Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Las personas migrantes no pueden solicitar el permiso de residencia y trabajo por arraigo social, a pesar de que por fin hayan conseguido cumplir con todos los requisitos. No pueden conseguir renovar sus documentos de identidad, lo que nos imposibilita poder firmar un contrato de trabajo, el alta en la seguridad social, e incluso cobrar el sueldo. No pueden viajar a visitar a sus familiares y tantos otros inconvenientes. En resumen sin citas no pueden ejercer sus derechos.
Convocadas por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) y apoyadas por los sindicatos CGT, CNT y ESK exigen la reversión de las leyes que propician la entrada de empresas privadas en el sistema sanitario público. Con la aprobación de la ley 15/97 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, se abrió la puerta a que las empresas privadas se beneficiaran de lo público.
Según Oxfam Intermón, las consecuencias socioeconómicas de la pandemia podrían incrementar en más de 1,1 millones las personas en situación de pobreza en España si no se adoptan más medidas. Con este aumento, el número total llegaría a alcanzar los 10,9 millones de personas, pasando del 20,7% de la población antes de la COVID-19 al 23,07% tras los efectos del coronavirus. A nivel internacional la organización destaca que, por primera vez en 20 años, crecerá la pobreza extrema.
Permite, mediante los “conciertos” la parasitación del sistema público. Ideado para que los hospitales privados “complementaran” a los públicos excepcionalmente, ha sido la estratagema para dirigir el dinero público a los bolsillos privados, mientras los centros públicos mantenían infrautilizadas alta tecnología sanitaria, camas, quirófanos, etc.
Colectivos sociales, sindicatos (CCOO, UGT, LSB-USO, STEILAS, ESK y CGT-LKN), Redes del Tercer Sector Social y la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, apoyan esta manifestación, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre, así como por una política consensuada de lucha contra la pobreza y por un sistema fuerte y legitimado de protección social y de rentas mínimas que posibiliten una sociedad más igualitaria.
El PNV ha diseñado para un hipotético sistema vasco de pensiones, donde se asume un modelo de capitalización vasco (EPSV) con beneficios fiscales para sectores con capacidad de ahorro, es un modelo neoliberal que genera desigualdad y fragmentación de a la clase trabajadora con prácticas elitistas que refuerzan la lógica rentista y del capital, donde ELA que se sumó desde el principio con entusiasmo y posteriormente LAB, CC.OO. y UGT.
EH Bildu quiere presionar al PSE-EE, que dirige la cartera de Vivienda en Euskadi y con el que pactaron en 2015 la normativa vigente -desde la oposición y contra el criterio del PNV-, para que el Parlamento Vasco imite al catalán y apruebe una ley que fije máximos en los precios del alquiler en barrios «tensionados», es decir, con alta demanda, escasa oferta y precios caros.
CGT reivindica que unos servicios públicos de calidad, gratuitos y universales para todas las personas y exige que en esta nueva crisis no recaiga en las más desfavorecidas de la sociedad.
CGT hace un llamamiento a la participación reivindicativa de todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna de situación laboral, sexo, edad o condición social, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid contra la desigualdad material y efectiva de las personas en el ámbito laboral y, por tanto, en el social y económico.
El 12 de octubre de 1975, se proclamaba la Unidad Nacional Saharaui en la región de Ain Bentili. Día en el que todos los saharauis anunciaron su adhesión a los principios del Frente Polisario y su total disposición al sacrificio y la lucha armada por la liberación y la independencia del Sáhara Occidental del colonialismo y posteriormente contra los ocupantes mauritanos y marroquíes.
Magdalena Valerio, presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, trata de comprometer a todos los partidos, incluidos los de derechas, PP y Ciudadanos, en un acuerdo imposible, salvo que se hagan muchas concesiones a estos. Pretende un compromiso de mínimos y de consenso y que luego las enmiendas más positivas o progresistas sean tumbadas en el Congreso
Artículo de opinión de Marisa Olite Cambra, Chema Berro Uriz, afiliadas/os a CGT/LKN-Nafarroa
El Gobierno ha remitido recientemente al Consejo de Navarra el proyecto de Decreto Foral que regula los centros residenciales y de día, para su preceptivo dictamen. Se trata de un texto que se empieza a elaborar en 2019 con la pretensión de consolidar un modelo de atención enfocado en la persona y en la calidad de los cuidados.
