Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sala de lo Contencioso Administrativo, da la razón a CGT en torno a los coeficientes reductores en la edad de jubilación para profesiones de diversos ámbitos como las relacionadas con la exposición al amianto, la fundición del hierro colado o la fabricación de productos de hierro, acero o ferroaleaciones pueden verse beneficiados, entre muchos otros, por esta reciente sentencia.
El acuerdo alcanzado a toda prisa sobre la futura ley de vivienda para dar vía libre a los Presupuestos para 2022 implica un aldabonazo de Unidas Podemos a las políticas social liberales del PSOE en materia de vivienda. No hace ningún ataque a los sacrosantos derechos de propiedad de los grandes tenedores para poder atender la demanda social de vivienda digna a bajo coste.
Es una sentencia histórica que se fundamenta en toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo que rechazaba desde el 2020 que en empresas como las que se dan en el sector del telemarketing, donde el grueso de la actividad económica reposa exclusivamente sobre personas contratadas de forma temporal, desapareciera el marco ordinario de condiciones de trabajo.
Debido a la actual crisis económica, el aumento del desempleo, las altas tasas de precariedad laboral, las míseras pensiones que cobran muchas personas pensionistas y los abusivos precios de la vivienda, cada vez más familias tienen dificultades para llegar a fin de mes y ver cubiertas sus necesidades más básicas.
Estas medidas son puros parches para intentar reducir el costo de las pensiones. En lugar de mirar por la sustitución de las personas que se pueden jubilar con 65 o menos años, con centenares de miles de jóvenes cualificados en situación de paro total o en la precariedad más absoluta; o de impulsar empleos y salarios dignos que permitan engrosar y sostener una caja de seguridad solvente, este gobierno y los sindicatos que apoyan este acuerdo muestran una miopía y actitud absolutamente lamentable.
La laboralización de los repartidores de las plataformas sacude un ramo en expansión al que siguen llegando nuevos gigantes y formatos éticos no tan novedosos mientras los clásicos se reorganizan, todo a la espera de que esa figura laboral acabe de ser perfilada en el trámite parlamentario.
El Tribunal Constitucional ha dictado una importantísima sentencia en la que establece que la imposibilidad de impugnar individualmente la existencia de las causas motivadoras de un despido colectivo cuando el periodo de consultas haya finalizado con acuerdo supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Gracias a la demanda interpuesta en solitario por la CGT quien use cualquiera de los permisos retribuidos que establece el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, o del artículo 28 del Convenio Colectivo, tendrá derecho a seguir cobrando los complementos de domingos, el plus de festivo, el plus de nocturnidad y el plus de idiomas.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidida por la jueza Garbiñe Biurrun, ha fallado que declara nulo el despido colectivo y condena a la empresa a readmitir a los trabajadores afectados en las mismas condiciones en que desempeñaban, “así como el abono de los salarios dejados de percibir desde la extinción de los contratos”.
El actual presidente del gobierno del Estado español, Pedro Sánchez, se comprometió públicamente a derogar la Ley Mordaza, todavía no ha cumplido su promesa, y mientras, la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica siguen lejos de los estándares internacionales de derechos humanos, así lo entienden numerosas entidades de defensa de los Derechos Humanos.
CGT/LKN Araba, dará continuidad a las movilizaciones efectuadas en los meses de abril y mayo reivindicando la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, entendimos que era el momento ya que ahora es cuando los llamados «agentes sociales» están negociando nuestro futuro junto al Gobierno.
El lunes, 28 de junio de 2021, la Mesa Técnica de pensiones formada por los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT ha concluido con un texto, que aborda las reformas más inmediatas de nuestro SPP y anuncia las que vendrán para finales del 2021.
