Con esta pequeña guía queremos que podáis tener a mano algunos recursos que os permitan orientaros a la hora de defender vuestros derechos y el de vuestras compañeras de trabajo. Consejos prácticos

Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Más de tres meses después de aprobarse el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 solo 90.800 solicitudes cuentan con luz verde de la Seguridad Social de las casi 1 millón planteadas, según ha confirmado el ministro español José Luis Escrivá. Ni con robots ni con el escaso personal propio de la Seguridad Social se termina con la revisión de las solicitudes, lo que impide a las personas tener acceso a una renta de 462 euros de forma individual; una cantidad lejos de los 739 euros que marcan el umbral de la pobreza en el conjunto del Estado español, por debajo de los 980 euros en la CAV o de los 963 euros en Nafarroa.
Cuando en principios se piensa aparecen en la mente un conjunto de sentencias ordenadas a las que, se supone, las prácticas del tipo que sean deben ajustarse. Principios democráticos, principios legales, principios fundacionales, morales, éticos… Pero es evidente que la palabra principio denota usualmente el comienzo, el inicio de algo.
El gobierno Vasco y las diputaciones controladas por el PNV con el inestimable apoyo del PSOE, están demostrando que son gobiernos de sumisión al gran empresariado vasco. No hay transparencia y participación ciudadana en el buen uso de los fondos públicos. El modelo industrial que proponen es más de lo mismo, la mayoría de los fondos se faciliten a empresas energéticas, en vez de desarrollar proyectos energéticos limpios y sostenibles ecológicamente, no se atiende a las medianas y pequeñas empresas, no se atienden a las peticiones de las organizaciones sociales, de mejora de la calidad de sanidad pública y de la enseñanza pública, así como no se vincula el reparto de estos fondos a la creación de puestos de trabajo de calidad.
CGT ha anunciado una huelga general en Madrid para fines de octubre. Llama a colectivos sociales y sindicales alternativos a sumarse, pero no está definido el programa, ni la fecha ni las fuerzas con las que se busca impulsar la huelga. Motivos no faltan, pero sí programa y organización. Aquí planteamos 10 medidas que en la CRT consideramos elementales para darle contenido a la convocatoria.
La nueva ley que pronto se debatirá en las Cortes seguiría discriminando parte de las víctimas del franquismo y su derecho de reparación, y dejaría sin resolver otras cuestiones importantes como la justicia contra la impunidad.
Es una ley muy reclamada por la sociedad civil y las asociaciones de la memoria histórica de todo el estado, puesto que la ley aprobada en el 2007, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, dejaba temas importantes por resolver. Declaraba los tribunales ilegítimos, pero no anulaba las sentencias y establecía dos clases de víctimas, las de antes y después del 1968.
La manifestante, Montserrat Laguna Guzmán, fue una de las personas que acudieron a la convocatoria por la Asociación Parad@s en Movimiento de Valladolid para protestar contra los recortes presupuestarios en el contexto de la crisis económica. Una vez concluida la movilización, que había sido comunicada previamente, un grupo de entre 50 y 60 continuó de forma espontánea con la marcha hasta detenerse frente a un restaurante donde había unos políticos comiendo y desplegaron una pancarta en la que podía leerse Stop a la criminalización de la protesta social.
Arranca oficialmente el primer litigio climático contra el Gobierno español. El recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado 15 de septiembre por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón contra el Gobierno de España por inactividad climática ha sido admitido a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Las tres organizaciones celebran que el Tribunal Supremo haya abierto así oficialmente la puerta al primer proceso judicial dirigido contra el Gobierno español por incumplimiento de sus obligaciones climáticas.
En este libro de Sádaba cuestiona el capitalismo actual que, endiosado, se puede hacer con nuestras vidas. Es algo más que un problema que se produzca la pérdida de nuestra intimidad, la manipulación de las emociones o el dominio de nuestra ya escasa libertad. Es necesario «cambiar sustancialmente el modelo económico.
La persona que se considera libertaria defiende con valentía lo que piensa (en la familia, en el trabajo, etc.) y participa en todo aquello que tiene que ver con el pensamiento libertario (manifestaciones, reuniones pertinentes, colaborando con movimientos afines, etc.).
En estos meses, políticos de todos los colores han tomado medidas contrarias a lo que dicta el sentido común y lo que clamaban los trabajadores sanitarios. Nos han aplicado, como vienen haciendo desde hace años, la medicina equivocada. No se ha potenciado la atención primaria, ni los laboratorios, ni las UCIs. No se han contratado los rastreadores necesarios, ni se han incrementado las, ya de por sí, escuálidas plantillas.