Más de tres meses después de aprobarse el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 solo 90.800 solicitudes cuentan con luz verde de la Seguridad Social de las casi 1 millón planteadas, según ha confirmado el ministro español José Luis Escrivá. Ni con robots ni con el escaso personal propio de la Seguridad Social se termina con la revisión de las solicitudes, lo que impide a las personas tener acceso a una renta de 462 euros de forma individual; una cantidad lejos de los 739 euros que marcan el umbral de la pobreza en el conjunto del Estado español, por debajo de los 980 euros en la CAV o de los 963 euros en Nafarroa.
CGT ha anunciado una huelga general en Madrid para fines de octubre. Llama a colectivos sociales y sindicales alternativos a sumarse, pero no está definido el programa, ni la fecha ni las fuerzas con las que se busca impulsar la huelga. Motivos no faltan, pero sí programa y organización. Aquí planteamos 10 medidas que en la CRT consideramos elementales para darle contenido a la convocatoria.
El Papa arremete contra el consumismo, la globalización despiadada, el liberalismo económico, la tiranía de la propiedad privada sobre el derecho a los bienes comunes, la falta de empatía hacia los inmigrantes o, incluso, el control que ejercen las compañías digitales sobre la población y la información.
Con la publicación en 2007 de La doctrina de shock, la periodista y activista Naomi Klein nos proporcionó una metáfora muy útil para analizar las políticas neoliberales.
Extrapolando técnicas de las experiencias psiquiátricas de anulación de la personalidad y el recuerdo, el capitalismo del desastre de los Chicago Boys encontró una estrategia perfecta para capitalizar la crisis: el diseño de políticas que sistemáticamente profundizan en la desigualdad y terminan enriqueciendo a las élites.
El ‘edadismo’ o discriminación por edad ya era un problema instalado en nuestra sociedad pero ha mostrado su rostro más cruel durante la pandemia. “La crisis provocada por la covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las personas mayores y ha evidenciado una profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración y en las residencias, así como una falta de respuestas adecuadas a sus necesidades y derechos por parte de los poderes públicos”
El Gobierno de coalición, autodefinido como el “más progresista de la historia”, acaba de aprobar la derogación de parte de las escasas medidas sociales aprobadas con motivo de la pandemia para ayudar a los más desfavorecidos. Pero seguirá llenando los bolsillos de las grandes empresas del IBEX 35 con ayudas
El Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación de la duración de algunas medidas del «escudo social» contra la crisis. Así lo han adelantado fuentes del Gobierno a cuartopoder. La intención desde un primer momento de la vicepresidencia segunda que lidera Pablo Iglesias, tal y como adelantó este medio, era que la ampliación fuera hasta 2021.
Con motivo de la celebración del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, tanto en Nafarroa como en Uribe Kosta (Bizkaia) se llevará a cabo una concentración y manifestación comarcales. El lunes 5 de octubre, a lo largo y ancho de Hego Euskal Herria, se volverán a multiplicar concentraciones e iniciativas diversas. Están convocadas ya numerosas manifestaciones comarcales y concentraciones en pueblos. Y por medio de un manifiesto unitario para las cuatro provincias se insistirá en los problemas de las personas mayores.
La Industria del Control Migratorio (ICM) es un conglomerado de empresas que hace negocio con las políticas migratorias. En España, este mercado en alza beneficia principalmente a grandes constructoras, empresas tecnológicas, aerolíneas que operan vuelos de deportación y empresas armamentísticas. Sin embargo, entre las 20 principales ganadoras del negocio antimigratorio español figura una empresa insignia del comercio minorista: El Corte Inglés.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) defendemos la soberanía de nuestros cuerpos y de nuestras vidas, desde nuestros acuerdos confederales como en la acción social y sindical de nuestro día a día. Entre otras muchas libertades, defendemos el derecho de las personas a decidir sobre su cuerpo y su futuro, si desean o no una maternidad o paternidad consciente y responsable.
La concentración pretendía, como en otros barrios y pueblos de Madrid, denunciar el escándalo de la segregación a la que se somete a los barrios obreros para todo menos para ir a producir riqueza para el capital en transportes abarrotados, donde la distancia de seguridad es una broma macabra.
