Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sala de lo Contencioso Administrativo, da la razón a CGT en torno a los coeficientes reductores en la edad de jubilación para profesiones de diversos ámbitos como las relacionadas con la exposición al amianto, la fundición del hierro colado o la fabricación de productos de hierro, acero o ferroaleaciones pueden verse beneficiados, entre muchos otros, por esta reciente sentencia.
El acuerdo alcanzado a toda prisa sobre la futura ley de vivienda para dar vía libre a los Presupuestos para 2022 implica un aldabonazo de Unidas Podemos a las políticas social liberales del PSOE en materia de vivienda. No hace ningún ataque a los sacrosantos derechos de propiedad de los grandes tenedores para poder atender la demanda social de vivienda digna a bajo coste.
Es una sentencia histórica que se fundamenta en toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo que rechazaba desde el 2020 que en empresas como las que se dan en el sector del telemarketing, donde el grueso de la actividad económica reposa exclusivamente sobre personas contratadas de forma temporal, desapareciera el marco ordinario de condiciones de trabajo.
Debido a la actual crisis económica, el aumento del desempleo, las altas tasas de precariedad laboral, las míseras pensiones que cobran muchas personas pensionistas y los abusivos precios de la vivienda, cada vez más familias tienen dificultades para llegar a fin de mes y ver cubiertas sus necesidades más básicas.
Estas medidas son puros parches para intentar reducir el costo de las pensiones. En lugar de mirar por la sustitución de las personas que se pueden jubilar con 65 o menos años, con centenares de miles de jóvenes cualificados en situación de paro total o en la precariedad más absoluta; o de impulsar empleos y salarios dignos que permitan engrosar y sostener una caja de seguridad solvente, este gobierno y los sindicatos que apoyan este acuerdo muestran una miopía y actitud absolutamente lamentable.
La laboralización de los repartidores de las plataformas sacude un ramo en expansión al que siguen llegando nuevos gigantes y formatos éticos no tan novedosos mientras los clásicos se reorganizan, todo a la espera de que esa figura laboral acabe de ser perfilada en el trámite parlamentario.
El Tribunal Constitucional ha dictado una importantísima sentencia en la que establece que la imposibilidad de impugnar individualmente la existencia de las causas motivadoras de un despido colectivo cuando el periodo de consultas haya finalizado con acuerdo supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Gracias a la demanda interpuesta en solitario por la CGT quien use cualquiera de los permisos retribuidos que establece el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, o del artículo 28 del Convenio Colectivo, tendrá derecho a seguir cobrando los complementos de domingos, el plus de festivo, el plus de nocturnidad y el plus de idiomas.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidida por la jueza Garbiñe Biurrun, ha fallado que declara nulo el despido colectivo y condena a la empresa a readmitir a los trabajadores afectados en las mismas condiciones en que desempeñaban, “así como el abono de los salarios dejados de percibir desde la extinción de los contratos”.
El actual presidente del gobierno del Estado español, Pedro Sánchez, se comprometió públicamente a derogar la Ley Mordaza, todavía no ha cumplido su promesa, y mientras, la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica siguen lejos de los estándares internacionales de derechos humanos, así lo entienden numerosas entidades de defensa de los Derechos Humanos.
CGT/LKN Araba, dará continuidad a las movilizaciones efectuadas en los meses de abril y mayo reivindicando la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, entendimos que era el momento ya que ahora es cuando los llamados «agentes sociales» están negociando nuestro futuro junto al Gobierno.
El lunes, 28 de junio de 2021, la Mesa Técnica de pensiones formada por los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT ha concluido con un texto, que aborda las reformas más inmediatas de nuestro SPP y anuncia las que vendrán para finales del 2021.
En la última Plenaria Confederal decidimos dar continuidad a las movilizaciones efectuadas en los meses de abril y mayo reivindicando la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, entendimos que era el momento ya que ahora es cuando los llamados «agentes sociales» están negociando nuestro futuro junto al Gobierno.
