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El Consejo de Ministros de ayer ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.

La Ley de Memoria Democrática, que pretende ampliar la ley de 2007 de Memoria Histórica de zapatero, ha iniciado este martes su andadura, con la pretensión de cubrir los vacíos que han sido señalados por las instancias internacionales como la ONU. El Gobierno calcula que entre en vigor en el primer semestre de 2021. 

Un texto con 66 artículos que se agrupan en 5 títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Se determina la consideración de víctima con arreglo a los parámetros internacionales de Derechos Humanos y declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.

El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.

En esta ley se responsabiliza a la Administración General del Estado, de la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

La investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la Dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados.

Se insta a las administraciones públicas a adoptar las medidas necesarias para la retirada de los símbolos y elementos públicos contrarios a la Memoria Democrática. 

Se revocarán de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios, que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura.

Asimismo, incluye actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista.

Recoge también acciones en el plano educativo actualizándolos contenidos curriculares para ESO y Bachillerato, y en el plano de la investigación y la divulgación con el fin de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas.

En cuanto al Valle de los Caídos, se enfatiza su resignificación con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes

 Se reconoce la labor realizada durante décadas por la sociedad civil en la defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas, disponiendo la creación de un registro de entidades memorialistas.

Título IV incorpora un régimen sancionador regulador de las infracciones y sanciones, en garantía del cumplimiento de los preceptos de la ley, en defensa de las víctimas y de la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público. Establece multas que van desde los 200 euros para las infracciones más leves hasta los 150.000 euros para las muy graves.

CGT ha manifestado que no son comprensibles las prisas que el actual Gobierno de PSOE-UP tiene por aprobar una nueva Ley de Memoria Democrática sin contar con las organizaciones memorialistas, quienes llevan años trabajando sin esperar a un Estado que da la espalda a las víctimas denunciar el ninguneo que sufren los colectivos de víctimas del franquismo en relación a las gestiones que se están llevando a cabo para modificar la actual ley de Memoria Histórica.

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