Según el periódico Público, esta semana, la Junta de Portavoces acordó que el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA) se vote en el Pleno del próximo jueves 18, para después ser trasladado al Senado, donde la mayoría absoluta del Partido Popular garantiza que también logrará luz verde.
La ratificación del acuerdo, se votará el mismo día en que se considera la cuestión previa de constitucionalidad, planteada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, iniciativa que permitiría pedir al Tribunal Constitucional que analice si el CETA vulnera las disposiciones de la Carta Magna, como denuncian Unidos Podemos y cientos de organizaciones sociales, sindicales y civiles.
Estas organizaciones insisten en que a todas luces el acuerdo supone una pérdida de soberanía evidente, entre otros motivos por el recurso a los polémicos tribunales de arbitraje, a los que sólo pueden acceder las empresas inversoras, obviando los canales judiciales nacionales.
Se critica también la actitud del Partido Socialista por su apoyo al CETA, que el pasado 15 de febrero, parte del grupo de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara (S&D) se desmarcó de la línea oficial y votó contra el CETA, pero esta división no afectó a la delegación española, que votó en bloque a favor del acuerdo.
La inmensa mayoría de l@s diputd@s no han accedido a las más de 1.600 páginas y por lo tanto desconozcan su contenido. El PP, PSOE, PNV y C´s sabe que cuanto más tiempo pase más se sabrá sobre los graves amenazas del CETA, lo que aumentaría la presión social en contra del tratado. Además, pretende evitar que la ratificación en España coincida con la movilización contra el CETA en otros países europeos, donde es probable que se pare, como en Austria, Holanda o Francia.
Al PSOE le interesa que el trámite pase rápido y sin ruido. Así no tendrán que dar muchas explicaciones de por qué tienen la misma postura neoliberal que el PP y ni siquiera escuchan a organizaciones como la UGT y CC.OO, opuesto al CETA y tradicionalmente cercana al partido socialdemócrata.
Cientos de organizaciones sociales, sindicales y civiles, están demandando un referéndum. El artículo 92 de la Constitución Española recoge que el referéndum consultivo (no vinculante) puede plantearse sobre las decisiones políticas de especial trascendencia, como el que se celebró sobre la Constitución europea en 2005. El tratado CETA sería un caso de especial trascendencia por cambiar el ordenamiento político y jurídico y los procesos legislativos. El referéndum consultivo requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno.
La campaña No al TTIP, CETA, TISA, que reúne a día de hoy más de 350 organizaciones sociales, ambientales, sindicales, políticas, asociaciones de jueces y sectores profesionales, ha realizado un llamamiento a la movilización unitaria del 3 de junio en Madrid y la campaña ehttipez E.H., tiene previsto realizar movilizaciones ese mismo día en todas las capitales vascas.
