Esta prórroga va acompañada de medidas de flexibilización laboral, exenciones fiscales y la negativa a grabar un solo euro más a las grandes empresas, mientras se mantienen intactas las reformas laborales origen de la actual precariedad. El sindicalismo institucional es una rémora que solamente actúa para mantenerse, mantener el poder de la patronal y amortiguar la lucha de clases.
Los desacuerdos de días anteriores se debieron a que la patronal exigía mayores exenciones fiscales. En una declaración conjunta han anunciado que han acabado apoyando la propuesta final porque “presenta importantes avances respecto a la propuesta inicial”. A cambio de la reducción de las exenciones, la ministra de trabajo ha incrementado la “discrecionalidad empresarial”, esto es, ha posibilitado la imposición unilateral por parte de los empresarios de reducciones de jornada y modificaciones de condiciones a los trabajadores.
Esta “discrecionalidad empresarial” consiste en la recuperación de las dos semanas de paralización de actividades no esenciales a través de cambios de horarios “negociados” individualmente entre empresario y empleado (con la consiguiente mayor vulnerabilidad por parte del asalariado y la ausencia de formas de negociación colectiva) y de la suspensión de permisos y vacaciones. Además da posibilidad a la patronal de “rescatar” trabajadores de los ERTEs en las siguientes semanas obligándolos a reducciones de jornadas y salario.
El desacuerdo inicial de los empresarios se debía a que la propuesta de Yolanda Díez suponía ir reduciendo la cobertura de las cuotas a la Seguridad Social que el Estado cubre actualmente para los trabajadores afectados por un ERTE. Lejos de esto, la patronal se decantaba por pagar el mínimo porcentaje posible de la Seguridad Social. La propuesta final y el regateo previo les ha hecho acabar aceptando estas condiciones.
La propuesta del ejecutivo establece que, en función del número de trabajadores, la cobertura iría bajando del 75% al 25% hasta septiembre. Para que la patronal aceptara la propuesta ha sido también importante la incorporación de que, en caso de rebrotes del virus, se mantenga una cobertura del 80% en el caso de las compañías con menos de 50 trabajadores y del 70% en el caso de las que tienen más de 50 empleados.
Asimismo, el acuerdo establece que los ERTE de fuerza mayor total hoy vigentes tengan una exoneración en las cotizaciones empresariales del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre cuando la empresa tenga menos de 50 trabajadoras/es.
Para las empresas con más de 50 empleados la exención será del 50%, del 40% y del 25% en los siguientes meses. Los ERTE de fuerza mayor parcial y los de causas objetivas, mantienen las exoneraciones del 60% para los trabajadores que vuelven a la actividad y del 35% para los que siguen con el empleo suspendido en las empresas de hasta 50 empleados. Para las que tienen más de medio centenar de empleados, las exenciones serían del 40% y del 25% para ambos casos.
El Gobierno continúa, de esta manera, subvencionando y rescatando a las grandes empresas sin grabarlas un solo euro, mientras deja en la estacada a trabajadores y pequeños autónomos que tendrán que pagar en un futuro cercano estos rescates en forma de impuestos y reformas estructurales.
Hasta el momento, el Gobierno “progresista” ha desembolsado 25.000 millones en el rescate directo de las grandes empresas, pero espera poder desembolsar otros 140 mil en los próximos años, así como con el acceso a las subvenciones y créditos del Banco Central Europeo, ayudas europeas condicionadas a reformas estructurales y ajustes neoliberales en materia de pensiones y empleo, que responden a las recomendaciones de la Comisión Europea y el FMI.