Estas resoluciones sobre una empresa tan emblemática pueden marcar un antes y un después. En los últimos meses hemos conocido expedientes con resultados negativos y otros como el de ITP (en sus centros de Barakaldo y Sestao) que ha sido declarado nulo, pero que ha sido recurrido por la empresa, y está actuando de un modo vengativo sobre todo con las y los trabajadores más combativos que estuvieron a la cabeza de la huelga.
CGT ha propuesto este grupo parlamentario el revocar el redactado actual del artículo nº 51 del Estatuto de los Trabajadores, para evitar que empresas con beneficios, como BBVA, que reparten dividendos y continúan teniendo sueldos desorbitantes, puedan poner en la calle a tantas familias trabajadoras.
Cuando se fueron extendiendo las aplicaciones de plataforma, las empresas las vendieron como un adelanto tecnológico, neutro como el agua y donde quien tenía el problema era quien no lo aceptaba, no se adaptaba al futuro. En realidad, über, deliveroo, glovo y tantos otros de futuro, de innovación no ofrecen nada: se limitan a adaptar una interfaz nueva por el viejo concepto del trabajo a destajo, sin garantía de Salario Mínimo ni abono de las cotizaciones sociales que corresponderían.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el ERE de PCB que afectaba a unos 90 trabajadores de las plantas de Barakaldo y Sestao.
Con esta sentencia los trabajadores tienen «derecho a la vuelta a sus puestos de trabajo y al cobro de los salarios de tramitación».
El juicio contra el ERE, que supuso el despido de 90 trabajadores de las plantas PCB de Barakaldo y Sestao, se celebró el pasado 27 de abril, cuando el comité de empresa expresó su esperanza de que fuera declarado nulo, sobre todo, después de que la semana anterior el TSJPV considerara que «no estaba justificado» el ERTE que había planteado la empresa.
Sigue pasando el tiempo y las reformas laborales de los gobiernos de Rajoy y Zapatero no han sido derogadas ni modificadas sustancialmente. Esto significa que las empresas siguen disponiendo de las mismas herramientas –que permanecen intactas– y que les permiten seguir destruyendo puestos de trabajo a toda máquina y precarizar aún más las condiciones laborales de la clase trabajadora.
Un convenio colectivo, suscrito entre los sindicatos CCOO, UGT y FINE y la patronal bancaria AEB, que ha entrado en vigor tras su publicación en el BOE el pasado 30 de marzo, y que, sin motivo alguno, condena a las personas que trabajamos en el sector bancario a una cuasi congelación salarial de 5 años, a un registro de jornada ineficaz y fraudulento, a un teletrabajo con un coste no compensado suficientemente y a una inexplicable pérdida de derechos laborales.
En las últimas semanas han trascendido distintas informaciones sobre el sentido de las modificaciones que el gobierno de PSOE-UP pretende introducir en la Ley de la Ciencia. El modo en el que se han conocido – a través de notas informativas de algunos sindicatos mayoritarios – refleja una absoluta opacidad por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación ante un asunto que, además de afectar a las condiciones y expectativas laborales del personal investigador, tiene implicaciones mucho más amplias.
La CUP ha llevado hoy en el Congreso de los Diputados una reforma legislativa que proponía una triple derogación. En primer lugar, la ley de seguridad ciudadana del 2015, también conocida como ley mordaza y un compromiso lejano tanto del PSOE como de Podemos. En segundo lugar, la modificación del Código Penal del 2015, que redefinió los delitos de atentado y alteración del orden público. Y, finalmente, la derogación del delito de sedición del Código Penal.
La subida salarial es mínima, se ha perdido una ocasión de oro para mejorar los mínimos legales en materia de licencias y conciliación, otra oportunidad perdida es la referente a los ascensos, se ha olvidado subir el empleo fijo al 95%, hablaban de incorporar contratos formativos, y ahora ni los contemplan, congelación de dietas, vacaciones, etc.
