El Gobierno español ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes el proyecto de ley con las primeras medidas para la reforma del sistema público de pensiones, que será remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
Subida del IPC a todas las pensiones contributivas
En este proyecto de Ley suprime el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% , por la subida del IPC a todas las pensiones contributivas. Se aplicará todos los años de acuerdo con la inflación o subida del IPC del año anterior. Y si en un año la inflación negativa, la subida de la pensión del año siguiente simplemente quedará congelada. Por otra parte, esta subida del IPC será examinada y valorada dentro de 5 años y se determinará si hay que hacer algún cambio o no.
Pretenden presentarla como un triunfo, derivado del diálogo social entre quienes han negociado y suscrito este acuerdo. Pero se olvidan de que se consiguió gracias -sobre todo- a las movilizaciones pensionistas desde hace más de tres años. Pero se olvidan de que hay millones de pensionistas en su gran mayoría mujeres, con pensiones mínimas por debajo -y muy por debajo- de 750 euros mensuales, a quienes tienen previsto subir sólo el porcentaje del IPC, con lo que van a continuar con pensiones de miseria. Afirmar, como hacen los sindicatos firmantes que, con la subida del IPC a pelo, se garantiza el poder adquisitivo a todas las pensiones, no podemos por menos que calificarlo de burla.
Derogación del factor de sostenibilidad
Se nos vende que han conseguido derogar el Factor de Sostenibilidad que junto al Factor de Revalorización (el del 0,25%) y con ello la derogación de la reforma de pensiones del 2013 del PP de Rajoy.
Pero al mismo tiempo quitan importancia a que en su sustitución se pondrá en pie un Factor de Equidad Intergeneracional, para el cual Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo para negociarlo hasta el 15 de noviembre. Este nuevo mecanismo, que operará a partir de 2027, se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda de los grupos que respaldan al Ejecutivo y se teme que ese nuevo factor, vaya a ocupar un papel un tanto similar al anterior, que no se había aplicado hasta el momento. En caso de no alcanzarse un acuerdo en el marco del diálogo social, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de la entrada en vigor de la reforma.
El “olvido” de la derogación de la reforma de pensiones del 2011
Impulsada por el Gobierno de Zapatero, con el acuerdo también de CCOO y UGT, esa reforma supuso un mazazo a las pensiones. Se puso en marcha la ampliación de la edad legal de jubilación, que hoy en día está en torno a los 66 años y cuatro meses, y que en el 2027 alcanzará los 67 años. También se inició el avance progresivo de los 15 a los 25 años para el cálculo del salario regulador de las pensiones.
El precio que se está pagando por esa losa de la reforma del 2011 es tremendo y su no derogación no sólo hace que se mantengan aquellos recortes y retrocesos, sino que está abriendo la puerta a nuevas medidas y ataques al sistema de pensiones que se piensan seguir acordando en las siguientes fases de negociación de la Mesa de Diálogo Social, cuyos efectos serán demoledores para las inmediatas y futuras generaciones de jubilados y jubiladas.
Jubilación anticipada voluntaria
Un sector de quienes se jubilen anticipadamente de un modo voluntario podrá ver atenuados sus coeficientes actuales de reducción a condición de prolongar dos meses su fecha de jubilación. Los coeficientes reductores de la pensión pasen a ser mensuales, no trimestrales.
Así por ejemplo quienes se jubilen voluntariamente dos años completos antes de la edad límite legal, para una persona jubilada con menos de 38 años y 6 meses de cotización, la reducción ahora es del 16 %. Según el acuerdo pasará al 21%. Para quienes lo hagan con una cotización de más de 38 años y seis meses y menos de 41 años y 6 meses, ahora tienen una reducción del 15% y pasarán a otra del 19%. Con cotizaciones de más de 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses, la reducción es en la actualidad del 14% y según el acuerdo aumentará hasta el 17%. Y para quienes han cotizado más de 44 años y 6 meses la reducción quedará como hasta ahora, un 13 %. Ciertamente, a medida que se jubilen un mes más tarde esos coeficientes se van reduciendo.