La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak se ha concentrado frente al Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar las prácticas fraudulentas que el consistorio lleva a cabo en la gestión y la tramitación de las Ayudas de Emergencia Social (AES) y visibilizar así sus nefastas consecuencias para las familias solicitantes, razón por la cual han escenificado un «ahorcamiento de los derechos sociales» en el que el verdugo representa al gobierno municipal y la persona ahorcada a estas familias, además de mostrar varios carteles con el lema «Murrizketarik ez».
Plantilla insuficiente, más cargas de trabajo y la práctica desaparición de la atención presencial ponen en peligro el servicio público.
Desde CGT ya denunciamos la situación y las consecuencias que, tanto para la plantilla como para la ciudadanía, va a representar la gestión del servicio antes y durante la pandemia que padecemos. Como era de prever, y así lo manifestamos desde CGT a la plantilla a la Dirección y a la opinión pública, las consecuencias del semicierre del INSS durante el periodo de confinamiento se han hecho notar ya.
Finalmente, entre tensas negociaciones hasta el último momento, el Parlamento de Cataluña ha aprobado por 71 votos a favor y 63 en contra, la Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. Una norma que se antojaba inaplazable como consecuencia de la intensa escalada de precios en el mercado de alquiler en los últimos años
El próximo 17 de octubre están previstas movilizaciones en todo el Estado en defensa de un sistema sanitario público, universal, democrático y al margen del ánimo de lucro.
Los problemas son similares en todo el estado: infrafinanciación, deterioro, privatización, insuficiencia de plantillas, etc., que se han agravado con la crisis del Covid.
En los últimos días ha circulado el segundo borrador de la reforma que el Ministerio de Universidades se propone introducir en la LOU en relación con la carrera profesional del profesorado. Este documento, que a diferencia del primero no recoge propuesta alguna para el desarrollo del Estatuto del Personal Docente e Investigador, adopta un tono más social y se acompaña de algunas modificaciones amables, lo que no sería más que una mera operación de maquillaje sino fuera porque el texto ahonda en algunos de los aspectos más lesivos de la versión anterior.
El viernes de la semana pasada, día 11, una delegación de dos personas en representación del Movimiento de Pensionistas (MP) de Hego Euskal Herria se entrevistó durante dos horas con Magdalena Valerio, ministra de Seguridad Social con el anterior gobierno de Pedro Sánchez y en la actualidad presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo.
El objetivo de esta delegación era explicar a Magdalena Valerio el porqué de nuestras reivindicaciones y movilizaciones y conocer de primera mano las negociaciones del Pacto de Toledo. A modo de resumen destacamos lo siguiente.
Cientos de vecinas y vecinos de los barrios del sur de Madrid, con mascarilla y distancia de seguridad, se manifiestan en Sol para denunciar que las limitaciones aprobadas hoy son una forma de “segregación”. Exigen la dimisión de la presidenta de la Comunidad.
Centenares de personas se han concentrado en la tarde de este viernes en rechazo a las medidas aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el argumento de contener la expansión del virus en las zonas más afectadas.
Hoy día 19 de septiembre, ha tenido lugar la movilización conjunta en Bilbao, de Babestu (Asociación de Familiares de Residentes de Bizkaia) y el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, mediante dos concentraciones, a las 12 del mediodía, una en la Plaza Elíptica y la otra en la Plaza Circular, que luego en cuatro hileras se han dirigido hasta la Diputación Foral vizcaína.
CGT hemos exigido a la Dirección del Grupo Tragsa que respete los derechos, la dignidad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras de Tragsatec que prestan servicio en el encargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ante los incumplimientos de la normativa laboral, al tiempo que exigimos la contratación de más personal para cumplir el plazo establecido.
Se trata de una Manifestación conjunta de Babestu ( Asociacion de Familiares de Residentes de Bizkaia) y el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, de protesta ante los fallecimientos y contagios de este mes de agosto de personas usuarias y trabajadoras de las residencias y centros de día”, añadiendo a ello la “alarmante dimensión que ha adquirido este problema en las últimas semanas.
La situación en los centros de salud ante esta segunda ola de contagios del Covid-19 es lo más parecido al “infierno”. Así lo describen varios colectivos médicos, que advierten sobre el día a día de los profesionales de la Atención Primaria, que “están ahogados” ante el aumento en las citas telefónicas que deben atender para, entre otras cosas, dar resultados de las PCR. En algunos casos las llamadas se han multiplicado hasta más de un 400% en determinados centros.