Yolanda Díaz, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CC.OO. y UGT han celebrado ayer la primera reunión para la «modernización del trabajo» en la mesa del «Pacto Social», que dicen tiene como uno de sus objetivos principales la derogación de la Reforma Laboral. Mientras las patronales han vuelto de nuevo a rechazar esta propuesta y se verán de nuevo el 30 de Mayo.
Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio. No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental.
El Tribunal Supremo se ha ratificado en la ilegalidad de la cláusula 70/30 de los contratos indefinidos.
Esta sentencia nos había dado la razón a CGT, al declarar ilegal el modelo de contratación de Michelin, precisamente por el uso fraudulento. Este modelo de contratación indefinida, que permite a Michelin poder reducir jornada y salario hasta un 30% -lo cual incumple el Art 12 del ET-, ha sido recogido durante años en convenio con el aval de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USO.
En la tarde de ayer, 11 de marzo, el Congreso aprobó la derogación de las penas de cárcel para los piquetes en las huelgas, establecidas en el artículo 315.3 del Código Penal. El texto pasará ahora al Senado para su tramitación y previsiblemente entrará en vigor en mayo. La reforma de este artículo también contempla la revisión de sentencias firmes dictadas al respecto.
La derogación en el Congreso fue pactada en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos y ha salido adelante con el apoyo de ERC, EH Bildu, Junts per Catalunya, PDeCAT, CUP, Más País-Equo, BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, superando la mayoría absoluta necesaria para modificar una ley orgánica, que se sitúa en 176 escaños.
Las empresas vascas reclama mantener el derecho a poder despedir libremente, demandan poder transformar los actuales ERTE en ERE con despidos de parte de los trabajadores de plantilla para poder asegurar la supervivencia de la propia empresa. Mientras el RDL 8/2020 incluía la obligación del mantenimiento del empleo a las empresas que se acogieran a sus beneficios y el posterior RDL9/2020 insistía en la prohibición.
Esta curso de formación sindical trata de explicar todo lo relacionado en materia laboral sobre cómo y que hacer en los puestos de trabajo y empresas para tener garantizada la salud de las personas trabajadoras. La formación de este día tendrá dos bloques bien diferenciados: Riesgos Laborales y Ley 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha participado en la firma del manifiesto que impulsará una campaña estatal que persigue revertir el modelo de vivienda actual frente a la crisis habitacional que se padece en el Estado español.
La firma del manifiesto, consensuado por más de 72 colectivos y organizaciones, ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados
El Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 3/2021, este jueves 18 de Febrero, por el que se aprueba un nuevo complemento a la pensión por maternidad. El complemento por maternidad de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, acotaba su aplicación exclusivamente a las mujeres, era injusto por regresivo desde un enfoque de género puesto que no actuaba realmente como una acción positiva correctora de la insoportable brecha de género en pensiones.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), queremos mostrar nuestro total apoyo y solidaridad con el cantante Pablo Hassel, que ha sido juzgado y condenado a entrar en prisión por las letras de sus canciones y de su Twitter, condena que desde la CGT rechazamos enérgicamente.
A escasos días de que el rapero Pablo Hasel sea obligado por las fuerzas represoras del Estado a entrar en prisión, reivindicamos, una vez más, la derogación de la “Ley Mordaza”, la reforma del Código Penal y que se respete el derecho a la Libertad de Expresión.
El Tribunal Supremo ha modificado su propia doctrina para concluir que no es lícito celebrar un contrato de obra y servicio o eventual cuya duración se vincule a la vigencia de una contrata. Un cambio de rumbo significativo que puede contribuir a paliar la escandalosa abusividad de algunas empresas a la hora de recurrir a las figuras de contratación temporal.
¿Terminará este año con la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor? ¿O será 2021 el de su prometida estocada? Con apenas seis años de vida, la llamada ley mordaza presume de ser la normativa más empleada durante el estado de alarma, de lograr el respaldo del Tribunal Constitucional y de haber estado al borde de la reforma con un notable consenso parlamentario.