Estos coeficientes que suponen mayores recortes, consideran que son medidas para favorecer el acercamiento voluntario de la edad efectiva con la edad legal de jubilación. Tachar a estas medidas de acercamiento “voluntario”, es un insulto a la inteligencia, pues las personas que se quieran jubilar dos años antes del límite legal, por pura lógica van a tratar de retrasar la jubilación anticipada porque el castigo que reciben con esos coeficientes de reducción de las pensiones es enorme. Luego está que, tras ese recorte, viene el cálculo del salario regulador de la pensión, que, si ya al hacerlo con los últimos 25 años ha supuesto un hachazo muy fuerte a las pensiones, no digamos nada si lo prolongan hasta los 35 años, como lo tienen previsto.
Incentivos para retrasar la jubilación
Se trata de que la gente que voluntariamente desee prolongar su paso a la jubilación más allá del tiempo legal establecido se vea animada a hacerlo con un incentivo que puede llegar a los 12.000 euros o con la subida anual de un 4% de su pensión. Para que la CEOE apoye esta propuesta han acordado que la seguridad social asuma el 75% de la cotización empresarial de la persona trabajadora, con más de 62 años, en los procesos de baja laboral por enfermedad.
¿Quién se puede apuntar a esa medida, salvo que tenga un puesto de trabajo cómodo y con un buen salario? Con 4.500 o 5.000 euros de salario y un trabajo cómodo, es normal que algunas personas se apunten a esto, porque saben muy bien que incluso la pensión más alta está muy por debajo de ese salario. Quizás nos encontremos también con algunos trabajadores y trabajadoras que, al momento de jubilarse con la edad legal, cuenten con una pensión de miseria y quieran mejorarla un poco prolongando la edad de jubilación. Pero esto es solamente entendible, por razones de extrema necesidad.
Prohibición de cláusulas de jubilación forzosa
También se prohíben cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores de menos de 68 años a partir de la entrada en vigor de la reforma. En los convenios suscritos con anterioridad, estas cláusulas podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada para el convenio.
Además, si se establecen estas cláusulas en los convenios, las empresas tendrán que contratar como mínimo a tiempo completo y de manera indefinida a un trabajador por cada jubilado forzoso.
Excepcionalmente, el límite de edad establecido (menos de 68 años) podrá rebajarse hasta la edad legal ordinaria de jubilación cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en las actividades económicas del ámbito funcional del convenio sea inferior al 15% de las personas ocupadas y siempre que se cumplan varios requisitos, entre ellos la contratación simultánea de al menos una mujer de manera indefinida y a tiempo completo.
Gastos impropios
El texto también recoge la culminación del proceso de separación de fuentes de la Seguridad Social a lo largo de la legislatura.
Sobre los autónomos, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales se incluirá en una norma intermedia, aunque el compromiso es que esté aprobado antes del segundo trimestre de 2022.
El texto prevé la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Social en un plazo de seis meses y abordar la revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a las de los matrimonios.
Además, la cláusula de salvaguarda se mantendrá en su regulación actual con carácter indefinido y, en un máximo de tres meses, se desarrollará un reglamento para la inclusión en la Seguridad Social de los becarios, aunque no tengan remuneración.
Una mirada totalmente estrecha y puramente coyuntural
Estas medidas son puros parches para intentar reducir el costo de las pensiones. En lugar de mirar por la sustitución de las personas que se pueden jubilar con 65 o menos años, con centenares de miles de jóvenes cualificados en situación de paro total o en la precariedad más absoluta; o de impulsar empleos y salarios dignos que permitan engrosar y sostener una caja de seguridad solvente, este gobierno y los sindicatos que apoyan este acuerdo muestran una miopía y actitud absolutamente lamentable. A la patronal y a los grupos financieros no les vamos a criticar, pues ya sabemos cuáles son sus intereses, defendiendo estas medidas de recorte de las pensiones y de debilitamiento de la Seguridad Social, que abren el camino a los fondos privados de pensiones, incluidos los de empresa o sectoriales.