El Papa arremete contra el consumismo, la globalización despiadada, el liberalismo económico, la tiranía de la propiedad privada sobre el derecho a los bienes comunes, la falta de empatía hacia los inmigrantes o, incluso, el control que ejercen las compañías digitales sobre la población y la información.
En una sentencia notificada el 2 de octubre de 2020, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional da la razón a la CGT y destapa el vergonzoso comportamiento de las secciones sindicales de CCOO, UGT y a USO, que participación en una negociación secreta y oscura durante el mes de abril de 2020, coordinándose con Teleperformance, sin exigir el cumplimiento de la libertad sindical que obligaba a la participación de la CGT y suscribiendo un acuerdo nefasto para la plantilla que la Audiencia Nacional anula y deja sin efecto.
El problema se plantea en el momento en que esas autoridades, abrumadas por la magnitud de la pandemia y temerosas de que se incube un rechazo social que las desestabilice, optan por sostenella y no enmendalla valiéndose de la propaganda y la impostura como parapeto. Y en un país sin apenas memoria de sociedad civil organizada, la tentación de convertir el tsunami de la pandemia en una forma de afirmarse en el poder está a la orden del día.
Con la publicación en 2007 de La doctrina de shock, la periodista y activista Naomi Klein nos proporcionó una metáfora muy útil para analizar las políticas neoliberales.
Extrapolando técnicas de las experiencias psiquiátricas de anulación de la personalidad y el recuerdo, el capitalismo del desastre de los Chicago Boys encontró una estrategia perfecta para capitalizar la crisis: el diseño de políticas que sistemáticamente profundizan en la desigualdad y terminan enriqueciendo a las élites.
El ‘edadismo’ o discriminación por edad ya era un problema instalado en nuestra sociedad pero ha mostrado su rostro más cruel durante la pandemia. “La crisis provocada por la covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las personas mayores y ha evidenciado una profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración y en las residencias, así como una falta de respuestas adecuadas a sus necesidades y derechos por parte de los poderes públicos”
Con los ERTEs las patronales se ahorran los costes salariales, mientras hacen que estos recaigan íntegramente sobre el Estado. Es decir, las patronales se ahorran millones de euros en base al endeudamiento masivo del Estado, mientras aumenta el desempleo y la precariedad. Una medida que ha evitado despidos generalizados a corto plazo, pero que no garantiza que se produzcan en unos meses.
La situación de las personas migradas frente a la pandemia y la crisis económica no solo no mejora, sino que es cada día peor. Las personas en situación administrativa irregular contemplamos como el tiempo pasa y la regularización no llega y cada vez se complica más.
En un momento tan paradójico como el actual en el que casi todo funciona con cita previa, resulta humillante que para todo lo relacionado con extranjería, estas citas son imposibles de conseguir, y sin citas no pueden realizar trámites esenciales para la vida cotidiana.
El Gobierno de coalición, autodefinido como el “más progresista de la historia”, acaba de aprobar la derogación de parte de las escasas medidas sociales aprobadas con motivo de la pandemia para ayudar a los más desfavorecidos. Pero seguirá llenando los bolsillos de las grandes empresas del IBEX 35 con ayudas
Segun Jaime Richart, autor de este articulo, los jueces de la Transición pasaron repentinamente de ser jueces franquistas a jueces demócratas. El Tribunal de Orden Públicó se convirtió a toque de cornetin en Audiencia Nacional. Posteriormente jueces con su mentalidad conservadora típica del rigor militar del dictador fueron seleccionando las promociones subsiguientes desde el inicio de esta «democracia de mínimos», una modalidad de «democracia cercana a la farsa». El resultado de esa trayectoria es la actual magistratura española.
El 15MpaRato, la iniciativa ciudadana que llevó a los tribunales la salida a bolsa de Bankia, ha dirigido una petición al Gobierno y a los grupos políticos para que “ocho años de lucha de la sociedad civil no hayan sido en balde” después de que hoy la Audiencia Nacional haya absuelto a los 34 acusados en el juicio, incluyendo al expresidente Rodrigo Rato. La plataforma pide que se cambien las leyes “para proteger la población española de la gestión financiera y sistémica irresponsable para con el interés general”.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación de la duración de algunas medidas del «escudo social» contra la crisis. Así lo han adelantado fuentes del Gobierno a cuartopoder. La intención desde un primer momento de la vicepresidencia segunda que lidera Pablo Iglesias, tal y como adelantó este medio, era que la ampliación fuera hasta 2021.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso de suplicación de Petronor a la sentencia del Juzgado de lo Social Nº1 de Bilbo, que condenó a Petronor e Iberdrola Generación al pago solidario de 324.540,69 euros a un trabajador enfermo, afectado de mesotelioma pleural, tras trabajar en contacto y manipulando amianto en estas empresas.