Escrivá pretende implantar el modelo británico de privatización, basado en planes colectivos de pensiones privadas, que afectaría a todos los asalariados por convenio. Una práctica neoliberal que ya está en marcha en algunos sectores y grandes empresas (con la complicidad de CCOO y UGT, que obtienen jugosos ingresos por la gestión de esos fondos y en Euskadi además con ELA y LAB) y que, de salir adelante el plan del Gobierno, se generalizaría a todos los trabajadores, como señala el artículo del diario liberal la Vanguardia que reproducimos parcialmente.
Critican que se haya dado inicio a las reuniones del Pacto de Toledo sin haber revertido los recortes producidos en las pensiones, mejorado sustancialmente la pensión mínima y sin haber garantizado financiera y normativamente el sistema.
Por la información aportada por la presidenta del Pacto de Toledo, la mayor parte de las reivindicaciones urgentes y fundamentales quedan fuera del inminente acuerdo en el Pacto de Toledo.
COMUNICADO
Tras más de seis meses de parálisis a causa del confinamiento, las personas elegidas en toda España de COESPE se han encontrado de forma telemática para debatir el programa, el plan de acción y reforzar sus comisiones en un difícil momento para el futuro de las pensiones públicas.
Comunicado de CAS (Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública)
Después del verano las cosas están peor que antes. Los aplausos y las declaraciones de los gobiernos de apoyo a la sanidad pública eran una hipócrita farsa para seguir alimentando el negocio de los seguros y la sanidad privada.
Las carencias en los centros de salud y hospitales públicos son cada día mayores. Falta personal médico y de enfermería, de salud mental y otras especialidades, de fisioterapia, etc. El resultado son demoras enormes para las citas en atención primaria, un personal exhausto y largas listas de espera para intervenciones quirúrgicas y primeras consultas.
La primera característica y la que me parece que tiene más peso es que estamos ante una política que fabrica crisis artificiales y manipula emociones. Si por algo destaca el nacionalismo catalán desde hace ocho años es por construir ficciones políticas. Hoy ha quedado estancado en la república imaginaria aprobada en un referéndum sin garantías y en el que no participó la mayoría de la población. Se niega la verdad sistemáticamente y reducen la vida al espectáculo y el sentimiento. Las jornadas históricas se suceden unas a otras, las emociones se desbocan y los dramas cotidianos se ensalzan.
Por Joseba Santesteban secretario de acción sindical de CGT-LKN nafarroa en el diario de Noticias de Navarra (10/9/2020)
El estado de alarma derivado de la alerta sanitaria por la covid 19, ha propiciado un hito sin precedentes en el tejido económico mundial, que ha venido a evidenciar lo que de manera perseverante se viene manifestando desde CGT, en particular, y el anarcosindicalismo en general: la necesidad de establecer un modelo socioeconómico en el que, de manera objetiva, la riqueza obtenida mediante la explotación y expoliación de los recursos, sea redistribuida de forma equitativa.
La pandemia de COVID-19 está provocando una crisis mundial de hambre de proporciones históricas. A pesar de los avances en la agricultura y los excedentes alimentarios mundiales, 132 millones de personas más pasarán hambre de lo que se había previsto este año. Según algunas proyecciones, antes de fin de año, cada día morirán más personas por inanición provocada por la pandemia que por la propia enfermedad.
Seis organizaciones feministas y por los derechos sociales han puesto en marcha una campaña para exigir responsabilidades y destituciones en los servicios públicos de vivienda Etxebide y de empleo Lanbide, ambos del Gobierno Vasco, por negar protección y ayuda a una mujer víctima de violencia machista y con discapacidad del 57%. e ignorar las recomendaciones al respecto emitidas por el Defensor del Pueblo-Ararteko.
Si la opción hubiera sido una Renta Básica Universal e Incondicional y no un subsidio condicionado sobraría gran parte del aparato burocrático. Quienes más lo necesitan hubieran podido cobrarla desde el primer día. Y quienes no la necesitamos devolveríamos lo recibido en nuestra próxima Declaración de la Renta. Esto no es una quimera sino algo económica y técnicamente factible. Otra cosa es la voluntad política. Que, a día de hoy, no existe. Con el resultado dramático que vemos.
