El fraude más habitual que llega a los despachos de las asesorías jurídicas de los sindicatos es el de las empresas que presentan un expediente de reducción de jornada y obligan la plantilla a trabajar a jornada completa. Las empresas utilizan el complemento salarial de hasta el 100% del sueldo para convencer a los trabajadores de aceptar el fraude.
De este modo, las empresas se ahorran una parte de las cotizaciones a la Seguridad Social, exoneradas excepcionalmente mientras dura el estado de alarma en los ERTE de fuerza mayor, y parte del salario de la jornada que el empleado no debería de trabajar. El trabajo por parte de la plantilla, sin embargo, sigue siendo la misma que antes de la pandemia. Algunos trabajadores no entienden que esta práctica es ilegal e incluso dan las gracias a la empresa por no enviarlos a casa.
Ciertas empresas, directamente no han obligado a nadie, pero han utilizado el discurso de los sentimientos y del miedo para que los trabajadores acepten la inaceptable, apelando a la pérdida de la competitividad de la compañía en un momento de dificultad económica.
Cuando la plantilla pregunta a sus superiores qué pasará si Inspección de Trabajo se encuentra con una empresa con cientos de empleados haciendo ocho horas al día cuando legalmente sólo pueden trabajar el 30% de la jornada, los jefes se limitan a asegurar que los inspectores lo tienen muy difícil para demostrar el fraude. Además, los trasladan que, cuando llegara la sanción, la asumirían en un momento de menor tensión en la tesorería y, por tanto, les salía a cuenta.
Los sindicatos y abogados laboralistas están teniendo dificultades para actuar cuando los llegan este tipo de situaciones para que los empleados tienen miedo a represalias y no quieren denunciar.
La gran mayoría de expedientes fraudulentos se están dando en empresas de menos de 50 trabajadores donde es fácil teletrabajar, tales como compañías de ingeniería o informática, consultorías o asesorías, estudios de diseño y producción o en el sector de la comunicación. Este fenómeno también se ha extendido, sin embargo, a empresas del tercer sector que se han visto desbordadas por la emergencia sanitaria.
Si se demuestra el incumplimiento de la normativa de los expedientes temporales, la empresa que haya presentado un ERTE por fuerza mayor y se ahorre las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores deberá devolver todas las cuotas que ha dejado de abonar mientras el expediente ha estado vigente. Las empresas también tendrán que hacer frente a una sanción por parte de Inspección de Trabajo que puede llegar a los 180.000 euros, ya que se considera una infracción muy grave.
El Ministerio de Trabajo ha creado una unidad de gestión específica para hacer frente a las incidencias que la Covidien-19 provoque en el mercado laboral. La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social está actuando de oficio en los casos en que detectan un ERTE fraudulento pero no se han hecho públicas cifras de cuántas sanciones se han interpuesto.
