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El viernes de la semana pasada, día 11, una delegación de dos personas en representación del Movimiento de Pensionistas (MP) de Hego Euskal Herria se entrevistó durante dos horas con Magdalena Valerio, ministra de Seguridad Social con el anterior gobierno de Pedro Sánchez y en la actualidad presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo.
El objetivo de esta delegación era explicar a Magdalena Valerio el porqué de nuestras reivindicaciones y movilizaciones y conocer de primera mano las negociaciones del Pacto de Toledo. A modo de resumen destacamos lo siguiente.
Magdalena Valerio informó, en primer lugar, de que existe un acuerdo básico, aunque existan votos particulares, que será refrendado en la reunión de portavoces y la Comisión y que en breve plazo dicho acuerdo será enviado al Congreso. Y que han buscado y logrado un acuerdo con todos los partidos para que las recomendaciones puedan incluirse en los próximos presupuestos.
Preguntada por cómo estaban las recomendaciones concretas, sus respuestas fueron:
Las que considera parcialmente positivas la delegación del M.P.
No hay ningún partido político dispuesto a defender la reforma de 2013.
Revalorización de las pensiones. La Sra. Valerio asegura que no habrá otro indicador que el IPC en las recomendaciones para la actualización de las pensiones.
Factor de sostenibilidad. Que no estará incluido entre las recomendaciones. Pero no precisa si se mantendrá en los términos en que está recogido en la reforma de 2013.
Mochila Austriaca. Asegura que tampoco entrará este modelo entre las recomendaciones.
Externalizar los gastos impropios del Sistema Público de Pensiones en el año 2025. Señala que para desmentir que el SPP no es sostenible, indica que puede ser una medida asumible.
Incógnitas sin despejar
Eliminar las tarifas planas de autónomos y establecer cotizaciones por tramos en función de los ingresos. Sólo parece claro que el acuerdo en estas cuestiones debe contar con el colectivo directamente afectado.
Derogación de los coeficientes reductores con 40 años cotizados. No hay todavía ninguna propuesta precisa sobre esta cuestión.
Ampliación de los años para el cálculo del salario regulador de las pensiones. En 2022 contarán ya los últimos 25 años. Continúa siendo una incógnita qué van a hacer o decidir, aunque la intención de algunos es ampliarlo a toda la vida laboral.
Cuestiones en que nuestra delegación manifestó su desacuerdo
Igualar la edad real de jubilación con la edad legal, sin tener en cuenta otras consideraciones y, menos aún, si se pretende forzar u obligar a ello con unos coeficientes o penalizaciones muy severas. Mantener la prolongación de la edad de jubilación hasta los 67 años, que culminará en 2027.
Fomentar los planes privados de pensiones, aunque se prioricen los de carácter colectivo. Además, el grueso de nuestras reivindicaciones urgentes y fundamentales quedan fuera del actual acuerdo del Pacto de Toledo.
La derogación de los aspectos regresivos de la reforma de pensiones de 2011. Se deja de lado algo que ya venía recogido en el proyecto de presupuestos de 2019 suscrito por el PSOE y Unidas Podemos, equiparar la pensión mínima al 60 % del Salario Medio, por lo que demandamos una pensión mínima de 1.080 euros y un SMI de 1.200 euros. No se dice nada de repartir el trabajo y el empleo, de reducir la edad de jubilación para que nuestros y nuestras jóvenes tengan un empleo y salarios dignos, al contrario, se está ampliando hasta los 67 años. Más allá de declaraciones vagas, no se hace nada para superar la brecha de género, ni se cita para nada incrementar la pensión de viudedad que afecta principalmente a las mujeres, al 100% de la basen reguladora de la persona cónyuge.
El MP considera que gracias a las movilizaciones masivas llevadas a cabo y especialmente las desarrolladas en Euskal Herria, junto a los apoyos sociales y sindicales recibidos, conseguimos algo, aunque fuera muy modesto. Continuar con las movilizaciones y si es posible de un modo más intenso, es el único modo de que el Gobierno y las Instituciones centrales, al igual que las de la Comunidad Autónoma Vasca y La Foral de Nafarroa, atiendan y den respuesta justa y digna a sus reivindicaciones.
