Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal ha declarado en una rueda de prensa telemática que “solo comparten esta ayuda destinada a los sectores más vulnerables como algo coyuntural” argumentando que “es una especie de subsidio permanente que retirase del horizonte de las personas el pensar tener un trabajo”. Lo mismo que plantea tanto la extrema derecha como la derecha extrema del PP y Ciudadanos, ya que según estos es una “imposición bolivariana” de un gobierno “socialcomunista totalitario”.
Tanto unos como otros están en contra de que se garantice una vida digna a las familias en situación de riesgo y pobreza, que no son precisamente pocas, como acreditan los informes que cifran en 12,3 millones personas en España (26,1% de la población) las que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. En vez de derechos banco de alimentos.
España es el único país europeo que no tiene una prestación pública generalizada que cubra el riesgo general de pobreza ( En Euskadi está mínimamente cubierto por la Renta de Garantía de Ingresos como derecho subjetivo). El ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno, propuesta recogida en el programa acordado por PSOE y Unidas Podemos, está destinado a garantizar que toda persona cuente con ingresos suficientes para vivir dignamente, al menos en niveles de subsistencia. Una especie de “red de seguridad” para todas las personas, especialmente para aquellas que, en esta crisis, se están quedando fuera de los ERTE y de las ayudas por desempleo.
La jerarquía católica y todo la derecha política no está por la solidaridad y la justicia social. Solamente por la caridad. Se oponen a todas las medidas sociales y políticas que tengan que ver con impuestos progresivos, la propiedad pública de los bienes comunes, los servicios públicos como la sanidad, las pensiones y salarios dignos, los derechos sociales, etc., etc. y ahora el ingreso mínimo vital.
Todavía es más sorprendente que utilicen argumentos relacionados con lo negativo que es mantener en el tiempo una situación de subsidio. Lo dicen los representantes de una Iglesia Católica que es profundamente dependiente de privilegios y fondos públicos a través de la casilla del IRPF y de exenciones fiscales de los que no han tenido a bien desembarazarse. No deja de escandalizar que una organización, que vive subsidiada, argumente que eso puede convertir en vagos a quien lo recibe, que, según ellos, a partir de entonces vivirá de la prestación y no trabajará, “acostumbrándose a la sopa boba”.
