Regularización Ya es un movimiento que exige un cambio de la Ley de Extranjería, y un Debate Urgente en el Congreso de los Diputados, sobre las demandas de regularización permanente y sin condiciones de las personas migrantes en situación irregular por la crisis de la pandemia Covid-19.
El objetivo de estas manifestación es hacer visible la situación de las personas migrantes que se encuentran en situación irregular, reivindicando así el posicionamiento de las autoridades competentes y exigiendo Justicia Social.
La regularización no es un favor, es un derecho, la regularización no es solo a beneficio de los migrantes. Es por lo que el Movimiento Regularización Ya, aglutina a centenares de personas sin papeles y ONG. Se concentraron frente a la Cámara Baja, para apoyar la Proposición No de Ley (PNL) registrada, para exigir al Gobierno un proceso de regularización «permanente y sin condiciones» para todas las personas que viven en España sin la documentación en regla.
Esta Proposición, defiende aplicar a «toda la persona que lo solicite» el artículo 127 del Reglamento de Extranjería, que permite autorizar la residencia por razones de interés público, de seguridad nacional o por colaboración con las autoridades públicas. En este sentido, la PNL pide la concesión inicial de un permiso temporal de residencia por un periodo de cinco años, que permita la actividad laboral, por cuenta ajena o propia, «sin ningún tipo de limitación, ni territorial ni sectorial».
La plataforma apuesta por la incorporación de dos únicos requisitos en el proceso de regularización exigido: acreditar su identidad mediante el empadronamiento «por vía extraordinaria» de las personas sin papeles residentes en cada municipio y demostrar su residencia en España, al menos, desde el 14 de marzo de 2020 mediante «cualquier documento acreditativo de su estancia en el territorio anterior a esa fecha».
Sobre las condiciones de la renovación del permiso de residencia y trabajo, desde Regularización YA proponen que sea aprobada de forma «automática y de oficio» para proporcionar la residencia de larga duración «con una validez de 10 años» tras la comprobación de que la persona ha residido en España de forma legal y continuada durante los cinco años previos».
Más de 600.000 inmigrantes viven en España, no tienen derecho de trabajar, ni de vivir en este país, pero ellos se han puesto en la primera fila frente al coronavirus han estado trabajando, dando cara, son hombres y mujeres que están viviendo en Huelva, Almería, Lleida, etc. en asentamientos chabolistas. Sin luz, ni agua potable o en la calle. No deben seguir siendo la mano de obra barata de este país. ¨No es caridad es Justicia Social¨