El 15 de octubre termina el plazo para aportar el primer borrador de las inversiones con las que el Estado gastará los 59.166 millones a fondo perdido. Los fondos de la Unión Europea destinados a España se elevan a 140.000 millones de euros, de los que casi 60.000 millones son a fondo perdido y, el resto, préstamos.
Según los cálculos del Gobierno Vasco, a la Comunidad Autónoma del País vasco le corresponderían 10.228 millones de inversión a fondo perdido durante el periodo 2020-2024, de los cuales el 70% se aportarían en 2021-2022 y el 30% restante, en 2023.
Los objetivos que deben cumplir los proyectos son: el desarrollo e implantación del uso de energías renovables, mejorar la eficiencia energética de edificios privados y público, promocionar tecnologías limpias en el transporte, así como extender el transporte público, conectividad (redes 5G), modernizar las administraciones públicas, mejorar las nubes de datos —muchos datos sensibles de los estados miembros se almacenan en servidores del exterior de la UE— y adaptar los sistemas educativos para apoyar las habilidades tecnológicas de los niños.
A pesar de la falta de información con la que están transcurriendo las negociaciones en todo el Estado, entre administraciones y grandes empresas llevan semanas de aceleradas reuniones intentando sacar tajada de las subvenciones europeas para repartirse el pastel.
El Gobierno Vaco en silencio y de la mano de una consultora privada, de la que es director el hijo mayor del exconsejero de Interior Juan Maria Atutxa (PNV), ha elaborado el borrador que trasladó a Pedro Sánchez el pasado 14 de agosto, donde el grueso de las partidas se destinarán a proyectos privados (4.365 millones), le siguen los públicos de las instituciones vascas (3.151 millones) y, finalmente, los públicos gestionados por el Estado (2.712 millones), en los que se enmarcan única y exclusivamente las obras del TAV, que supone un elevado impacto ambiental y enormes beneficios para las constructoras.
El Gobierno vasco planea destinar casi la mitad de los fondos que autonómicamente le corresponderían a las obras del Tren de Alta Velocidad, a Iberdrola y a Petronor, dejando en evidencia que la transición ecológica no es un asunto del todo relevante para su Ejecutivo, aunque sea un requisito de la Unión Europea: 2.712 millones para las obras del TAV, 1.706 millones para Iberdrola —casi todos para digitalizar sus redes eléctricas— y 330 millones para Petronor, la empresa de hidrocarburos de la que es consejero delegado Josu Jon Imaz, expresidente del PNV entre 2004 y 2008, que planea realizar un corredor de hidrógeno (estaciones de repostaje para vehículos de hidrógeno).
Además de los proyectos estrella que ya están en marcha por parte de las Diputaciones, también espera financiar con estos fondos la segunda fase de la Supersur de Bilbao (187 millones) y el túnel subacuático ya en marcha que conectará las dos márgenes de la Ría de Bilbao (403), El museo Guggenheim en Gernika (140 millones) y una piscifactoría en la antigua central nuclear de Lemoiz (105).
El borrador incluye una partida de 26,5 millones para la gestión del Centro Internacional de Emprendimiento del edificio Bizkaia, el último proyecto estrella de la Diputación de Bizkaia. La primera ronda de la licitación de la gestión de este proyecto quedó desierta en primavera. La Diputación dobló el presupuesto para la segunda ronda y la consultora que obtuvo la adjudicación es la de Asier Atutxa.
Solo 18 millones están destinados a un proyecto de cuidados —Nagusi Intelligence Center— y otros 75 a centros comarcales de atención integral para personas mayores. Al parque para el desarrollo de la agricultura ecológica, del que nadie sabe nada y consta como “en desarrollo conceptual”, se le dedicarían 11,5 millones. En cuanto a la revolución digital, destaca la expansión del 5G (65 millones) y la digitalización de las administraciones vascas (80 millones).
El gobierno Vasco y las diputaciones controladas por el PNV con el inestimable apoyo del PSOE, están demostrando que son gobiernos de sumisión al gran empresariado vasco. No hay transparencia y participación ciudadana en el buen uso de los fondos públicos. El modelo industrial que proponen es más de lo mismo, la mayoría de los fondos se faciliten a empresas energéticas, en vez de desarrollar proyectos energéticos limpios y sostenibles ecológicamente, no se atiende a las medianas y pequeñas empresas, no se atienden a las peticiones de las organizaciones sociales, de mejora de la calidad de sanidad pública y de la enseñanza pública, así como no se vincula el reparto de estos fondos a la creación de puestos de trabajo de calidad.
