La propuesta de reforma -no derogación- de las “Leyes Mordaza” del PNV y del PSOE que fueron aprobadas en el Congreso el 21 de marzo no alteran la vulneración de derechos fundamentales, por la insuficiencia de la reforma dentro del ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana y por otra parte porque se mantienen el resto de leyes mordaza, como la última modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En ambas propuestas se mantiene la presunción de veracidad de las declaraciones de los agentes de autoridad. Se continúa limitando el derecho a la protesta y el ejercicio del derecho de reunión. Resulta especialmente grave que en la proposición de ley del PNV se mantengan las “devoluciones en caliente” en la frontera sur que suponen una auténtica aberración jurídica y una vulneración del derecho de asilo.
La doctrina “Código Penal de la Peligrosidad”, no se verá afectado por las reformas planteadas en sede parlamentaria, el delito de enaltecimiento de terrorismo previsto en el art. 578 del C.P. y penado con una sanción de prisión de 1 a 3 años
En los casi dos años transcurridos desde el 1 de julio de 2015, cuando entró en vigor, los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado han impuesto 285.919 multas, por un importe total de más de 131 millones de euros.
Un periodo que ha servido para corroborar que ha aumentado considerablemente la arbitrariedad y la subjetividad de la Administración a la hora de sancionar a los ciudadanos. La “Ley mordaza” ha provocado, por ejemplo, que sólo en 2016 se hayan puesto 19.497 multas por un concepto tan subjetivo como “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. O que las sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad hayan ascendido a 12.094, según Amnistía Internacional.
La arbitrariedad e indefinición de parte de su articulado ha provocado, además, que se haya sancionado a ciudadanos en situaciones que pueden ser calificadas como estrambóticas, por ejemplo que haya ciudadanos que han sido sancionados por su lengua en Catalunya o la Comunidat Valenciana o que intentar frenar un festejo que incluía maltrato animal haya tenido como consecuencia una multa de 6.000 euros.
