Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Mientras el capital privado se enriquece como nunca a costa del desmantelamiento, también sin precedentes de la sanidad pública, el gobierno “progresista” en el más puro estilo trilero, prepara el engaño a la población de la manera más vergonzosa posible mediante la nueva ley sanitaria que preparan.
Hace un mes se aprobaron los anteproyectos de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y de Ley de Convivencia Universitaria : la LOSU establece cierta pérdida de representatividad estudiantil y abre la puerta a “incrementar” la privatización de la universidad, la Ley de Convivencia convierte en graves o muy graves cualquier acción que el alumnado pueda llevar a cabo como forma de protesta.
LAB, STEILAS, CCOO, ELA, CGT/LKN, ESK y el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU se han concentrado frente al Parlamento Vasco para denunciar que el reconocimiento de esta universidad permitirá que un proyecto privado que presenta importantes «carencias» acceda a unos fondos públicos ya de por sí «insuficientes».
El Consejo de Ministros del “gobierno más progresista de la historia” ha aprobado la tramitación de una nueva ley sanitaria, denominada “equidad, universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública”. Según el PSOE, la nueva ley impedirá establecer nuevos copagos – los que ya existen no se tocan- y considera la “gestión directa” como la forma prioritaria para la prestación de servicios, aunque no elimina la gestión privada dentro del SNS.
Desde CGT hemos analizado todas las noticias y declaraciones públicas con creciente preocupación. Se confirma que el gobierno no derogará las dos reformas laborales (2010, del gobierno Zapatero, y 2012, del gobierno Rajoy), no se prevé ni una sola medida para encarecer el despido o para penalizar a aquellas empresas que hagan un uso abusivo de la norma, en un nuevo giro que perpetúa la precariedad laboral y abre vías de negocio para los explotadores de siempre.
La “barra libre” empresarial que ha permitido rebajas de salario, jornada, pérdida de derechos, descuelgue de convenios, EREs sin autorización administrativa y despidos objetivos por casi cualquier causa, quedan por fuera de la agenda de “reformas de la reforma” presentada por PSOE y Unidas Podemos.
Los cambios legislativos, las reformas laborales, representan la legalidad aplicada con mano de hierro sobre las clases asalariadas y la flexibilidad ha inspirado toda la legislación laboral desde hace casi cuarenta y tres años hasta ahora, generando un marco de relaciones laborales inseguro para la persona trabajadora y precarizando.
Unidas Podemos anuncia un acuerdo para omitir las devoluciones en caliente de la “ley mordaza”, aunque el PSOE no lo da por cerrado. Más allá de cómo quieran presentarlo, esto no acaba con esta práctica, sino que traslada la negociación a la ley de extranjería. Mientras, los migrantes siguen siendo expulsados día a día con métodos como este que violan los derechos humanos.
El debate sobre la derogación de la Reforma laboral vuelve a estar encima de la mesa y a generar controversias en el interior de la coalición de Gobierno. Al mismo tiempo la patronal amenaza con más desempleo si se aplica y las burocracias sindicales intentan lanzar un mensaje triunfalista para justificar la pasividad mientras todo indica que nuevamente se prepara un nuevo chasco ante esta cuestión.
Manifiesto suscrito por más de un centenar de abogados, con 15 medidas en defensa de los derechos laborales, pretende poder salir al paso que ya se intuye en declaraciones de portavoces gubernamentales, de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretenda vender «gato por liebre» con una nueva «reforma» que sólo derogue aspectos secundarios de las anteriores, manteniendo intactos aquellos otros que más han lesionado los derechos e intereses de los asalariados, tal y como están reclamando las instancias económicas de la Unión Europea.