CGT denuncia que el actual gobierno mire hacia otro lado, eluda responsabilidades y contribuya al sufrimiento de estas personas cuyo único delito es ser pobres y tener la necesidad de emigrar o huir de sus países de origen. Exige el cierre de CIEs, CETIs y CATEs, la eliminación de fronteras y de vallas asesinas que despedazan los cuerpos de las personas que intentan saltarlas en su huida. Denunciando las políticas migratorias de la Unión Europea. Exigiendo la Regularización Ya de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
CGT quiere denunciar la aptitud sectaria (una vez más) y excluyente de CC.OO y UGT respecto a sindicatos como el nuestro y otros como USO y CSIF, arrogándose a la manera de “lobby patronal mayoritario”, la exclusiva representatividad de la clase obrera en el Consejo de Desarrollo Sostenible que el 24 de septiembre se constituyó, para desarrollar la Agenda 2030, con los 17 objetivos aprobados por casi 200 países del mundo en la ONU en el 2015.
Con motivo de la celebración del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, tanto en Nafarroa como en Uribe Kosta (Bizkaia) se llevará a cabo una concentración y manifestación comarcales. El lunes 5 de octubre, a lo largo y ancho de Hego Euskal Herria, se volverán a multiplicar concentraciones e iniciativas diversas. Están convocadas ya numerosas manifestaciones comarcales y concentraciones en pueblos. Y por medio de un manifiesto unitario para las cuatro provincias se insistirá en los problemas de las personas mayores.
La Industria del Control Migratorio (ICM) es un conglomerado de empresas que hace negocio con las políticas migratorias. En España, este mercado en alza beneficia principalmente a grandes constructoras, empresas tecnológicas, aerolíneas que operan vuelos de deportación y empresas armamentísticas. Sin embargo, entre las 20 principales ganadoras del negocio antimigratorio español figura una empresa insignia del comercio minorista: El Corte Inglés.
Hace dos semanas, la policía nacional efectuó una redada contra ocho integrantes de Mugitu! Mugimendua acusados de participar en una acción de paralización de las obras del TAV en Marcilla mientras dos periodistas que cubrieron la acción fueron investigados. Las acusaciones son graves: usurpación de funciones públicas, falsedad documental y coacciones, en una acción totalmente pacífica que quería simbolizar la paralización de las obras del TAV pendientes de finalización como el corredor navarro y la Y vasca, paralización ésta que un organismo como AIREF (Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal) recomienda al gobierno central.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) defendemos la soberanía de nuestros cuerpos y de nuestras vidas, desde nuestros acuerdos confederales como en la acción social y sindical de nuestro día a día. Entre otras muchas libertades, defendemos el derecho de las personas a decidir sobre su cuerpo y su futuro, si desean o no una maternidad o paternidad consciente y responsable.
Más de 20 ciudades se han movilizado en todo el estado hoy 25 de septiembre con motivo del Día Global de Acción por el Clima convocado internacionalmente. El manifiesto de la convocatoria subraya la importancia de transformar el trabajo, que en la actualidad se ha unido a la precariedad, la desigualdad y la destrucción del territorio.
La concentración pretendía, como en otros barrios y pueblos de Madrid, denunciar el escándalo de la segregación a la que se somete a los barrios obreros para todo menos para ir a producir riqueza para el capital en transportes abarrotados, donde la distancia de seguridad es una broma macabra.
Los muros siempre han existido entre ricos y pobres. Mientras ganan mucho dulcifican el trato, ya que no es imprescindible exterminar. Pero !Ay! cuando dejan de ganar lo que entienden que deben. Entonces, y sólo entonces, su ira contenida, se muestra; y mal rayo le parta a quien no le baile al son de sus ganancias.
Ahora se hace viral esto del confinamiento, cuando de hecho todas las personas que no son multimillonarias, viven confinadas constantemente. ¿Quién es capaz de confinar a los ricos? Sus mansiones, fincas solariegas, islas privadas, yates, yets, helicópteros, algunos hasta submarinos… o simplemente el dinero, les permiten situarse por encima de cualquier confinamiento. Y es que en realidad son ellos, los ricos, los que los crean y a diario.
