El domingo 26 de marzo se cumplen dos años desde que se aprobaron las Leyes Mordaza. Dos años desde que nuestros derechos y libertades fueron recortados apoyándose en justificaciones falsas. Pero nosotras seguiremos luchando para lograr que las Leyes Mordaza sean derogadas y en base a una legislación garantista que respete los derechos de todas. No queremos ni Leyes Mordazas maquilladas, Ni Leyes de la patada con mordazas.
El Partido Popular en minoría ha sufrido el martes una nueva derrota en el Congreso con la votación de sendas proposiciones de ley para reformar la “Ley Mordaza”. Por tarde se votaban dos iniciativas y las dos han salido adelante. La primera del PSOE consideraba imprescindible eliminar de la ley todos aquellos aspectos que considera inconstitucionales.
Entre los aspectos que los socialistas pedían suprimir figuran la sanción por manifestarse ante el Congreso y el Senado, las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla, la posibilidad de que a los periodistas se les requise material gráfico que incluya imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad, imposibilitar los registros personales en lugares públicos, “dejando prácticamente desnudas a personas en la vía pública”, y acabar con la consideración como infracción grave la falta de respeto a una autoridad pública o a un miembro de las fuerzas de seguridad. La iniciativa ha salido adelante con 177 votos a favor, 131 en contra y 33 abstenciones.
La segunda iniciativa fue del PNV, que opta no por derogar la ley sino por una amplia reforma de 44 disposiciones de la misma, ha obtenido mayor respaldo al obtener 211 votos a favor por 130 en contra y ninguna abstención, según este partido: “Vista la experiencia, ante las dificultades para una derogación completa, creemos que es una vía más posibilista y pragmática”.
La propuesta del PNV busca acabar con las sanciones, a su juicio, abusivas. La eliminación de un buen número de infracciones tipificadas como muy graves, entre ellas las manifestaciones espontáneas no comunicadas a la autoridad competente, graves (manifestaciones frente a las sedes del Congreso y Senado; el uso indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales; el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) y leves (escalamiento de edificios; la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada, el deslucimiento de inmuebles, etc.).
El PP se ha mostrado abierto a estudiar algunas posibles mejoras en el articulado. En este sentido, el propio ministro Zoido ha calificado la iniciativa del PNV como un documento de trabajo que podría constituir un buen punto de partida. Fuentes parlamentarias no descartan algún guiño a la proposición de ley de los nacionalistas vascos durante su toma en consideración en el Congreso.
La CGT y las organizaciones, colectivos sociales y las personas que hemos denunciado la vulneración de derechos fundamentales que supone la aplicación tanto de las leyes Mordaza como de las anteriores leyes de seguridad ciudadana.
Exigimos:
Una seguridad que proteja el libre ejercicio de derechos fundamentales .Se abandone la concepción legal que entiende que seguridad ciudadana como aquello que sirve para limitar el ejercicio de derechos y libertades (STC 37/1998). Romper con el enfoque franquista (Ley de Orden Público de 1953) sobre el concepto de seguridad ciudadana
Reivindicamos:
Un debate abierto entre partidos y colectivos de la sociedad civil que han denunciado la actual ley. Que se recojan nuestras principales reivindicaciones de cara a las propuestas de reforma. Que se incorpore a organizaciones de la sociedad civil en el grupo de trabajo para la reforma de la ley
Denunciamos que:
Se siga equiparando el concepto de seguridad ciudadana con orden público. La regulación por vía administrativa vulnera gravemente el libre ejercicio de derechos fundamentales. La presunción de veracidad y prueba de calidad que se otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fomenta la arbitrariedad en la aplicación de la ley. Las reformas no contienen cambios significantes para la protección del libre ejercicio de derechos fundamentales. Las reformas no responden a las demandas de organizaciones, colectivos sociales y personas que han denunciado la vulneración de derechos de esta ley. Las personas no somos un problema de orden público, como tampoco lo son gran parte de las cuestiones que recoge el articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana
Proponemos partir de una definición de Seguridad Ciudadana entendida como:
La situación en la que ciudadanía tiene garantizado el ejercicio de los derechos humanos, civiles y políticos individuales y colectivos. El goce de seguridad jurídica, de manera que la ciudadanía conozca con certeza el contenido de la ley y sus consecuencias; de un sistema de garantías que proscriba la arbitrariedad; y de transparencia en la actuación de los poderes públicos. Un marco regulador garantista que limite las potestades de Fuerzas de Seguridad del Estado y órganos administrativos en la restricción del ejercicio de derechos. La garantía de unas condiciones mínimas previas como tener garantizados los derechos económicos, sociales y culturales para el completo ejercicio de derechos
