Pactos de La Moncloa 2020: contra las generaciones futuras (Artículo de opinión de Rafael Cid)

Durante el segundo semestre de 1977 España nadaba entre tres aguas. Padecía los estertores del posfranquismo, estrenaba un gobierno democrático y aún carecía de una constitución homologable a las de Europa occidental. El 15 de julio, un partido de tránsfugas, la Unión de Centro Democrático (UCD), había ganado las primeras elecciones libres desde 1936 y recuperaba como presidente del gobierno a Adolfo Suárez, el último secretario general del Movimiento. Los españoles, convocados a las urnas solo dos años después de la muerte de Franco, se habían decantado por un continuismo de nueva planta. Entronizaban al máximo responsable del partido único de la dictadura, desoyendo las tímidas llamadas a la ruptura de las fuerzas de la oposición de izquierda. Era el inicio de la transición, aunque todavía quedaba camino hasta llegar al consenso.

Como  tantas otras veces en nuestra historia reciente, la economía empujó el cambio que  la política de partidos por sí sola no podía. Con los primeros coletazos de la crisis energética del 73, provocada por el súbito encarecimiento del precio del petróleo, los poderes fácticos y los institucionales empezaron a temer que la coyuntura pifiara lo que inopinadamente acababan de sentenciar los comicios. En la memoria de muchos estaba el recuerdo de lo sucedido en 1931, cuando las réplicas tectónicas  del crac del 29  convirtieron unas elecciones municipales en un plebiscito contra la monarquía  y de soslayo alumbrara la Segunda República. Además, en la vecina Portugal el ejército se había unido al pueblo para acabar con el régimen oprobioso de Oliveira Salazar, que junto con el Caudillo eran los últimos vestigios fascistas del viejo continente.

Con esa zozobra compartida (un gobierno con una cuestionada legitimidad de origen y una oposición sin legitimidad real de ejercicio) se diseñó la teoría de la <<correlación de debilidades>>  que permitió a los contendientes  escenificar una vuelco ideológico salvando la cara. Quienes detentaban el poder sabían que tenían los pies de barro. La iniciativa en las calles les era adversa, como demostraban las estadísticas sobre las manifestaciones y protestas. Solo en 1976 hubo 1.438 días de huelga por cada mil trabajadores, siendo la media en la Comunidad Económica Europea (CEE) de 390. Por otro lado, socialistas y comunistas, las dos formaciones que integraban la alternativa al sistema a través de la Junta Democrática y de la Platajunta, respectivamente, no desconocían que la policía y las fuerzas armadas defenderían el legado de Franco designando a Juan Carlos I como su sucesor a título de Rey

De ahí que El País, el diario más influyente de la nueva etapa inicialmente patrocinado por el franquista Manuel Fraga, nada más conocerse los resultados del 15-J lanzara todo su argumentario en pos de un gran acuerdo entre españoles que superara las diferencias de las dos Españas (Juan Luis Cebrián, Un pacto nacional. 16 de junio de 1977). Arriados los diques ideológicos del proyecto rupturista por otro de índole reformista, unos y otros convinieron en la necesidad de mostrar a la opinión pública que intereses superiores aconsejaban trocar las lanzas en cañas. Un sendero, de simple armisticio primero y de recíproca aquiescencia después, que llevó a los principales dirigentes de la izquierda al rescate del régimen después de intercambiarse concesiones mutuas como ornato (aceptación de la monarquía juancarlista por Santiago Carrillo como compensación por la legalización del PCE; y demolición controlada del aparato del viejo socialismo empoderando como nuevo líder a Isidoro, el Felipe González de <<la clandestinidad>>, en el Congreso de Suresnes con el apoyo de la poderosa socialdemocracia alemana).

Todo eso se puso negro sobre blanco en los Pactos de La Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977, un año antes de que se aprobara en referéndum la Constitución. El acuerdo marco fue suscrito por los líderes de los partidos con representación parlamentaria y, posteriormente, por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), después de vencer las reticencias de sectores laborales que consideraban lo firmado como una claudicación del sindicalismo de clase y la desmovilización del movimiento obrero (como denunciara la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la histórica centrar anarcosindicalista, que saludó la afrenta con una gran huelga de gasolineras en Catalunya). Las cifras macro que excusaban aquel consenso contra natura eran: una inflación del 30%; un paro de 3,75%; y un déficit del sector exterior cercano al 3,5%.

Los Pactos de La Moncloa supusieron de hecho una constitución económica que nunca fue sometida al refrendo de la ciudadanía. Como tampoco lo serían otros acuerdos menos generalistas pero igualmente trascendentales en cuanto a su impacto en la vida de la población. Como el que llevó en 2010 a la reforma exprés del artículo 135 de la C.E., a fin de blindar las políticas de ajustes y recortes perpetradas para gestionar la crisis financiera. Entre el <<Plan de Estabilidad>> de antaño y la << Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera>> de hogaño, hay algo más que una afinidad semántica. Como recuerda la hemeroteca, aquellos pactos (en plural) se cumplimentaron más en lo que afectaba  a la modernización de la economía de libre mercado que en lo que concernía al ámbito social. Así, mientras se contuvo la inflación, gracias sobre todo a la limitación salarial acordada, el paro no dejó de crecer, trepando hasta el 17,9% cinco años más tarde.

Ahora la emergencia no viene de facilitar la mutación de una dictadura a una democracia, sino de paliar los efectos destructivos de una pandemia que ha llevado a la hibernación de la economía y al confinamiento de la gente por mor del estado de alarma decretado por el gobierno. Y de nuevo, España es obtusamente diferente. Si entonces se daba la espalda a la salida radical dada en Portugal y Grecia, ahora un gobierno de coalición <<rotundamente progresista>> plantea unos nuevos Pactos de la Moncloa sin parangón en el contexto internacional. Ningún otro país de nuestro entorno ha pedido <<parar el reloj>> del juego democrático para lidiar con el Covid-19.

Es un formato de nuestra exclusividad y responsabilidad. Solo que, por una vez y sin que sirva de precedente, la historia se repite como farsa. El plácet que el Ejecutivo de la nación solicita del resto de los interlocutores sociales, lo hace un líder que llegó al poder al grito de <<no, es no>> cuando se planteó la posibilidad de un gobierno de integración nacional. En claro, rotundo y arrogante rechazo de cualquier consenso con la oposición. Pero como no hay dos sin tres, nuevamente esa <<correlación de debilidades>> que induce al <<donde dije digo…>> se oficializa 24 horas después de que el intelectual orgánico de Ferraz pidiera una reedición de los Pactos de La Moncloa a través del consejo de otro director del rotativo (Joaquín Estefanía, El compromiso histórico español. 3 de abril de 2020).

El sábado 4 de marzo, mientras España se convertía en el primer país de Europa por afectados, muertos al día y sanitarios contagiados (según los dudosos registros oficiales), míster <<lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta>>  comunicaba al país la prórroga del confinamiento hasta el 25 de abril como poco. Y advertía: <<Es evidente que la economía española se va a tener que endeudar.  Vamos a detraer recursos a las nuevas generaciones >>. Con el prorrogado sacrificio de la juventud sin futuro tras el austericidio anterior, Sánchez confirmaba su visión tierraplanista del Covid-19 planificando por encima de sus capacidades.

Rafael Cid

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