La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak se ha concentrado frente al Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar las prácticas fraudulentas que el consistorio lleva a cabo en la gestión y la tramitación de las Ayudas de Emergencia Social (AES) y visibilizar así sus nefastas consecuencias para las familias solicitantes, razón por la cual han escenificado un «ahorcamiento de los derechos sociales» en el que el verdugo representa al gobierno municipal y la persona ahorcada a estas familias, además de mostrar varios carteles con el lema «Murrizketarik ez».
Plantilla insuficiente, más cargas de trabajo y la práctica desaparición de la atención presencial ponen en peligro el servicio público.
Desde CGT ya denunciamos la situación y las consecuencias que, tanto para la plantilla como para la ciudadanía, va a representar la gestión del servicio antes y durante la pandemia que padecemos. Como era de prever, y así lo manifestamos desde CGT a la plantilla a la Dirección y a la opinión pública, las consecuencias del semicierre del INSS durante el periodo de confinamiento se han hecho notar ya.
Finalmente, entre tensas negociaciones hasta el último momento, el Parlamento de Cataluña ha aprobado por 71 votos a favor y 63 en contra, la Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. Una norma que se antojaba inaplazable como consecuencia de la intensa escalada de precios en el mercado de alquiler en los últimos años
El conflicto laboral, económico y social generado por el anuncio por parte parte de Nissan del cierre de sus plantas en Barcelona, no ha concluido con el acuerdo alcanzado entre los representantes de la plantilla y la dirección de la multinacional japonesa que, entre otras cosas, prevé evitar los “despidos traumáticos” hasta diciembre de 2021. Junta a las 2500 personas empleadas por la propia Nissan, conviven 14000 trabajadores y trabajadoras pertenecientes a diferentes contratas y subcontratas bajo amenaza de perder sus empleos sin acceso a las beneficiosas condiciones acordadas en Nissan ni posibilidades de participar en los prometidos procesos de reindustrialización.
Ha tardado meses en resolverse, pero la sentencia del Tribunal Supremo ha llegado y falla a favor del rider de Glovo. Según el comunicado del Supremo, la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral. El Tribunal sostiene que la empresa de reparto no puede ser considerada una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.
El viernes 25S, las personas organizadas bajo el paraguas de Juventud por el Clima – Fridays for Future, bajo las “estrictas medidas de seguridad sanitaria”, saldrán a la calle para seguir exigiendo medidas para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de manera sostenible. “No hay excusa para no escuchar” se lee en el comunicado lanzado por la organización la semana pasada, “las inversiones que ahora se realizan para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias, deben estar en línea con el Acuerdo de París”, concluyen.
El juez vasco que durante ocho años se forró con la administración de empresas en quiebra es uno de los aspirantes a presidir la Justicia en Euskadi. Edorta Etxarandio está entre los seis magistrados que ya han presentado su candidatura ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de los jueces que el 30 de septiembre designará al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La dirección de Acciona, principal subcontrata que daba servicio dentro de las factorías de Nissan, anunciaba de manera unilateral la rotura por su parte, del Contrato Mercantil que tenían con Nissan, dejando de esta manera de prestar los servicios que llevaba realizando durante los últimos años, presentando un ERE para poner en la calle a un total de 556 trabajadores y trabajadoras.
El próximo 17 de octubre están previstas movilizaciones en todo el Estado en defensa de un sistema sanitario público, universal, democrático y al margen del ánimo de lucro.
Los problemas son similares en todo el estado: infrafinanciación, deterioro, privatización, insuficiencia de plantillas, etc., que se han agravado con la crisis del Covid.
CGT manifiesta que estos hechos son muy preocupantes porque se trata de decisiones que afectan directamente a la seguridad, integridad y buen funcionamiento de Salvamento Marítimo. CGT continúa exigiendo más medios humanos en Salvamento Marítimo y aboga por el fin de los cargos de libre designación que solo responden a compromisos políticos
La persistencia de la pandemia de covid-19 ha desatado una carrera desaforada por lograr una vacuna, el enfoque más estrecho. Las epidemias siempre son un momento de alza para la voraz industria farmacéutica, hiperconcentrada en 20 grandes trasnacionales que controlan la mayoría del mercado global y que no están interesadas en la salud, sino en sus ganancias.