Inicio Laboral El Congreso deroga las penas de cárcel para piquetes en las huelga

El Congreso deroga las penas de cárcel para piquetes en las huelga

por CGT-LKN EuskaL Herria

En la tarde de ayer, 11 de marzo, el Congreso aprobó la derogación de las penas de cárcel para los piquetes en las huelgas, establecidas en el artículo 315.3 del Código Penal. El texto pasará ahora al Senado para su tramitación y previsiblemente entrará en vigor en mayo. La reforma de este artículo también contempla la revisión de sentencias firmes dictadas al respecto.

La derogación en el Congreso fue pactada en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos y ha salido adelante con el apoyo de ERC, EH Bildu, Junts per Catalunya, PDeCAT, CUP, Más País-Equo, BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, superando la mayoría absoluta necesaria para modificar una ley orgánica, que se sitúa en 176 escaños. 

El artículo 315 del código penal, dice los siguiente:

  1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.
  2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.
  3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.

PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias votaron en contra (151 diputados), mientras que PNV, Partido Regionalista de Cantabria y Coalición Canaria se abstuvieron.

El PP proponía mantener la redacción vigente y aumentar las penas de prisión de un año y nueve meses hasta tres años y aumentar la multa de 18 meses a 24 meses. Vox iba más lejos y en su enmienda buscaba conservar este artículo endureciendo el castigo, con penas de prisión mínimas de dos años y medio, pudiendo llegar a los cuatro años y medio.

Ciudadanos ha considerado que no es urgente ni necesaria esta derogación y  que la prioridad debería ser la creación de empleo, al tiempo que ha insistido en que la huelga es un derecho fundamental, no una obligación.

 El PNV, que ha optado por abstenerse, abogando por mantener el tipo penal específico para la coacción en el ámbito de la huelga, pero rebajando las penas a un máximo de dos años para evitar la entrada en prisión de quienes carezcan de antecedentes.

El PSOE a mantenido que se trata de eliminar un precepto que criminaliza las huelgas y el sindicalismo, porque presume que una huelga es un ambiente proclive a la delincuencia y ha afeado a la derecha su preocupación por la coacción de los piquetes informativos y no por la coacción empresarial contra las huelgas.

Unidas Podemos, ha explicado que la tipificación del delito de coacción en el ámbito de la huelga viene de 1928, se recuperó en 1976 y se mantuvo en 1995, un anacronismo que no tiene justificación y que ha llevado a procesar a 300 sindicalistas en España a los que se les debe una disculpa.

EH Bildu sostuvo en la tribuna que “nadie hace huelga por capricho, sino por necesidad y para autodefenderse”.

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