes tengan un capital en la entidad superior a 45.120 euros. Mientras, la ‘Plataforma de Agraviados por Geroa’ habla de «corralito» e incluso algunos, como Ernesto González, denuncian una suerte de «estafa piramidal del estilo de AFINSA o Forum Filatélico».
Lo divulgado sobre la hoja de servicios de «Billy el Niño» solo recoge el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1969 y el 14 de febrero de 1977. El domingo 8 de Diciembre de 2019, etb2 emitió el programa 360º sobre «Billy el niño», censurando (por falta de espacio según eitb) la contribución de este siniestro personaje en el terrorismo de Estado y su colaboración con los GAL.
Rafa Cid en el siguiente artículo de opinión publicado el día 9 de febrero denuncia ambos hechos:
Esa NO ES la hoja de servicios de Billy el Niño ( Por Rafael Cid)
Organizadas por la Plataforma Contra la Criminalización Social de Bizkaia, para compartir experiencias en la lucha antirrepresiva, en la denuncia de la pérdida de derechos y libertades, que implican las leyes mordaza, exigiendo su derogación.
Unas leyes que tienen como objetivo el de criminalizar la protesta social pacífica, reprimir la libertad de expresión y amedrentar a la ciudadanía con la amenaza de duras sanciones económicas, dejándola en una situación de desamparo ante la discrecionalidad de la actuación de los agentes policiales que son juez y parte en el proceso sancionador.
Estas jornadas se han desarrollado los días 29, 30, 31 de Marzo, en la Karmela (Proyecto autogestionado, Karmela Bizirik), de la calle FiKa, 44 (Santutxu, Bilbao).
Cuando el pasado octubre el Senado aprobó la aplicación del 155 a Catalunya, lo hizo hasta que hubiera un nuevo gobierno “legal” de la Generalitat. Pues va a ser que no. Cuando finalmente ya ha tomado posesión un nuevo presidente del gobierno catalán, que puede gustar o no, pero que ha sido elegido conforme a la legalidad estatutaria, y este designa a sus consellers, se veta su publicación en el BOE porque el PP, Ciudadanos y PSOE califican la lista de “provocación” al incluir a personas encarceladas preventivamente (sin tener condena alguna) o exiliadas (ellos dicen “huídas”, pero para el caso es lo mismo).
Así que “sigue sin haber gobierno de la Generalitat y continúa el 155”. La realidad es que el gobierno sí ha sido nombrado porque quien legalmente puede hacerlo, pero quien tiene la maquinita del BOE para publicarlo se niega a realizar este trámite burocrático. Todo atrancado, pues. ¿Y ahora qué? Hemos pasado de la judicialización de la política a la “boeización” de la política: un paso más en la degradación de las instituciones y en la profundización del esperpento.
Los y las integrantes de la Red Besetzen lanzaron desde las 14hs una campaña de okupaciones con el objetivo de visibilizar el problema de la gentrificación en la ciudad. En total fueron 9 okupaciones cuyo seguimiento se realizó desde la página de twitter de la red (@besetzenberlin), en donde se puede encontrar lo referido a la acción en tiempo real.
“Gato blanco, gato negro,
lo importante es que cace ratones”
(Deng Xiaoping)
Una de las características de la vida política es la coherencia entre la vida pública y la privada. Con tratarse de dos esferas separadas no son siempre enteramente independientes. Lo que conlleva una estricta coordinación entre ambos planos. Sobre todo conviene no emplear el aval de lo público para justificar lo privado abusivo, ni viceversa, vender lo privado como del ámbito público a fin de magnificar su proyección política.
El comunicado señala que la propuesta de acuerdo sobre presupuestos del Estado PP-PNV, no recupera el poder adquisitivo de las pensiones perdida desde el año 2013, hay una negativa al reconocimiento de la pensión mínima de 1080 euros y no se deroga el factor de sostenibilidad.
«Mienten cuando nos dicen que no hay dinero para afrontar los retos demográficos por el aumento de la esperanza de vida, cuando hoy hay más riqueza que había antes de la crisis, pero su distribución es más injusta».
Además se considera que «el sistema público de pensiones requiere visión a largo plazo y medidas estables que no pueden estar sujetas a coyunturas de negociaciones presupuestarias».
La tribuna de los más desfavorecidos, los jóvenes pillados en la burbuja del ladrillo (“casas sin gente, gente sin casas”), los activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipoteca (PAH) o los damnificados de las preferentes por la codicia de las entidades financieras. A todo eso y aledaños los dirigentes podemitas acaban de decirles “no os representamos”.
Hay una postverdad oficial y recurrente. La de los de arriba, la de los propagandistas. Grandes corporaciones o Estados que fabrican opinión a su favor o en contra de sus adversarios sin importar que sean meros bulos bien diseñados. Contra eso estamos más o menos vacunados. De toda la vida los poderosos han apañado la desinformación y la publicidad para engañar a la gente. Se trata de que consumamos, votemos y paguemos los impuestos sin rechistas.
Tras más de 30 años de aplicación de la Ley General de Sanidad, en el conjunto del estado español solo existe un Real Decreto que “garantiza” la intervención antes de 180 días en cirugías cardíaca valvular, cardíaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodilla. No existe ninguna normativa estatal que garantice ningún plazo para consultas y pruebas diagnósticas.
Cada Comunidad Autónoma ha desarrollado (o no), normativas que regulan otros procesos, siendo sus contenidos muy desiguales, lo que ha generado unas diferencias vergonzosas, ya que aquellos territorios que llevan disponiendo durante décadas de mayores recursos, han podido garantizar a su población una atención sanitaria aceptable, mientras que otros territorios no están atendiendo a los pacientes en plazos adecuados.
Hace tiempo se informó que el código de barras que comenzase por 729 estaba fabricado en Israel, por lo que se recomendaba no comprarlo como forma de protesta a este régimen. Ahora, parece que han optado por cambiar este código para evitar que la gente no compre productos de procedencia israelí. El nuevo código es 871.
El código de barras indica la procedencia, no quién o dónde se vende, de ahí el error que se origina. El nuevo código es el 871, en lugar del 729 anterior.
Lista de productos de Israel que podemos boicotear.
No es un error político, es una aberración democrática. Investir presidente de la Generalitat a un forofo del sectarismo parece muy poco honorable. Porque, aunque el aludido haya pedido disculpas, no se trata de pecadillos de juventud. Es el currículum vitae de un militante del maximalismo identitario.
Con el agravante de su promoción cultural desde las tribunas donde ha ejercido de intelectual orgánico de la doctrina. Buscar excusas a la promoción de Joaquín Torra al podio de la Catalunya en base a los múltiples desmanes y atropellos del macizo de la raza del nacionalismo español no hace sino agravar el problema. Supone abrazar similares artes a las que emplean sus adversarios del 155 y el zoquete pelotón del “a por ellos”. La jesuítica justificación de usar un medio malo para lograr un supuesto buen fin ha sido históricamente el quicio por dónde se han colado ilustres pirados y malhechores ansiosos de notoriedad pública.
Ayer los trabajadores ferroviarios franceses han vuelto a interrumpir los servicios ferroviarios por séptimo día en un mes, rechazando las llamadas del gobierno para poner fin a la huelga contra las reformas en la empresa ferroviaria pública SNCF.
Los paros sucesivos, que durarán hasta finales de junio, entraron en una nueva fase que pone a prueba a los sindicatos un día después de que la Cámara Baja del Parlamento aprobara el proyecto de ley de reforma ferroviaria contra el que están luchando.
