El laudo de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) obliga a España a compensar a dos multinacionales con 128 millones de euros más intereses.

Este es un mínimo ejemplo de lo que puede suponer la aprobación del CETA donde las grandes empresas se beneficien de unos tribunales privados diseñados para defender sus intereses económicos por encima de los derechos humanos, engrasando la máquina que traspasa dinero público a manos privadas.

La Ciadi considera que España ha violado el artículo 10 de la Carta de la Energía, privando de un trato justo y equitativo a la multinacional británica al transformar el marco regulatorio que ha recortado los ingresos de las energías renovables y no admite recurso. No obstante, el tribunal ha estimado parcialmente las reclamaciones de los demandantes, que solicitaban a España más de 300 millones de euros.

La denuncia es posible debido a la firma de un tratado de energía que contempla el polémico mecanismo de arbitraje de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). De esta manera, los inversores extranjeros pueden denunciar a un Estado ante un tribunal de arbitraje privado para reclamar una compensación cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados. Una situación que suele ocurrir, precisamente, cuando un Gobierno aplica o modifica una legislación que afecta directamente a los beneficios de las empresas multinacionales.

Sin embargo, estos tribunales internacionales de arbitraje están a disposición solo de los inversores extranjeros; es decir, los pequeños inversores nacionales que también se han visto afectados por la eliminación de las subvenciones no pueden demandar al Estado español. Y por supuesto, tampoco pueden demandar los trabajadores que se quedaron en paro a raíz de los cambios regulatorios.

El laudo supone un duro golpe para el país, que tiene pendientes en torno a una treintena de demandas en cortes internacionales de arbitraje presentadas por diferentes inversores en energías renovables. Así, la factura por la eliminación de las subvenciones al sector podría salir mucho más cara de lo previsto inicialmente.

Eiser Infrastructure y Energia Solar acudieron a la Ciadi por los recortes en las primas a las energías renovables, que fueron aprobados por los gobiernos de Zapatero y Rajoy entre los años 2010 y 2013. Estas multinacionales eran socias en España de las firmas Elector y Aries, que tienen tres plantas termosolares en Ciudad Real y Badajoz, con una inversión de más de 900 millones de euros.

Este capital fue aportado en 2007, justo en el año en el que se aprobó el decreto que provocó un rápido desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, a raíz de la crisis económica, el sector fue sometido a diversos recortes de los sucesivos gobiernos, que comprometieron los beneficios de la firma británica y su filial.

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