Hace dos semanas la vicepresidenta del Gobierno de Gasteiz, Idoia Mendia, presentó su anteproyecto de ley del sistema de garantía de ingresos e inclusión social. Anteproyecto que debe ser debatido por el Parlamento y que prevén puede ser aprobado en el cuarto trimestre del 2022.
Fue presentado como algo positivo. Pero lo primero a señalar es que no es suficiente para recuperar todo lo que se ha perdido desde que se implantó la actual ley 18/2008 de la RGI. Fue, además, empeorada con la reforma de noviembre de 2011, sacada adelante por el entonces gobierno del PSE-EE (en minoría y presidido por Patxi López) con el PP. Retroceso que se acentuó con las medidas introducidas en el presupuesto del gobierno vasco de 2012, para recortar “coyunturalmente” la RGI y que han quedado hasta ahora: la pérdida de referencia que ligaba la RGI al Salario Mínimo Interprofesional y el recorte del 7% de la RGI.
En segundo lugar, la implantación en todo el estado, incluida la CAV, del Ingreso Mínimo Vital (IMV) –aunque ahora andan a vueltas sobre el carácter de cómo se va a llevar a cabo esa transferencia, que Escrivá quiere limitar– va a suponer para las arcas del Gobierno Vasco un ahorro de más de 100 millones de euros (la quinta parte del presupuesto de la RGI en 2020), teniendo en cuenta que de las 55.000 unidades de convivencia que han percibido la RGI en marzo de este año, la tercera parte, aproximadamente, van a ser también perceptoras del IMV, que es pagado por la Seguridad Social.
Las pequeñas y modestas mejoras, con respecto a la actualidad, que se recogen en ese anteproyecto
- Elimina cualquier tope del número de RGIs que puede haber en una vivienda (ahora son dos) si bien recorta al 85% la RGI de la segunda persona conviviente, al 80% a la tercera y así sucesivamente a cada persona que conviva en la vivienda y solicite y se le reconozca la
- Elimina los tres años máximo que se podía percibir la RGI Complemento de Ingresos de
- Mejora los importes de RGI que percibirán las familias con más de tres miembros, sobre todo con hijos, las monomarentales/monoparentales y las personas pensionistas. Pero si no se hubiera eliminado el artículo 20 de la Ley 18/2008 de 23 de diciembre de la RGI, que establecía la RGI de pensionistas, hoy sería: para una persona pensionista sola, el 100% del SMI (1.108,33 euros); para dos personas, el 125% del SMI (1.382,42 euros); y, para tres o más personas, el 135% (1.496,25 euros), todas estas cantidades en doce pagas.
Con la reforma que se plantea en el anteproyecto para finales del 2022, las percepciones en doce pagas, serán: 893 euros para una persona pensionista; 1.034 para dos personas, una de ellas, al menos, pensionista; y 1.175 para tres personas, dos pensionistas y una no pensionista.
- Rebaja de 3 años de empadronamiento a 2 años para familias con menores. Pero antes de la reforma del 2011, que el PSE-EE sacó adelante aceptando la propuesta del PP, el plazo sólo era de un año.
Condiciones y limitaciones, controles severos y falta de información
Las limitaciones por las condiciones establecidas para acceder a la RGI, en este anteproyecto van acompañadas de fuertes elementos de control que se quieren introducir para evitar un “fraude” que no llega ni al 2%. Establece controles trimestrales y, sobre todo, crea un cuerpo de inspección dentro de Lanbide destinado a vigilar a las personas perceptoras. Estos inspectores e inspectoras tendrán autoridad gubernativa (como la de los cuerpos policiales, se entiende) cuando ejerzan sus tareas de inspección.
Eso sí, no les preocupa que mucha gente con derecho no acceda a ella. Dentro del sector pensionista de la CAV, con pensiones por debajo -o muy por debajo, especialmente mujeres mayores- de 700 euros, es una pequeña minoría la que por los motivos citados sólo accede al complemento de pensiones contemplado en la RGI. Sin embargo, Hacienda nos tiene a todas y todos controlados para la declaración de la renta. Por el contrario, si el gobierno quisiera y tuviera un mínimo de sensibilidad social, debería informar a todas las personas –en especial a las mayores y pensionistas- que tienen derecho a la misma. Al igual que a todas aquellas que, según sus ingresos, tienen derecho a no realizar el copago sanitario. Pero no les interesa, para de ese modo gastar menos a cambio de no cubrir las necesidades de las personas más vulnerables con esos derechos.
