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El coronavirus letal de los autónomos-autónomos (Artículo de opinión de Rafael Cid)

Salvo los funcionarios y asimilados (policías -nacionales o autonómicos-, guardias civiles, militares de la Unidad Militar de Emergencia (UME), agentes municipales, conductores de autobuses públicos y de suburbanos, etc.), que con sus propias casuísticas tienen más o menos asegurado sueldo y empleo, son la inmensa tropa de los trabajadores autónomos (los no empresarios) los que están sufriendo con más crudeza los efectos de la emergencia sanitaria.

Y ello por partida doble. Porque han sido injusta y dolosamente los grande olvidados del <<plan de choque>> aprobado por el Gobierno para intenta paliar sus negativos efectos económicos y sociales, y porque, al mismo tiempo, forman parte de ese inmenso y meritorio colectivo que mantiene las constantes vitales de la sociedad con su abnegada actividad en estos momentos excepcionales.

Dependientes y dependientas, teleoperadores y teleoperadoras, porteros y conserjes, fontaneros, electricistas, reponedores y cajeras de supermercados, limpiadoras, empleadas del hogar, personal de limpieza, albañiles, camioneros, fotógrafos, riders y portadores de las diferentes plataformas de todo tipo de servicios que siguen sin ver reconocida su condición de <<asalariados>>, músicos, artistas, y una interminable saga de cuentapropistas que han tenido que echar el cierre, cesando su actividad personal, por causas ajenas a su voluntad, y que sin embargo, en muchos casos, están dando la cara a la pandemia para que la sociedad no colapse por falta de la intendencia indispensable para sobrevivir.

A estos, independientemente de que sigan empleados (de momento, porque el despido acecha por retirada del contratista o porque el contagio obligue al confinamiento al estar en primera línea de riesgo), o ya estén mano sobre mano, son a los que el actual gobierno <<rotundamente progresista>> más ha maltratado a la hora de ofrecer soluciones económicas y fiscales para conllevar su desocupación. Son los parias del coronavirus, después de los sin trabajo, sin papeles, sin techo y otros grupos igualmente excluidos.

Resulta chocante, por decirlo suavemente, que el Ejecutivo de coalición de izquierdas haya sido menos sensible a las necesidades sociales de los trabajadores golpeados por la crisis del coronavirus, y el consiguiente y forzoso Estado de Alarma, que otros gobiernos europeos sin ese timbre de gloria. Sí, se han habilitado fórmulas exprés para ERTES y ERES, pero en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, no existe ni una sola palabra que <<prohíba despidos>>.

No hay ninguna garantía de que, cuando escampe llegado el día, las empresas que si han obtenido ayudas públicas (también de ese ahora decisivo sector del precariado) en formas de demoras en contribuciones, exenciones, créditos y avales, vuelvan a admitir a toda la plantilla. No consta contrapartida a esas ayudas que garantice la continuidad, sin modificación de salario y estatus laboral, en el puesto de trabajo de las decenas de miles de personas y familias que se han visto obligadas a enclaustrarse.

ERTES y ERES que se aplican utilizando las amplísimas posibilidades que al respecto ofrece el Estatuto de los Trabajadores, en su última redacción fruto de las contrarreformas del PSOE y del PP. Aspecto, para más inri, no derogado por el actual gobierno de coalición de izquierda a pesar de lo afirmado por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en su toma de posesión, que se contentó con anular el punto del artículo 52, sobre las <<bajas justificadas>>, dejando vivo el arsenal referido a las causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción) . Por cierto, ¿ese aluvión de ERTES y ERES será aprovechado por abogados laboralistas y sindicatos mayoritarios para hacer negocio con su asesoramiento, como hicieron CCOO y UGT en Andalucía en la etapa de Manuel Chaves y José Antonio Griñan?

Por el contrario, en Italia han <<prohibido los despidos>> y en Francia, el ultraliberal Macrón, asediado por los chalecos amarillos una semana sí y otra también sin descanso ni desmayo, incluso no descarta nacionalizar empresas estratégicas si fuera necesario. Lo contrario de lo ocurrido en España, donde Pedro Sánchez ya dejó claro al presentar el <<plan de choque>> que eso no figuraba en los planes del Gobierno.

Lo que sí aseguró fue que el Gabinete había dispuesto un contrafuego legal para impedir que las empresas del IBEX 35 sufrieran una opa por parte de inversores de fuera de la Unión Europea aprovechando su desplome en bolsa. Si uno toma perspectiva, más allá del estruendoso zafarrancho de esos 200.00 millones de euros que publicito Sánchez como bazuca contra la emergencia sanitaria, hay más de un motivo para ver en muchas de las medidas adoptadas el modelo de los <<nuestros primero>> adoptado en el 2008 de arriba-abajo.

De suyo, la famosa <<herencia recibida>>, que a menudo suelen arrojarse unos a otros para parecer que son distintos y distantes, está presente en el drama actual. Gracias a que, contra lo prometido, la <<ley mordaza>> no ha sido derogada, ahora, y en sus aspectos más lesivos, va a ser utilizada con fruición para reprimir actos que se consideren incívicos o simplemente desaconsejables (como ya está ocurriendo sin contemplaciones en cárceles y CIEX).

Por no hablar del uso dudosamente constitucional del despliegue del Ejército (y no solo de la UME, con que Zapatero militarizó la protección civil, engrosando así el potencial de las Fuerzas Armadas por la parte trasera), puesto que se está utilizando para cumplimentar el Estado de Alarma (que no Estado de Sitio ni estado de Excepción) forzando las atribuciones que encomienda el artículo 8, 1. de la C.E. ( <<Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional>>).

Aunque visto el éxito cosechado (al socorrista del náufrago no hay que mirarle el diente) no extrañaría a nadie que en una hipotética reforma se le encomiende otras tareas humanitarias (ya lo hacen en <<misiones de paz>>). Desde luego, la escenificación con que todos los días se informa de la secuencia de la crisis, con el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, escoltado por los altos mandos policiales y del ejército, dejará huella en la sensibilidad del respetable. A mayor militarización de la población, menor sociedad civil.

No quiero acabar esta nota de circunstancias sin referirme a un colectivo de autónomos humillados y vilipendiados, además de abandonados a su suerte en todos los esquemas de ayuda contemplados por el Gobierno de Coalición. Me refiero al sector de los eventos en general, esa infantería de cámaras, técnicos de sonido, luceros y demás, que han resultado los más precoces damnificados de la crisis. Sus actividades, trabajos y formas de vida se derrumbaron como fichas de dominó desde el mismo instante en que se clausuró el Mobile de Barcelona. A partir de ese día, estos autónomos-autónomos, que obviamente desempeñan su profesión en sitios donde se da una gran concentración de personas, sin distanciamiento sanitario posible, contemplaron angustiados como se iban cerrando una tras otras todas las citas comprometidas en un horizonte de meses.

Lógicamente, ante la negra perspectiva de generalizado <<lockout patronal>> y carecer de ingresos futuros, la mayoría se dio de baja en la cuota para no agravar su ya difícil situación. Y como todo eso ocurrió antes del 17 de marzo de marras, fecha en que el BOE publica el plan de choque de <<medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19)>> se quedaron fuera el ámbito de protección aunque fueron los primeros sobre los hizo diana la crisis. ¡En la puta calle y sin perrito que les ladre!

Rafael Cid

 

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