Nos estafaron con la transición, con el pacto del silencio (entre los franquistas, el PSOE, el PNV y el PCE) y la ley de Amnistía, a cambio de la instauración de una democracia, de elitismo electoral y autoritaria que nos hace recordar al régimen anterior. El PSOE se retrata como protector de genocidas, represores y torturadores, ya que no dispuesto a cambiar la impunidad del régimen franquista, que cometió delitos por violación de los derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, a través del uso de la fuerza y de unos tribunales de justicia adictos al régimen, que ni siquiera respetaban sus propias normas.
La propuesta planteada consistía en añadir un nuevo párrafo al artículo 9 de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, con el siguiente redactado: “Las disposiciones contenidas en esta Ley no impedirán que los Juzgados y Tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos”. Apoyada por Unidos Podemos, PNV, ERC y EH Bildu en el Congreso, acusan al PSOE de perpetuar la “impunidad” de la dictadura.
El PSOE ha alegado la “inseguridad jurídica” del texto presentado para rechazar su toma en consideración, defendiendo que la moción dejaría “por completo desarticulada una ley que fue uno de los pilares del pacto de la Transición”. El Partido Popular ha sostenido que los crímenes “estarían prescritos” y considera imposible perseguir a quienes los hubieran cometido.
La portavoz de EH Bildu Marian Betialarrangoitia, ha argumentado que la negativa del partido liderado por Pedro Sánchez para no respaldar la admisión a trámite de la proposición de ley “es echar más tierra sobre las fosas” de las víctimas de la dictadura.
Actualmente continúan desaparecidas 140.000 personas y 30.000 niñxs fueron robados y han crecido sin identidad como los hijxs del régimen. Dándose la paradoja de que mientras en España se echaban las manos a la cabeza por lo desaparición de 500 niñxs argentinxs durante el periodo de la dictadura en ese país, se silenciaron las desapariciones de la época franquista o que la audiencia nacional española condenaba en el 2005 a 460 años de cárcel al torturador argentino Adolfo Scilingo.
La ley de Memoria Histórica del 2007 del PSOE supuso un pequeño avance en el compromiso institucional, no de la persecución pero sí de la averiguación del paradero de las personas desaparecidas, que en la práctica se ha quedado en nada. Una ley con notables carencias, que no aporta ningún instrumento jurídico nuevo y que no cumple la legalidad internacional de perseguir estos crímenes y no declara nulas las sentencias decretadas por los tribunales franquistas, que son injustas pero no las anula con el mismo argumento para no modificar la Ley de Amnistía: “porque pueden causar inseguridad jurídica”.
