Este lunes, los sindicatos mayoritarios daban por válido el acuerdo con el gobierno de prorrogar los ERTEs hasta el 31 de enero de 2021, mientras las patronales de CEOE y Cepyme han retrasado su apoyo hasta la mañana del martes 29, como forma de presionar al gobierno hasta último momento y seguir arrancando mejores garantías.
“El comité ejecutivo de CEOE ha acordado tras un amplio debate aceptar por unanimidad la última propuesta para prorrogar el acuerdo sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), después de intensas negociaciones que se han extendido hasta la primera hora de esta mañana”, dice el comunicado de la asociación patronal.
Y no es para menos, ya que con los ERTEs las patronales se ahorran los costes salariales, mientras hacen que estos recaigan íntegramente sobre el Estado. Es decir, las patronales se ahorran millones de euros en base al endeudamiento masivo del Estado, mientras aumenta el desempleo y la precariedad.
En el nuevo acuerdo se garantizan los ERTEs por rebrote a las empresas con menos de 50 trabajadores, con lo que podrán ahorrarse el 100% de la cuota de sus empleados y el 90% en el caso de las empresas de 50 o más empleados durante el período de clausura.
Y, por otro lado, cuando se limite la actividad de la empresa (por limitación de aforo o de horario) las exenciones en las cuotas serán graduales: las empresas con menos de 50 trabajadores y trabajadoras, el ahorro alcanzara el 100%, 90%, 85% y 80% en estos meses, mientras que en las empresas que superen ese nivel de plantilla las cifras serían del 90%, 80%, 75% y 70%. De esta manera, el gobierno de coalición del PSOE, Podemos e IU-PCE garantizan mejores condiciones a los empresarios.
Cínicamente, los dirigentes sindicales de CCOO y UGT quedan “satisfechos” porque según ellos los ERTEs son la mejor garantía para “congelar” la economía y evitar los despidos. La realidad es que las medidas del gobierno permiten que las empresas ahorren costes, mientras siguen garantizando los beneficios privados de los empresarios. Pero, al mismo tiempo, ya está habiendo un aumento del paro en toda población trabajadora y en particular en el sector más joven.
La estrategia empresarial es ahorrar costes y tiempo, mientras esperan que a que “haya más calma” para despedir masivamente en el futuro y reestructurar las plantillas.
En estas condiciones, la burocracia sindical celebra las medidas para mantener la cuantía de la prestación por desempleo en el 70% pasados los seis meses en ERTE (sin aplicar la reducción al 50%), mantener el llamado “contador a cero”, y una prestación extraordinaria de desempleo para trabajadores fijos discontinuos y temporales sin derecho a paro, entre otras medidas que el Gobierno está aplicando para tratar de amortiguar la enorme crisis social que desencadenó la pandemia.
Estas son medidas de “contención social” que se están tomando en toda la Unión Europea, tanto con gobiernos de tinte “conservador” como “progresistas”, ya que se trata de evitar un hundimiento generalizado de las economías de las potencias europeas. De hecho, en este momento, uno de cada cuatro trabajadores europeos, 42 millones en total, están afectados por un ERTE a causa de la pandemia de la covid-19, una medida que ha evitado despidos generalizados a corto plazo, pero que no garantiza que se produzcan en unos meses.
Con este objetivo, la UE ha habilitado este martes el nuevo mecanismo de financiación, conocido como SURE, que tendrá hasta 100.000 millones de euros para conceder créditos a los Estados para sufragar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En el caso español, el gobierno ha solicitado 20.000 millones provenientes de ese instrumento. Un mecanismo que busca postergar lo más duro de la crisis hacia adelante, pero para nada solucionarla.
A pesar del doble discurso del “gobierno progresista” y de algunas medidas cosméticas, el gobierno de coalición del PSOE, Podemos e IU-PCE, con el apoyo de las burocracias sindicales, siguen garantizando enormes ganancias a los capitalistas del IBEX 35. Los que más ganan siguen ganando cada vez más, mientras dejan a cientos de miles de familias sin trabajo.
En este contexto, quienes seguimos pagando la crisis somos la clase trabajadora, con ERTEs, despidos, rebajas salariales, desahucios y confinamientos de clase, como en Madrid. Para revertir esta situación sería necesario tomar medidas urgentes, que afecten las ganancias de los capitalistas: la prohibición de los despidos y ocupación de toda empresa que cierre o despida; nacionalización de los sectores estratégicos bajo control de los trabajadores y usuarios; reparto del tiempo de trabajo sin reducción salarial; incremento de la inversión pública en al menos un 10% del PIB y puesta en marcha de un programa masivo de creación de empleo público; elevación de los impuestos para las grandes fortunas y capitales para sufragar toda esa inversión, entre otras medidas de emergencia.
