Mientras en la comunidad Andaluza, la renta mínima de inserción y las ayudas al alquiler llevan dos años paralizadas, la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía con alevosía ha convalidado, en plena pandemia (lo que ha impedido la movilización social que, sin duda, generaría en cualquier otro momento), el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de ” mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía”, que modifica 21 leyes y 6 decretos con el “objetivo” de facilitar la inversión externa, con los apoyos de los grupos Popular, Ciudadanos y Vox, y el rechazo del Socialista y Adelante Andalucía.
Entre las modificaciones importantes está la Ley de Ordenación de Ordenación Urbanística de Andalucía; la Ley de Servicios Sociales; se relajan los controles para el funcionamiento de los centros y servicios de atención residencial, la Ley del Comercio Interior de Andalucía, incrementando en 16 los días de apertura autorizados en domingos y festivos; se modifica la Ley frente al Cambio Climático, eliminando controles para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; se modifica y suprime los criterios objetivos y mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad que establecían dichas normas dando discrecionalidad a las decisiones, etc. etc.
La norma aprobada modifica leyes autonómicas para, entre otras cosas, eliminar controles administrativos en materia urbanística y medioambiental, facilitando la instalación de grandes infraestructuras (puertos deportivos, campos de golf), recortando plazos para la aprobación de Planes Urbanísticos, eliminando la obligación de someter a impacto medioambiental determinadas actuaciones sobre suelo no urbanizable, permite dejar los suelos contaminados, eliminar la obligación de alcantarillado y depuración de aguas residuales a nuevas urbanizaciones, se facilita la privatización del patrimonio agrario público, se permite la ampliación de horario comercial a las grandes extensiones, se abren las puertas a la privatización de emisoras y televisiones municipales.
Medidas encaminadas, en cualquier caso, a dejar abiertas las puertas para que las empresas privadas puedan enriquecerse, a costa de la riqueza de esta comunidad. Para ello era necesario reducir el control público.
Como muestra vamos a enumerar algunos de los proyectos que están pendientes de ser aprobados y que corren el peligro de realizarse si no hay la suficiente presión social para evitarlo:
-El megaproyecto conocido como “Plan Larios” que incluye campo de golf de 18 hoyos, urbanización con 680 viviendas de lujo y varios hoteles, en zona declarada como Bien de Interés Cultural en Maro (Málaga).
– Urbanización en el Parque Natural de la sierra de Grazalema en el término municipal de Ubrique.
-Creación de nuevos vertederos de residuos peligrosos en Nerva (Huelva) y Bolaños (Jerez).
-Ampliación del basurero nuclear de El Cabril.
-22 años después del vertido de 6,5 hm³ de lodos tóxicos por la rotura de la balsa de Boliden, se da facilidades para la reapertura de la Mina de Aznalcóllar por la empresa Minera Los Frailes que propone verter 14 hm³ de aguas tóxicas con alto contenido en mercurio y cadmio al Corredor Verde del Guadiamar, en contra de los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Durante decenas de años, Andalucía ha sido saqueada y explotada, causando destrucción medioambiental y contaminación de acuíferos, ríos, mares, ciudades, zonas costeras… A pesar de los beneficios obtenidos con la apropiación y explotación de los recursos naturales, la comunidad andaluza está a la cabeza de los índices de paro y de pobreza y a la cola en los índices de bienestar.
